No solo Ayuso: País Vasco cuestiona el plan de ahorro energético del Gobierno

El decreto energético anunciado a bombo y platillo en la Moncloa a última hora de la noche del lunes se ha tropezado con el malestar de algunas comunidades autónomas y las reticencias que tampoco han escondido patronales empresariales y hoteleras. Isabel Díaz Ayuso fue la primera presidenta regional en declararse en rebeldía, y, la misma noche en que Teresa Ribera publicitó las nuevas medidas de obligado cumplimiento para autonomías y municipios, la mandataria madrileña avanzó que no cumpliría la normativa. "Madrid no se apaga", desafió. La dirigente ha suavizado su discurso en las últimas horas ante la ofensiva de parte del Gobierno y de dirigentes socialistas de otras comunidades autónomas, pero lo cierto es que, con el paso de las horas, otras regiones han cuestionado también el decreto de Sánchez.

La última en subirse al carro del malestar ha sido País Vasco. Aunque en un tono mucho menos duro que el empleado por la Comunidad de Madrid, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, manifestó este martes en una entrevista radiofónica las reticencias con las que había acogido la región el plan del Gobierno, teniendo en cuenta que hace unos días el Gobierno Vasco y las instituciones forales habían consensuado una serie de medidas para incentivar el ahorro energético y que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre.

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"Basémonos en la responsabilidad, no en medidas efectistas", declaró la dirigente, que deslizó que Euskadi seguiría su propio programa de ahorro energético ante la amenaza de un corte en el suministro del gas ruso, ya que, a su juicio, han ido "más allá" de las medidas propuestas por el Ejecutivo. Aunque el Gobierno ya ha avanzado que se prevén multas de entre 60.000 y seis millones de euros por el incumplimiento de la nueva ley, las comunidades aún no tienen información respecto a cómo prevé el Ejecutivo hacer cumplir la normativa, que incluye desde limitar el termostato a 27 grados en verano y 19 en invierno o 'apagar' escaparates y edificios públicos. "La sociedad vasca es lo suficientemente adulta como para actuar con responsabilidad", manifestó Tapia al respecto.

Las reticencias de Euskadi han encontrado una rápida respuesta por parte del Gobierno, de la mano del nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. El dirigente vasco cuestionó las declaraciones de la consejera del PNV, y advirtió este miércoles que ignorar las iniciativas propuestas por el Gobierno puede tener consecuencias. "¿La señora Tapia qué prefiere? ¿No hacer nada y que acabemos cerrando empresas vascas? ¿O que la ocurrencia es menor si la decide el Gobierno Vasco que si la decide el Gobierno de España?", lamentó, instando a decidir si "nos situamos a favor o en contra de Europa".

Por su parte, Cataluña insistió también en que ya cuenta con su propio plan energético, si bien el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometió a revisar la propuesta de ahorro contemplada por el Gobierno para complementar sus iniciativas. "Habrá medidas que ya estamos aplicando ahora y vamos a favorecer medidas de ahorro energético con una convocatoria de 27 millones de euros, para apoyar el autoconsumo y, entre otros, la biomasa y el biogás", explicó este martes en rueda de prensa. Con todo, Aragonès se ha comprometido a "no entrar en un conflicto competencial", y ha instado a remar para que "las medidas de ahorro funcionen, dado la gravedad de la situación", informa Marcos Lamelas.

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El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido suavizando el desafío que planteó el lunes contra el Gobierno central, aunque mantiene viva su intención de llevar el decreto energético del Gobierno al Tribunal Constitucional si constata que existe invasión competencial. Aunque en un tono más comedido, el resto de comunidades dirigidas por el PP, esto es, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, han criticado el contenido "estético" del plan energético de Sánchez. El malestar de las autonomías de los populares se centra en el hecho de que Sánchez no haya consensuado con regiones, ayuntamientos y sectores afectados su hoja de ruta antes de ponerla en marcha.

Por el momento, los barones populares descartan seguir a Ayuso en su cruzada contra Sánchez en los tribunales. Andalucía fue la región que se desmarcó de forma más clara de la 'guerra energética' de Madrid. El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, manifestó este martes que, se estudie lo que se estudie respecto al plan del Gobierno, "las normas son las normas", y un recurso "no exime de su cumplimiento". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, matizó este miércoles las palabras de Isabel Díaz Ayuso y se comprometió a "cumplir" las normas dictadas desde el Gobierno, aunque no por ello renunciarán a dar todas las batallas que estén a su alcance.

Opinión

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De las regiones gobernadas por el PP, la de Murcia fue la que se acercó más al planteamiento de Ayuso. A través de un comunicado horas después del estallido de la polémica, el territorio dirigido por Fernando López Miras se rebeló contra un decreto con el que "no está de acuerdo". "Discrepamos en el fondo y en las formas con el planteamiento del Gobierno de España. Por eso estudiaremos nuestro margen competencial y, en función de eso, las aplicaremos", advirtieron. No obstante, las mismas fuentes ven como un escenario "poco probable" que Murcia lleve también el decreto gubernamental al Tribunal Constitucional.