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Los socios no se fían de Calviño y piden fijar el tope del 3% al alquiler en la futura ley de vivienda
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NEGOCIACIONES PARA DESBLOQUEAR LA NORMA

Los socios no se fían de Calviño y piden fijar el tope del 3% al alquiler en la futura ley de vivienda

Según fuentes del Gobierno, su objetivo es poder desatascar la norma antes de que acabe este mes de marzo. Los socios rechazan la última contrapropuesta de Economía, aunque ven avances

Foto: La vicepresidentas económica, Nadia Calviño, durante la sesión de control al Gobierno el pasado martes en el Congreso. (EFE/Chema Moya)
La vicepresidentas económica, Nadia Calviño, durante la sesión de control al Gobierno el pasado martes en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

El último gran escollo de las negociaciones para desbloquear la ley de vivienda se centra en el tope a los alquileres. Concretamente, en la subida máxima que puedan experimentar los contratos vinculados al IPC. Los ministerios de Transportes y Derechos Sociales llegaron a un preacuerdo para fijar un límite del 3%. Cuando la propuesta llegó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargada de peinar el texto final de la futura norma, desapareció de los documentos de trabajo. Los morados y el resto de socios parlamentarios lo calificaron como un retroceso y enfriaron la posibilidad de desbloquear la ley para su aprobación definitiva en el Congreso. Ahora, y a expensas de que se confirme en la reunión prevista para esta tarde, desde el departamento de Nadia Calviño ha ofrecido que se establezca este límite vía decreto durante todo 2024 (actualmente se encuentra en el 2%) y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas.

Los socios no se fían de esta última contrapropuesta y exigen que se plasme en la norma como se había acordado en un principio, sin quedar la limitación de precios a expensas de la elaboración de un índice en el futuro. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales argumentan, además, que desde el equipo de la vicepresidenta primera no se ha aclarado cómo se elaboraría ese índice ni con base en qué elementos, desconfiando de que esté ligado a "datos viciados" del propio mercado inmobiliario. De ahí que la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegurase este jueves sobre la propuesta, adelantada al diario El País, que "hoy no estamos más cerca de un acuerdo que ayer".

Fuentes de la dirección parlamentaria de ERC son más optimistas y explican que esta propuesta supone "un avance". La valoran como un paso positivo para seguir negociando, aunque comparten con Derechos Sociales que el tope debe estar reflejado en la norma. Desde EH Bildu, fuentes de este grupo son igualmente optimistas y trasladan que "el acuerdo está cerca", aun reconociendo que "no se ha cerrado nada". PNV está fuera de las negociaciones, al igual que el PDeCAT, al no compartir la norma en todo lo relativo a las competencias autonómicas.

En el Ministerio de Transportes, el proponente de la ley, confían tras lanzarse esta última oferta de Economía "en que pronto haya un acuerdo sobre las cuestiones pendientes". Respecto a la regulación de las actualizaciones de alquileres, recuerdan que están ya limitadas al 2% durante todo el año 2023. Se trata de una de las medidas recogidas en el último decreto de medidas sociales para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania y que precisamente los morados aplaudieron como un paso en la "buena dirección" para avanzar en la ley de vivienda. Calviño se ha mostrado igualmente optimista esta mañana en los pasillos del Congreso al asegurar que "quedan muy pocas cuestiones por cerrar" y mostrándose confiada en llegar a un acuerdo "cuanto antes".

En el resto de puntos de fricción de la futura ley sí se ha avanzado, aunque sin plasmarse "negro sobre blanco" el acuerdo, como advierten los socios. Esto es, respecto a la inclusión de los nuevos contratos dentro de la regulación de los alquileres, las alternativas habitacionales para los desahucios y la definición de los grandes y pequeños propietarios. En este punto, hay incluso diferencias entre los socios, no solo con el PSOE.

En el preacuerdo entre Derechos Sociales y Transportes se había avanzado sobre el alcance de la regulación de los alquileres, que dependerá de las comunidades autónomas, en las zonas consideradas tensionadas y los nuevos contratos. Una posición intermedia entre la exigencia de Unidas Podemos de extender a todo tipo de propietarios la obligación de bajar los precios —y no solo congelarlos—, según los índices de referencia establecidos, y la del PSOE, que limitaba estas bajadas a los grandes tenedores. El punto intermedio tendría que ver con redefinir el concepto de gran tenedor. Esto es, que no sean propietarios con 10 o más viviendas, como recogía el texto salido del Consejo de Ministros, sino con entre cinco y ocho.

En la parte relativa a los desahucios, Unidas Podemos planteó enmendar la norma para prohibir los lanzamientos si hay un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y hasta que no se ofrezca otra residencia. Una exigencia que precisamente ya recoge el decreto anticrisis aprobado a finales de año, al prorrogar seis meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. De hecho, el decreto sirvió para acelerar las negociaciones en la ley de vivienda, al incluir como novedad la congelación de contratos que vayan a finalizar, lo que conlleva el impedimento de subir el precio de los alquileres para todos los inquilinos, independientemente del tipo de propietario.

Los socios también han llegado a un acuerdo para modificar el texto salido del Consejo de Ministros a través de una enmienda que reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis. El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, llegó incluso a reclamar directamente la "eliminación de la vacatio legis de 18 meses para aplicar la regulación establecida en el apartado 7 del artículo 17, de manera que la aprobación y aplicación de dicha regulación, así como del sistema de índices de precios de referencia, sean inmediatas con la entrada en vigor de la ley". Con la posición intermedia que finalmente se ha pactado, se arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, estando en vigor la medida estrella de la norma.

El último gran escollo de las negociaciones para desbloquear la ley de vivienda se centra en el tope a los alquileres. Concretamente, en la subida máxima que puedan experimentar los contratos vinculados al IPC. Los ministerios de Transportes y Derechos Sociales llegaron a un preacuerdo para fijar un límite del 3%. Cuando la propuesta llegó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargada de peinar el texto final de la futura norma, desapareció de los documentos de trabajo. Los morados y el resto de socios parlamentarios lo calificaron como un retroceso y enfriaron la posibilidad de desbloquear la ley para su aprobación definitiva en el Congreso. Ahora, y a expensas de que se confirme en la reunión prevista para esta tarde, desde el departamento de Nadia Calviño ha ofrecido que se establezca este límite vía decreto durante todo 2024 (actualmente se encuentra en el 2%) y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas.

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