Moncloa ultima la ley de vivienda "para las próximas semanas" a falta del filtro de Calviño

El Gobierno confía en desbloquear la ley de vivienda en los próximos días y poder aprobarla definitivamente en el Congreso, como máximo, durante el mes de marzo. Según ha avanzado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "la tramitación parlamentaria" de la futura norma para regular los alquileres "culminará en las próximas semanas". PSOE y Unidas Podemos han acercado posturas en la mesa de negociación, que han conseguido mantener aislada de las tensiones en el seno de la coalición por la reforma del solo sí es sí, hasta el punto de que ambos socios se refieren a un principio de acuerdo tras eliminar los escollos pendientes. "Estamos muy cerca, a punto de cerrarlo", apuntan fuentes de la Moncloa. El pacto alcanzado entre los ministerios de Transportes, que dirige la socialista Raquel Sánchez, y de Derechos Sociales, liderado por la dirigente de Podemos Ione Belarra, está siendo analizado ahora por Economía para darle el visto bueno definitivo.

Desde el sector morado del Ejecutivo se muestran optimistas, al trasladar que "vemos más cerca" el desbloqueo, pero señalan al mismo tiempo que todo está en manos de Nadia Calviño. El Ministerio de Transportes es quien debe ahora ratificar el texto con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos. "Se está cerrando", señalan fuentes cercanas a las negociaciones, negando que vaya a haber objeciones insalvables en esta última fase de la negociación. Eso sí, desde Podemos apuntan que por las dinámicas negociadoras desde que se llevó el proyecto de ley al Consejo de Ministros, no está garantizado el respaldo de Economía. Se ve buena disposición y se valoran los avances con Transportes, pero mantienen dudas sobre la vicepresidenta primera, quien hasta ahora habría delimitado el campo de las negociaciones y se ha reservado la última palabra para autorizar o no aspectos avanzados entre los socios.

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Los otros actores principales de los que depende la futura norma de vivienda son ERC y EH Bildu. Aunque ambos grupos ven más margen para un acuerdo que en otras iniciativas pendientes, como la reforma de la ley mordaza, sí rebajan las expectativas del Ejecutivo, al no querer dar nada por hecho. Sobre todo desde ERC. Fuentes de la dirección del grupo republicano aseguran que no se les han garantizado sus demandas en asuntos clave del texto, como la regulación de alquileres en zonas tensionadas y las alternativas habitacionales en caso de desahucio, además de todo lo relativo a las competencias autonómicas. Este último aspecto siempre ha alejado el apoyo de PNV y PDeCAT, aunque sus votos no serían necesarios si se cuenta con ERC, EH Bildu y otros de los socios habituales del Gobierno de partidos minoritarios.

Desde EH Bildu sí reconocen que "somos bastante optimistas", aun estando a la espera de la redacción final del texto que salga del Ministerio de Economía. Con base en este documento se negociará su apoyo, que facilitaría el haberse cerrado ya previamente el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, pues los morados compartían sus reivindicaciones de mínimos. Con todo, subrayan desde el grupo abertzale que "tenemos voluntad de llegar a un acuerdo".

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Como respuesta al optimismo trasladado por el Gobierno, en ERC recuerdan que la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya se había mostrado convencida en diciembre de que se aprobaría el texto antes de final de año. La situación, sin embargo, ha cambiado por completo en los últimos días. El incendio en la coalición por la reforma de la ley Montero es, paradójicamente, un incentivo para acelerar el desbloqueo del articulado de vivienda.

Desde la parte socialista del Gobierno se refieren a la necesidad de trasladar "estabilidad" y ponen como ejemplo la norma de bienestar animal, que se aprobó este jueves en el Congreso, pese a los choques entre socialistas y morados por excluir los perros de caza. Estabilidad y mostrar que el Gobierno de coalición, sumido en una de sus peores crisis de la legislatura, sigue trabajando junto y sacando adelante leyes con cariz social.

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Este es el discurso que comparten tanto la vicepresidenta segunda y líder del espacio de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz, como la dirección del PSOE. Mientras Díaz apuntaba este jueves en los pasillos del Congreso a la necesidad de "cuidar la coalición" y no desviarse del camino "para avanzar" y "hacer grandes cosas para el país", desde Ferraz ponían como ejemplo la aprobación de la ley de bienestar animal con sus socios para fijar el mensaje de que "siempre buscamos soluciones para el interés general y gobernar para la mayoría social de nuestro país".

El Gobierno es consciente de que debe retomar la iniciativa tras una semana negra por el choque en la reforma de la ley del solo sí es sí. De ahí que se intenten meter en la agenda otras iniciativas que ayuden a tapar la polémica. Para ello, la de vivienda es una de las principales bazas con que cuenta la Moncloa. Hay, por tanto, disposición política para limar las diferencias que todavía mantienen alejados a los socios parlamentarios. También urgencia, debido a la necesidad de cambiar el paso, pasar de pantalla y enarbolar una bandera social con la regulación del precio de los alquileres.

Bajada de precio en el alquiler y desahucios

En las últimas semanas, ya se habían acercado posiciones sobre el alcance de la regulación de los alquileres, que dependerá de las comunidades autónomas, en las zonas consideradas tensionadas y los nuevos contratos. Una posición intermedia entre la exigencia de Unidas Podemos de extender a todo tipo de propietarios la obligación de bajar los precios —y no solo congelarlos—, según los índices de referencia establecidos, y la del PSOE, que limitaba estas bajadas a los grandes tenedores. El punto intermedio tendría que ver con redefinir el concepto de gran tenedor. Esto es, que no sean propietarios con 10 o más viviendas, como recogía el texto salido del Consejo de Ministros, sino con entre cinco y ocho.

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En la parte relativa a los desahucios, Unidas Podemos planteó enmendar la norma para prohibir los lanzamientos si hay un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y hasta que no se ofrezca otra residencia. Una exigencia que precisamente ya recoge el decreto anticrisis aprobado a finales de año, al prorrogar seis meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. De hecho, el decreto sirvió para acelerar las negociaciones en la ley de vivienda, al incluir como novedad la congelación de contratos que vayan a finalizar, lo que conlleva el impedimento de subir el precio de los alquileres para todos los inquilinos, independientemente del tipo de propietario.

Los socios también han llegado a un acuerdo para modificar el texto salido del Consejo de Ministros a través de una enmienda que reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis. El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, llegó incluso a reclamar directamente la "eliminación de la vacatio legis de 18 meses para aplicar la regulación establecida en el apartado 7 del artículo 17, de manera que la aprobación y aplicación de dicha regulación, así como del sistema de índices de precios de referencia, sean inmediatas con la entrada en vigor de la ley". Con la posición intermedia que finalmente se ha pactado, se arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, estando en vigor la medida estrella de la norma.