El Gobierno sigue el ejemplo de Madrid y cambia la ley para agilizar la licencia de obras

"Ha sido muy buena reunión". Con estas palabras ha resumido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los actores del mercado residencial. Se trata de la segunda ocasión en que el inquilino de la Moncloa celebra un cónclave de este tipo, tras el organizado el año pasado.

A partir de ahora, este encuentro será semestral y al menos una vez al año contará con la presencia del presidente. El objetivo prioritario de estas reuniones será alcanzar el objetivo de que ningún español destine más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, lo que supone dar un importante empujón a la vivienda asequible.

Para conseguirlo, la ministra ha hecho una llamada a los caseros particulares, que están detrás del 95% del mercado, para que mantengan sus viviendas en alquiler, no las saquen del mercado, y las destinen al alquiler asequible. Una propuesta en la que han participado empresas del tercer sector, como HogarSí y ProVivienda. En cambio, al encuentro no han sido invitados los sindicatos de inquilinos.

"El Gobierno va a trabajar para aportar seguridad jurídica" a quienes ofrezcan alquileres que se mantengan dentro de la regla del 30%, ha adelantado Rodríguez, quien ha recordado que ya existen bonificaciones de hasta el 90% para estas casuísticas, dentro de la ley de vivienda, y que el último plan estatal de vivienda contempla hasta la posibilidad de garantizar rentas.

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En esta línea de aumentar las garantías es hacia donde quiere avanzar el Ejecutivo, pero sin dar por el momento ninguna medida concreta. Donde sí ha empezado ya a actuar es en la modificación de la orden ECO 805/2003 de 27 de marzo, que "hoy misma arrancará su consulta pública en lo relativo a agilizar la gestión urbanística y en introducir aspectos de nuevas técnicas constructivas y factores de sostenibilidad", ha señalado Rodríguez.

Esta medida era una petición del sector desde hacía tiempo y supone reconocer el acierto del Ayuntamiento de Madrid, con la introducción de medidas como la licencia básica, que permite agilizar los plazos enormemente. De hecho, la propia ministra ha invitado a todas las administraciones a ir avanzando en este tipo de iniciativas, guante que ya ha cogido, por ejemplo, el municipio de Pozuelo.

El retraso en la concesión de las licencias urbanísticas es uno de los grandes cuellos de botella que dilatan hasta 12 meses la entrega de viviendas de obra nueva. Para combatir estos retrasos y sobrecostes, el ayuntamiento de la capital aprobó en mayo de 2022 la ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas, creando la figura de la licencia básica que, una vez alcanzados una serie de hitos, permite iniciar la construcción mientras se termina de tramitar la licencia de obra.

La diferencia es un ahorro medio de nueve meses de espera. Sin embargo, cuando las empresas han ido a los bancos a pedir el préstamo promotor con las tasaciones correspondientes, se han encontrado con que unas tasadoras emiten una advertencia ante el hecho de que exista solo una licencia básica, mientras que otras consideran que lo correcto es incluir un condicionante hasta recibir la licencia de obras tradicional. La diferencia entre una y otra es crucial.

El retraso en la concesión de las licencias es uno de los grandes cuellos de botella que dilatan hasta 12 meses la entrega de viviendas

Si una tasación va con condicionante, el banco no da la financiación, porque, si la condición se cumpliera (en este caso, que finalmente no dieran la licencia de obra), el préstamo quedaría inhábil. Quienes interpretan que lo correcto es una advertencia, lo hacen sobre la base de que este negro escenario nunca se dará, porque la licencia básica cumple todos los criterios urbanísticos. La norma ECO adaptará las tasaciones a la realidad para que este tipo de herramientas puedan recibir el aval bancario y tener financiación.

Del mismo modo, también se va a cambiar la norma para dar a las entidades financieras, por un lado, y a los promotores, por otro, el esquema legal necesario para poder financiar con garantías la construcción industrializada, que queda fuera del clásico préstamo promotor. Por lo que respecta a la necesidad de poner más suelo en carga, Rodríguez ha puesto en valor la nueva Ley del Suelo, que se quiere tramitar lo más rápido posible.

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La ministra también pide agilidad en el despliegue de los fondos de recuperación, en la tramitación administrativa, en la adaptación de la legislación, y ha adelantado que el presidente está negociando ampliar los fondos Next más allá de 2026. En el terreno laboral, va a lanzar una campaña con la CNC para, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, tratar atraer talento joven y femenino.

A la reunión con el presidente del Gobierno ha asistido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompañados por el director de la Oficina de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha; el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas; el de Economía, Israel Arroyo, y el secretario general de Vivienda, Iñaqui Carnicero.

Por el lado empresarial han estado las patronales de los promotores (APCE), de las gestoras de viviendas (AVS y AGS), de las cooperativas (CONCOVI), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación (ANERR), SEOPAN, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSCAE), el de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España (CGATE), Asociación de Banca (AEB), CECA, el Consejo de la Juventud, la Plataforma del Tercer Sector, Hogar Sí y ProVivienda. Además de los sindicatos CCOO y UGT.