Patronal y sindicatos advierten a Sánchez de que su plan de vivienda es imposible con el marco actual

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los dos principales sindicatos del país, CCOO y UGT, han unido fuerzas para pedir al Gobierno que modifique el marco legal y laboral en el que están operando, porque consideran que pone en riesgo la viabilidad del sector, en general, y los planes de vivienda, en particular.

En concreto, han pedido revisar la ley de desindexación, que suprimió el sistema de revisión de precios, que permitía reequilibrar económicamente los contratos ante fluctuaciones de precios; la Ley de Contratos del Sector Público, para poner un tope por debajo el cual no se pueda licitar, y abordar el problema de falta de mano de obra que vive el sector.

Este marco ha provocado, en los últimos años, un rosario de licitaciones desiertas y obras sin ejecutar, problemas a los que ahora se suman los ambiciosos planes de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha prometido levantar 180.000 viviendas asequibles, trabajos que también se verán afectadas por los problemas denunciados por patronal y sindicatos para el resto de obras.

“No sabemos si van a poderse ejecutar las 25.000 viviendas de Madrid Nuevo Norte y Campamento”, ha advertido Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, que con esta afirmación ha puesto en el foco los dos primeros grandes planes que prevé echar a rodar el Ejecutivo este mismo año. Pero apenas son la punta del iceberg, ya que la ambición de construir un gran parque de vivienda asequible se demuestra imposible con el marco actual.

TE PUEDE INTERESAR

Medio millar de obras públicas se queda en la cuneta por el alza de precios: roto de 230M

R. Ugalde

Así lo han reconocido tanto Daniel Barragán, secretario general de CCOO del Hábitat, como Mariano Hoya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. Ambos han coincidido en señalar como “va a haber problemas para tener a tiempo esos planes, es evidente” y se han mostrado favorables a buscar una ampliación de los plazos de los fondos Next Generation.

También han marcado una línea roja en todo lo que respecta al empleo de calidad, ante las propuestas que está habiendo de utilizar mano de obra migrante para tratar de combatir los problemas de falta de trabajadores. “No vamos a dar el visto bueno a que se traigan migrantes como si fueran materiales al peso”, ha advertido Barragán, quien ha dejado claro que “si no se tienen que terminar los fondos, porque no se puedan acometer en buenas condiciones”, los Next se quedarán sin ejecutar.

En esta misma línea, Hoya ha apostado intentar “dar trabajo a los 1,7 millones de trabajadores en paro” en esta industria, formándolos a través de la Fundación Laboral de la Construcción, por cuyas aulas están pasando anualmente 95.000 profesionales. De hecho, Fernández Alén han asegurado que están trabajando con Sepes y el Ministerio de Educación, para convencer a la gente de que “la construcción es una buena salida profesional”.

El sector arrastra desde hace 15 años el estigma que le creó el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ha agravado los problemas de mano de obra, hasta el punto de que se estima que hacen falta unos 700.000 trabajadores más para poder abordar todos los planes de vivienda previstos.

Ley de desindexación

La ley de desindexación es un cambio normativo que se introdujo bajo el mandato de Mariano Rajoy, y que buscaba mecanismos alternativos al IPC para referenciar los contratos públicos, con la idea de evitar tensiones inflacionistas. El problema es que, cuando se dispara el precio de los materiales, como ha ocurrido en los últimos cuatro años, no permite adecuar el importe de los contratos a la realidad el mercado.

Este problema es especialmente grave en contratos de larga duración, como las obras o las concesiones, que se extienden por varios años y se ejecutan a un precio fijado cuando se presenta la oferta, aunque tanto la firma del contrato como la ejecución de la obra puede ser muchos meses y años después.

Los sindicatos rechazan usar migrantes como mano de obra barata y apuestan por formar a parados en la Fundación Laboral de la Construcción

Esto está provocando que el 10% de las licitaciones de obra pública queden desiertas y el 20% de las concesiones, según datos del Ministerio de Hacienda. Además, El 41% de las constructoras está en riesgo de impago, cifra dos puntos porcentuales superior a la registrada en 2022, mientras que los márgenes comerciales han ido descendiendo del 4,7% de 2019 al 3,4% de 2022.

Si a esta foto se suma la caída 23,4% de las hipotecas en tercer trimestre de 2023, se entienden el consenso al que han llegado patronal y sindicatos en su diagnóstico del problema: con este marco, la promesa de hacer un parque de 180.000 viviendas asequibles y de ejecutar los fondos Next es imposible.