De prohibir vender vivienda pública a fondos al aumento del 40% del suelo para VPO: claves de la nueva ley de vivienda
La gran mayoría de medidas se aplicarán en última instancia a decisión de cada comunidad autónoma o, en el caso relativo a la subida del IBI a las viviendas vacías, de los ayuntamientos
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La futura ley de vivienda pactada por el Gobierno con ERC y EH Bildu comporta notables novedades respecto a la regulación de los alquileres, los desahucios, la vivienda protegida o los pisos vacíos. Medidas que en su gran mayoría se aplicarán en última instancia a decisión de cada comunidad autónoma o, en el caso relativo a la subida del IBI a las viviendas vacías, de los ayuntamientos. Como ya recogía el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros, se establecen una serie de incentivos y beneficios fiscales para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler y se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohíbe la venta a fondos de inversión. Sin embargo, el texto definitivo acordado por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios, necesarios para sacar el texto adelante, introduce cinco grandes novedades, según avanzan desde los grupos parlamentarios implicados en el pacto:
Alquileres
- Se extiende la aplicación durante todo el 2024 de la limitación extraordinaria en la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, estableciéndose como máximo un incremento anual del 3% sobre la renta vigente.
- Antes del 31 de diciembre de 2024, el INE definirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.
- Serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos.
- Se establece una prórroga extraordinaria de un año, por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.
- Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador.
- Se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente.
- Se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
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Zonas de mercado tensionado
- Podrán ser declaradas, por las administraciones competentes, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años.
- Se podrá aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, si así se establece en la declaración de zona tensionada.
Desahucios
- Se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario.
- De no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores.
- Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
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Vivienda protegida
- Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
Definición de grandes tenedores
- Se amplía a grandes tenedores personas físicas, y no solo jurídicas, la aplicación de la limitación de los precios referenciada al sistema de índices de precios en áreas tensionadas.
- La definición de gran tenedor (persona física o jurídica con 10 o más viviendas) podrá incluir a propietarios de cinco o más inmuebles en una misma zona tensionada, siempre y cuando esté motivado y justificado por la CCAA correspondiente.
La futura ley de vivienda pactada por el Gobierno con ERC y EH Bildu comporta notables novedades respecto a la regulación de los alquileres, los desahucios, la vivienda protegida o los pisos vacíos. Medidas que en su gran mayoría se aplicarán en última instancia a decisión de cada comunidad autónoma o, en el caso relativo a la subida del IBI a las viviendas vacías, de los ayuntamientos. Como ya recogía el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros, se establecen una serie de incentivos y beneficios fiscales para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler y se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohíbe la venta a fondos de inversión. Sin embargo, el texto definitivo acordado por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios, necesarios para sacar el texto adelante, introduce cinco grandes novedades, según avanzan desde los grupos parlamentarios implicados en el pacto: