El Gobierno obliga a que las subidas de alquiler sean por debajo del IPC y no más del 3% en 2024

La ley de vivienda salida del Consejo de Ministros se aprobará con notables cambios fruto del acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu. La limitación anual de los alquileres se establecerá por debajo del IPC, mientras que en el 2024 se fijará en el 3% (actualmente y hasta finales de año, el decreto anticrisis la sitúa en el 2%). La aplicación de estas medidas recogidas en la norma será decisión de las comunidades autónomas. Los términos del acuerdo con el Gobierno anunciados conjuntamente por los dirigentes parlamentarios de republicanos y abertzales, que han ido de la mano en todo el proceso negociador, introducen como otra de las principales novedades que se regularán los alquileres en las zonas tensionadas en "todos los casos", tanto de pequeños como de grandes propietarios, así como para nuevos pisos que salgan al mercado de alquiler.

Estos topes se establecerán, según el contenido del acuerdo, "dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores". La definición de gran tenedor se rebaja a propietarios con cinco viviendas, en lugar de las diez que establecía el proyecto inicial. Las zonas consideras tensionadas también aumentarán de forma considerable con respecto al proyecto aprobado en el Consejo de Ministros. De este modo, serán áreas tensionadas y, por tanto, con obligación de regular el alquiler todas aquellas que cumplan uno solo de estos requisitos: "Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada".

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Por otra parte, los gastos de gestión de las inmobiliarias y sus honorarios no podrán cargarse al inquilino. Según el acuerdo, estos honorarios recaerán siempre en el propietario. Estos últimos tampoco podrán incrementar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos. Esto es, cargarle al inquilino el pago de la comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente. Los contratos no podrán contener cláusulas que, mediante acuerdo entre las partes, eviten la aplicación de las medidas contenidas en la ley.

En materia de vivienda protegida, el acuerdo establece que los porcentajes de reserva de suelo para es fin aumentarán del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización). Asimismo, se prohíbe la venta a fondos de inversión para "proteger los parques públicos de vivienda".

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Pilar Vallugera (ERC) y Oskar Matute han comparecido este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, para desglosar los detalles de este pacto, que incorpora nuevas medidas de protección frente a los desahucios, entre ellas la obligatoriedad de fijar fecha y hora predeterminada para los lanzamientos; nuevas prórrogas en los procedimientos (para aplazarlos hasta dos años). Valleguera y Matute han sacado pecho por sus logros tras una dura negociación con el Gobierno: han reconocido que la ley no es suficiente, sino un punto de partida para empezar a reconocer legalmente el derecho constitucional a la vivienda. "Es un acuerdo importante", explicó Matute, aunque la ley "adolece de medidas más profundas y valientes", dada la "cerrazón" que han encontrado en el Gobierno ante determinadas medidas.

En una comparecencia de más de una hora, Vallugera y Matute han desglosado las medidas del acuerdo tras meses de conversaciones "con responsabilidad y discreción". "Serán los 18 votos de ERC y de Bildu los que permitirán hacer realidad la ley de vivienda", advirtió el portavoz abertzale. "Tienen el anteproyecto de la ley y van a ver que no se parece en absoluto", añadió Vallugera.

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También han cuestionado el rol que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han tenido en estas conversaciones: "No pongo en tela de juicio la determinación o la alegría del presidente o la vicepresidenta", apuntó Matute, "pero nosotros y nosotras con quienes hemos interlocutado es con el Ministerio al que se circunscribe la materia". Esto es, el de Transportes, si bien reconocían el trabajo realizado con el Ministerio de Ione Belarra. De hecho, la titular de Derechos Sociales ha comparecido en el Ministerio para celebrar este "día histórico", en el que han dado "el paso más importante" de la legislatura, precedido por tres años de negociación, "la más difícil". "Gana la ciudadanía y pierde la banca", afirmaba Belarra.

Desde PSOE, Podemos y Moncloa evitaban a primera hora confirmar el acuerdo, cuyo anuncio y los términos para el mismo quedaban en manos de sus socios de investidura, que acaparaban así todos los focos. Podemos y los socios parlamentarios reivindican su papel en el proceso, a las puertas de unas elecciones en las que la aprobación del texto sería una baza electoral de calado. Una hora después de que los portavoces adjuntos de ERC y EH Bildu escenificasen este pacto, lo hizo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y poco después llegaría el turno de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

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La ley de vivienda es una pieza clave de la legislatura, y una victoria política que nadie quiere dejar de reivindicar. Al filo de las 14.00 horas, en declaraciones durante un viaje oficial a Portugal, se espera que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también celebre el acuerdo de una norma que, para Unidas Podemos, supone una viga maestra de su proyecto en el Ejecutivo de coalición. En las últimas horas, en Podemos mostraron su malestar por verse orillados en la negociación, y ni siquiera querían confirmar que ya habían cerrado un acuerdo.

El presidente del Gobierno dio orden a los interlocutores socialistas de desbloquear el acuerdo para tenerlo listo antes de las elecciones del próximo 28-M. Pedro Sánchez también mantuvo conversaciones en las últimas horas sobre esta ley con la vicepresidenta segunda y líder del espacio de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz. Desde el ala socialista del Gobierno, ya advirtieron, superada la negociación de los presupuestos, de que solo reconocerían como interlocutores a ERC y Bildu, no así a Unidas Podemos. Era un planteamiento asumido y reconocido hace escasos meses por la dirección morada, pero el contexto de batalla abierta con Díaz ha multiplicado el impacto de las conversaciones que desde la Moncloa afirmaban haber mantenido con la vicepresidenta segunda. Este jueves, fuentes conocedoras de las conversaciones ya adelantaban que “el acuerdo está cerca”. Un optimismo que trasladaban también desde el Ministerio de Transportes, proponente de la norma.

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El punto en el que se habían encallado las negociaciones es el relativo al tope anual a los alquileres vinculados al IPC. Los morados y los socios reclamaban un mecanismo permanente que rechazaban los socialistas, plantándose en la propuesta de limitar al 3% la subida anual del precio de los alquileres, pero solo durante 2024 (actualmente, está limitada al 2%), para posteriormente establecer en la norma otros mecanismos de control de precios. En las últimas horas, habría habido avances en este sentido, y fuentes del Ministerio de Transporte apuntan que, al margen de las declaraciones públicas y los “bloqueos”, no se han dejado de hacer propuestas en este punto para cerrar un acuerdo.

La política de vivienda será uno de los ejes principales del programa marco del PSOE para las elecciones municipales y el impulso a esta ley pretende ser un impulso a la campaña. Este domingo, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas intervendrá en el cierre de la convención municipal del PSOE en Valencia, donde la vivienda será uno de los ejes de su discurso y las discusiones previas del cónclave. El hecho de que la decisión de aplicar la regulación de los alquileres para limitar los precios vaya a quedar en manos de las diferentes comunidades autónomas es un elemento adicional para confrontar proyectos con el PP.

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Los populares la rechazan y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que la recurrirá al Tribunal Constitucional. Su principal argumento es que la ley pendiente de aprobación en el Congreso supondrá un "ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad". El presidente andaluz, Juanma Moreno, contempla seguir los pasos de Ayuso. Génova ha optado por dar libertad a las autonomías donde gobierna para llevar a los tribunales la ley.

Los socialistas quieren que los candidatos autonómicos se retraten sobre si aplicarán o no la limitación de precios en los alquileres que recoge la norma. También los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda. Una forma de activar a sus electores y tratar de atraer votos entre las amplias capas de población que identifican el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas. Según el último CIS del mes de marzo, se encuentra entre los ocho principales problemas que más afectan a los españoles, por delante de la subida de las tarifas energéticas o la guerra de Ucrania.