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Consecuencias de no tener presupuestos en 2024: medidas que decaen y déficit en peligro
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El Gobierno rechaza su tramitación

Consecuencias de no tener presupuestos en 2024: medidas que decaen y déficit en peligro

La Moncloa ha ordenado a Hacienda frenar la negociación de los presupuestos por el adelanto electoral en Cataluña y centrar los esfuerzos en tener listos los PGE del próximo año

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Eduardo Parra)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Eduardo Parra)
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La política nacional vuelve a estar marcada por los vaivenes de Cataluña. El adelanto electoral convocado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya tiene su primera víctima estatal: los presupuestos generales de 2024. Moncloa ha dado orden al Ministerio de Hacienda de bloquear la negociación de las cuentas públicas, que ya estaba avanzada con Sumar, ante la dificultad para conseguir los apoyos de Junts y ERC en medio de la campaña electoral catalana. No ocurrió lo mismo con la convocatoria de elecciones en el País Vasco, aunque el Ejecutivo necesite igualmente los apoyos del PNV y de Bildu, que pelearán por ganar los comicios El Gobierno se centrará en tener listas las cuentas de 2025 en tiempo y forma, para evitar que se consolide una imagen de debilidad parlamentaria.

La caída de los presupuestos de 2024 arrastra consigo algunas de las medidas más importantes que tenían que aprobarse este año en materia económica. Probablemente, la más relevante sea la condonación de la deuda a las comunidades autónomas pactada con los independentistas catalanes. El Ministerio de Hacienda había comenzado conversaciones bilaterales con las regiones para terminar de cerrar el método de cálculo de la condonación a lo largo de las próximas semanas.

La magnitud de la condonación de la deuda es tal que la vía apropiada para hacerlo son los presupuestos generales del Estado. Ahí se canalizaría a través de una transferencia extraordinaria a las CCAA en forma de cancelación de una parte de la deuda. La alternativa es que esta condonación se enmarque en la reforma de la financiación autonómica, pero esta negociación es mucho más compleja y no tiene visos de poder desarrollarse en el corto plazo. Al contrario, es poco probable que se aborde sin la aprobación previa de los presupuestos del año 2025 y, sin estos, la legislatura estaría abocada al fracaso.

Las comunidades confiaban en tener lista la condonación de la deuda a lo largo del año para aliviar su carga de intereses. Además, algunas de ellas veían en la condonación una vía para poder salir a los mercados. El calendario de la quita se para ahora hasta conocer el resultado de las elecciones en Cataluña y, lo que es más importante, si esto trastoca la débil mayoría del Gobierno en el Congreso.

Foto: Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y Función Pública, José Luis Escrivá. (EP/Eduardo Parra)

La caída de los presupuestos también obligará al Gobierno a buscar una vía alternativa para consolidar los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Este es un punto clave del acuerdo de investidura entre Sumar y PSOE que se iba a canalizar a través de los PGE. De hecho, Hacienda pretendía introducir un beneficio fiscal a las empresas inversoras para cumplir con las exigencias de los nacionalistas vascos que Sumar había aceptado. El real decreto de medidas anticrisis aprobado al inicio del año contemplaba la conversión del impuesto a las energéticas en permanente a través de los PGE y Sumar quería introducir una enmienda para hacer lo mismo con el de la banca. Ahora, sin ley de presupuestos, Hacienda tendrá que buscar un camino diferente para aprobar estas dos polémicas figuras fiscales: De lo contrario, decaerán en 2025.

La cuestión es peliaguda porque las compañías han llevado este gravamen a los tribunales y varias se han quejado con fuerza de la tasa. De hecho, las empresas ya estaban teniendo conversaciones informales con el Gobierno para el rediseño del tributo y para saber qué inversiones les serían deducibles y cuáles no. Firmas como Repsol llegaron a amenazar con paralizar inversiones y llevarlas a otro país si continuaba la incertidumbre fiscal y regulatoria. Iberdrola también se quejó de la alta carga de impuestos y recientemente señaló que España no es un lugar atractivo para la inversión por esta razón.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el anuncio del adelanto electoral. (EFE/Quique García)

Otra de las medidas importantes que debían canalizar los presupuestos es el aumento del gasto en Defensa para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España. El objetivo es que el gasto en Defensa duplique su peso en el PIB en 2029, alcanzando el 2% del PIB, un reto ambicioso que debía empezar a construirse con las cuentas de este ejercicio. Otro de los pilares de las cuentas públicas iba a ser la inversión en vivienda pública, una eterna promesa del Gobierno que no termina de concretarse y que tendrá que seguir esperando.

Los compromisos de déficit

Los presupuestos del año 2024 también debían incorporar las medidas fiscales para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea a España en materia de gasto y el regreso de las reglas fiscales. Prácticamente, todos los analistas que cubren la economía española prevén que el déficit público se vaya por encima del 3% sin ajustes adicionales, lo que volvería a meter a España en el Procedimiento de Déficit Excesivo. El Banco de España, por ejemplo, prevé un déficit del 3,5% y el Panel de Funcas, del 3,6%.

Foto: Imagen de una oficina de empleo en Móstoles. (Europa Press/Eduardo Parra)

El objetivo del 3% es ambicioso, sobre todo después de la prolongación del paquete de medidas anticrisis que el Gobierno pretendía desmantelar para cumplir con el ajuste estructural que reclama la Comisión. El Gobierno confía ahora en la inercia fiscal para corregir los desequilibrios fiscales, aunque es consciente de la enorme dificultad que conlleva. Los presupuestos de 2023, ahora prorrogados para 2024, se aprobaron en un contexto de suspensión de las reglas fiscales y de emergencia inflacionista que nada tiene que ver con el actual.

Por su parte, el Partido Popular se ha dado cuenta, de pronto, de que se ha dado un tiro en el pie al vetar los objetivos de déficit del Gobierno. La formación utilizó su mayoría absoluta en el Senado para vetar la nueva senda de déficit propuesta por Hacienda para torpedear la aprobación de los presupuestos. Lo hizo incluso aunque la nueva senda de déficit era más favorable para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que la del Programa de Estabilidad, que entraría en vigor si la propuesta decaía. Su estratagema ahora ya no sirve para boicotear los presupuestos, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que ajustar sus cuentas públicas más de lo esperado.

La política nacional vuelve a estar marcada por los vaivenes de Cataluña. El adelanto electoral convocado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya tiene su primera víctima estatal: los presupuestos generales de 2024. Moncloa ha dado orden al Ministerio de Hacienda de bloquear la negociación de las cuentas públicas, que ya estaba avanzada con Sumar, ante la dificultad para conseguir los apoyos de Junts y ERC en medio de la campaña electoral catalana. No ocurrió lo mismo con la convocatoria de elecciones en el País Vasco, aunque el Ejecutivo necesite igualmente los apoyos del PNV y de Bildu, que pelearán por ganar los comicios El Gobierno se centrará en tener listas las cuentas de 2025 en tiempo y forma, para evitar que se consolide una imagen de debilidad parlamentaria.

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