Vuelven los ajustes: España afronta una política fiscal restrictiva hasta 2026

A finales de este año, si nada cambia, la cláusula de escape de la UE será historia, y eso significa, lisa y llanamente, que vuelven las reglas fiscales. O lo que es lo mismo, el corsé que se impone la Unión Europea para controlar el gasto. Lo que se sabe, por el momento, en el caso de España, es que el escenario con el que trabaja el Gobierno, y así se lo ha hecho llegar a Bruselas, es que los presupuestos serán restrictivos, al menos, hasta 2026, independientemente de quién gane las elecciones. Entre otras razones, porque es el marco a medio plazo aceptado por Bruselas, que ya el año que viene podrá poner en marcha los procedimientos por déficit excesivo a los países que superen el 3% del PIB a la luz de los resultados de 2023.

España, de hecho, según los datos que manejan hoy los técnicos del Ministerio de Economía, tendrá ya este año un impulso fiscal negativo, lo que quiere decir que se trata de unos presupuestos no expansivos en comparación con el crecimiento del PIB (ligeramente por encima del 2%), lo que en principio daría margen de maniobra al Gobierno para abrir más la mano del gasto público. En el escenario central, igualmente, la zona euro tendrá un impulso fiscal negativo equivalente a cuatro décimas del PIB, mientras que el año próximo la política fiscal será más restrictiva, en torno a un punto de crecimiento económico.

En el primer caso, por la enorme contribución de Italia, ya que este país y España, aunque en este caso en una proporción bastante menor, serán las únicas grandes economías con impulso fiscal negativo. Por el contrario, Alemania, que necesita estimular su economía, ya en recesión, tendrá este año una política presupuestaria expansiva de unas cuatro décimas de PIB. En 2024, por el contrario, si se cumplen las previsiones, la mitad de la política fiscal restrictiva del conjunto de la eurozona vendrá de Alemania, y lo mismo en 2025 y 2026. En todos estos años, igualmente, la política de gasto público será ligeramente contractiva. Es decir, Europa se enfrenta a un escenario nuevo muy distinto al de los años anteriores, y, por lo tanto, su nueva estrategia condicionará de forma relevante la acción del nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo día 23.

Castigo al déficit

Hay que tener en cuenta que, como acaba de poner de relieve el Consejo Fiscal Europeo, un organismo creado por la UE para evaluar las distintas políticas presupuestarias, nueve países de la zona tienen hoy un déficit superior al 3% del PIB, el límite que imponen los tratados europeos. Y como recuerda el Consejo, Bruselas ya ha advertido de que está dispuesta a abrir procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2024 sobre la base de los resultados presupuestarios de este año, toda vez que los resultados influyen ya en los presupuestos del año que viene.

El Gobierno español estima que este año el desequilibrio entre ingresos y gastos se situará en el 3,9% del PIB, por lo tanto, dentro del procedimiento sancionador. La parte del león del déficit es el pago de los intereses de la deuda pública, que absorberá 2,6 puntos de los tres puntos porcentuales de déficit en 2024. Hasta 2025, la economía española no contaría con superávit primario (saldo sin contar los intereses).

No solo España, sino que Alemania, Francia e Italia tendrán un déficit superior a ese 3%

Según los cálculos de Economía, los recursos no financieros de las administraciones públicas aumentarán a lo largo de estos años de 611.907 millones de euros en 2023 a 704.391 millones de euros en 2026. En términos estructurales, es decir, sin tener en cuenta el ciclo económico, España tendrá un déficit por encima del 2,5% hasta al menos el año 2026.

La parte positiva es que en las proyecciones 2023-2026 que ha realizado el Gobierno español no se incluyen las cantidades de ingresos y gastos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debido al principio de neutralidad. Es decir, no contabiliza a efectos del déficit público. Sí se tiene en cuenta, por el contrario, a efectos de medir el gasto público, que en 2026 llegaría hasta el 43,8% del PIB, cuatro décimas más que este año.

Lo preocupante es que no solo España, sino que el resto de los países centrales del euro, Alemania, Francia e Italia, tendrán un déficit superior a ese 3% (ver gráfico).

Los cálculos del Consejo Fiscal Europeo van en línea con las estimaciones del Gobierno español, y prevén que este año el impulso fiscal restrictivo para la zona del euro se sitúe en el 0,5% del PIB, sin considerar las medidas de apoyo a los agentes económicos para compensar el alza de la energía, que suponen un 1% adicional. Para 2024, la contracción presupuestaria también se situaría en torno al 0,5% del PIB, por debajo del 0,8% que calcula la Comisión Europea.

Estas políticas fiscales restrictivas serán las que ayudarán al BCE a hacer más efectivo el endurecimiento de la política monetaria que inició hace un año, y que por el momento no ha conseguido doblegar la inflación, en particular la subyacente, que tiene un carácter estructural, al eliminar los componentes más volátiles, energía y alimentos no elaborados.

El ajuste, como advierte el Consejo, será mayor en países, como España, con elevados niveles de deuda pública, toda vez que los gobiernos se verán obligados a destinar más recursos para pagar los gastos financieros.