El BCE presiona a los gobiernos para que recorten el gasto o seguirá subiendo tipos

Detrás de la subida de los tipos de interés hay algo más. Y lo que hay es un mensaje soterrado del BCE para presionar a los gobiernos europeos y lograr reducir el gasto público. Al menos, esa es la interpretación que se hace en el Gobierno de España, donde ha llamado la atención la intensidad de la subida del precio del dinero, que, lejos de haber tocado techo (4%), es muy probable que vuelva a incrementarse en la próxima reunión del Consejo de Gobierno.

El mensaje es muy claro, según fuentes familiarizadas con las decisiones que toman los banqueros centrales: la política fiscal continúa siendo ligeramente expansiva en algunos países centrales del euro, lo que neutraliza la transmisión de la política monetaria a los agentes económicos. O, expresado de otra forma, el ajuste monetario está siendo anulado en parte porque los gobiernos siguen gastando bastante más de lo que ingresan, lo que limita la eficacia de la política de tipos de interés para doblegar la inflación, que es un fenómeno fundamentalmente monetario. Algo que explica la insistencia del BCE en eliminar las medidas de apoyo a las familias y empresas tomadas por los gobiernos para compensar los efectos de la inflación, y, si hay algún margen presupuestario, destinar los excesos de recaudación a reducir los niveles de deuda.

Los últimos datos de Eurostat sobre las finanzas públicas dan luz sobre lo que está ocurriendo. Pese a que la zona euro ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia y el empleo continúa comportándose de forma positiva (lo que anima la recaudación a causa del crecimiento de los precios), los niveles de déficit siguen siendo muy elevados. El año pasado, el desequilibrio entre ingresos y gastos fue equivalente al 3,6% del PIB en la eurozona, muy lejos del 0,6% que se registró en 2019, inmediatamente antes de la irrupción del covid. Como consecuencia de ello, la deuda pública en la zona euro se ha ido hasta el 91,6%, lo que significa 7,5 puntos porcentuales más que en 2019.

Aunque el BCE diseña su política monetaria para el conjunto de la región, lo que preocupa son algunos países claves del euro. En particular, Italia, España y Francia, cuyos déficits fiscales, respectivamente, se sitúan en el 8%, el 4,8% y el 4,7%. Es decir, todavía lejos del 3% que se asumió como límite al comienzo de la unión económica y monetaria. Otros países como Hungría, Rumanía y Malta tienen todavía hoy un déficit presupuestario que se sitúa en torno al 6%, mientras que únicamente siete de los 20 países del euro han alcanzado superávit o equilibrio fiscal.

Respaldo fiscal

Hay que tener en cuenta, según datos del BCE, que el respaldo fiscal en la eurozona, sobre todo desde el lado desde la vertiente del gasto, se cifró en alrededor del 4% del PIB en 2020 y 2021, y alrededor de las dos terceras partes consistieron en medidas de apoyo directo a las empresas y a los trabajadores.

A esto hay que añadir un asunto que preocupa mucho, el hecho de que los gobiernos, en este caso la Comisión Europea no tiene la voz cantante, llevan negociando casi dos años las nuevas reglas fiscales, que suponen un nuevo marco presupuestario, y cuya entrada en vigor es todavía una incógnita. Es por eso por lo que se considera que la dureza del BCE también tiene que ver con la marcha de las negociaciones, que, en principio, pretenden dar mayor margen a los gobiernos para incurrir en desequilibrios fiscales, lejos de la norma vigente, mucho más estricta (al menos formalmente).

Lo único que está claro es que la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una congelación de su aplicación en caso de grave recesión económica, se desactivará a finales de 2023, pero todos los demás —la aplicación de las nuevas reglas— están sujetos a revisión siguiendo el célebre principio de Bruselas: hasta que no esté todo aprobado está todo abierto. Lo único que hay sobre la mesa es una guía sobre política fiscal para 2024 en la que se recogen orientaciones de carácter general, pero sin incorporarlas a los tratados.

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La Comisión ya ha propuesto al Consejo que en la primavera de 2024 se puedan abrir procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos del cierre de 2023, con arreglo a la legislación vigente. Es decir, un máximo del 3% de desequilibrio fiscal. España, según las proyecciones realizadas por los técnicos de Economía en el último Programa de Estabilidad, cerrará este año con desequilibrio equivalente al 3,9%, por lo tanto, entra de lleno en este supuesto. Solamente en 2024, cuando el déficit bajaría al 3%, España saldría del Procedimiento.

La parte del león

Según el Gobierno, la parte del león del déficit es el pago de los intereses de la deuda pública, que absorberá 2,6 puntos de los tres puntos porcentuales de déficit. Hasta 2025, la economía española no contaría con superávit primario (saldo sin contar los intereses). En términos estructurales, es decir, sin tener en cuenta el ciclo económico, España tendrá un déficit por encima del 2,5% hasta al menos el año 2026.

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Aunque el BCE carece de competencias sobre política fiscal, en las últimas reuniones del Consejo de Gobierno no se han dejado de enviar señales dirigidas a los políticos. "A medida que la crisis energética se desvanece, los gobiernos deberían revertir las medidas de apoyo relacionadas con prontitud y de manera concertada para evitar aumentar las presiones inflacionistas a medio plazo, lo que requeriría una respuesta de política monetaria más fuerte", amenazó Christine Lagarde tras la última reunión. "Las políticas fiscales", continuó, "deben estar diseñadas para hacer que nuestra economía sea más productiva y reducir gradualmente la elevada deuda pública".

El problema para el BCE es que está obligado a mirar de reojo a lo que pasa con el crecimiento económico, y, precisamente, el actual enfermo de Europa es Alemania, que representa alrededor del 25% del PIB de la eurozona, lo que significa que subidas adicionales de los tipos de interés o un ajuste en el gasto público pueden ahondar la recesión. Alemania tiene hoy un déficit público equivalente al 2,6%, lo que puede considerarse elevado respecto a sus resultados históricos, agravado por la falta de impulso de su economía debido a los altos costes de la energía, que han desangrado a su economía.