Bruselas hace un guiño a Berlín y propone un ajuste anual del 0,5% para los países con demasiado déficit

Bruselas ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la negociación de la futura gobernanza económica de la Unión Europea presentando su propuesta legislativa, que incluye algunos guiños a los Estados miembros más reacios a cambiar las reglas, como Alemania o Países Bajos, como reglas para el control del aumento del gasto público. Por delante quedan muchos meses de conversaciones difíciles entre unos Estados miembros que defienden posturas muy diversas y que, después, tendrán que llegar a un pacto con el Parlamento Europeo. El objetivo de la Comisión Europea es lograr que haya un acuerdo final antes de las elecciones europeas de 2024 para garantizar así que las nuevas reglas fiscales se aplicarán para el siguiente curso presupuestario. "Esperamos cerrarlo este año, eso nos permitiría hacer preparaciones el año que viene", explica una fuente comunitaria.

Como se esperaba, el Ejecutivo comunitario deja intactos los dos pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los objetivos del déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60% del PIB, algo que ya estaba claro desde hacía tiempo. Pero, aprendiendo de la experiencia del fondo de recuperación y de lo que se ha denominado como “apropiación nacional”, es decir, que los Estados miembros se hagan responsables de sus propios planes, la Comisión Europea llegará a acuerdos con las capitales para planes de cuatro años de reducción y ajuste de la deuda pública y los desequilibrios presupuestarios. Podrían ampliarse hasta los siete años en caso de que se acompañaran de reformas e inversiones, dando más tiempo para lograr el ajuste fiscal.

Esos planes se construirán sobre dos elementos, por un lado una regla de gasto neto primario (que se obtiene excluyendo medidas discrecionales y fondos europeos, intereses de la deuda y gasto cíclico en desempleo), que será la pieza clave, y por otro un análisis de la sostenibilidad de la deuda. “Un elemento clave serán objetivos de gasto plurianuales expresados en gasto neto primario”, explica una fuente comunitaria, que se acordará sobre la base de una "trayectoria técnica" que calcularán los técnicos comunitarios en la que, al final del plan, la deuda esté bajando y el déficit se encuentre por debajo del 3%. Las sendas de gasto primario tendrán que recibir el visto bueno de la Comisión y del Consejo, donde se sientan los representantes de los Estados miembros.

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Nacho Alarcón. Bruselas

La Comisión ha diseñado su propuesta final sobre un acuerdo de mínimos alcanzado por los ministros de Finanzas de los Veintisiete el pasado 14 de marzo en una reunión tensa en la que Alemania ya dio señales de que daría la batalla durante las negociaciones a fondo. Y eso es precisamente lo que ya está haciendo Berlín, antes incluso de ver los detalles de la propuesta legislativa de la Comisión. En un non-paper, un documento de reflexión, circulado a principios de abril el Gobierno alemán solicitaba que la propuesta final del Ejecutivo comunitario incluyera hitos numéricos y proponía que los Estados miembros con un alto nivel de deuda pública tuvieran que reducir su ratio de deuda pública respecto al PIB en un 1% anualmente, y que aquellos que se situaran por encima del 60%, pero no tengan una deuda excesiva lo hicieran al 0,5% cada año.

Alemania trataba así de sustituir uno de los elementos que los técnicos comunitarios ya adelantaron en noviembre que tenían intención de eliminar: el requisito de la reducción de deuda pública de 1/20 cada año, una norma que se consideraba desproporcionada y poco aplicable. Aunque Berlín admitía que se eliminara esa cláusula, presionó a nivel de ministros pidiendo que se incluyera algún tipo de hito numérico. En aquel comunicado conjunto de los ministros que ha servido como base para esta propuesta legislativa, la presión de Lindner llevó a la inclusión de una referencia a “la idoneidad y el diseño de puntos de referencia cuantitativos comunes para respaldar el marco reformado”. La presión no solamente ha llegado desde Alemania. Sigrid Kaag, ministra de Finanzas de Países Bajos, también presionó a favor de un “punto de referencia numérico común”.

Guiños a Alemania

Bruselas no ha cedido completamente a las presiones alemanas, que también han llegado a través de una columna de Christian Lindner, ministro de Finanzas, publicada este martes en el periódico económico Financial Times en la que el titular del ministerio expresaba sus dudas de que el actual planteamiento del Ejecutivo comunitario pudiera hacer que la cuestión de la reducción de la deuda pública se convierta en un tema de “negociación política”. Pero lo que sí ha hecho la Comisión Europea es lanzar algunos guiños al bloque de los conocidos como "frugales", el club de los países que se oponen a la laxitud fiscal.

La Comisión Europea establece tres requisitos que suenan con la melodía de la postura alemana, aunque sean posiciones más moderadas. Fuentes del Ejecutivo comunitario admiten que estos cambios se han hecho a partir de noviembre, a raíz del acuerdo entre los ministros de Finanzas. Por ejemplo, para aquellos países que tengan que reducir su nivel de endeudamiento, se establece que en la práctica tengan que repartir el ajuste entre todos los años de su plan y que al finalizar el periodo el nivel del ratio de deuda pública respecto al PIB sea inferior que en el año anterior al inicio del plan. También establece que el crecimiento del gasto neto primario debe estar por debajo del crecimiento del PIB a medio plazo como regla general. Por último, el Ejecutivo comunitario apunta a que aquellos países que superen el límite del 3% del déficit tengan que hacer un ajuste del 0,5% anual. Estos son los "puntos de referencia cuantitativos comunes" que los ministros de Finanzas solicitaban en su comunicado en marzo.

Las cesiones generan cierta inquietud en algunos Estados miembros. Hay consenso en que las reglas fiscales anteriores no funcionaban. Eran demasiado complejas, demasiado difíciles de aplicar. Aplicarlas de forma literal “dañaría el crecimiento”, admitía una fuente comunitaria hace algunas semanas. El temor de algunas capitales, lejos de las posiciones de los "frugales", es que estas cesiones de Bruselas puedan establecer algunos automatismos que precisamente son el punto débil del actual marco de reglas fiscales. Una fuente comunitaria muestra su confianza en que el objetivo “hacer las reglas más sencillas al mismo tiempo que tienen en cuenta los perfiles distintos entre los Estados miembros”, y ha explicado por qué no han seguido las exigencias de Alemania. “Hay niveles de ajuste que son tan fuertes que llevan a aumentar el ratio de deuda”, señala la fuente, que insiste en que, “si calculas un ajuste fiscal que es muy alto, tendrás un impacto negativo sobre el crecimiento que superará el efecto positivo sobre el déficit”. La misma fuente admite que la regla del ajuste del 0,5% para aquellos países con un déficit excesivo es un "compromiso" para abordar las "reservas legítimas" de algunos socios.

En todo caso, Alemania ha prometido plantar batalla. En la columna publicada pocas horas antes de que se desvelara esta propuesta legislativa Lindner incluso amenazaba con la posibilidad de hacer descarrilar las negociaciones. “La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede ser un fin en sí mismo. Solo es aceptable si realizamos mejoras significativas en el marco. De lo contrario, no sería aconsejable cambiar las reglas”, ha escrito el ministro en un auténtico órdago justo cuando la Comisión Europea terminaba de diseñar algunas cesiones para Berlín. La esperanza en Bruselas es que los guiños en la propuesta legislativa eviten que las negociaciones se conviertan en un choque de trenes con el Gobierno alemán. Esperan que los movimientos agresivos de Lindner se deban a intereses electorales de su formación, los liberales del FDP, y que las cesiones le sirvan como una victoria.

Pero, en la mayoría del documento de Bruselas, no sigue lo exigido por Alemania en las últimas semanas. Por ejemplo, no cede a la petición de Berlín de que cualquier exceso por encima del 3% del déficit presupuestario lleve a la activación de un procedimiento de déficit excesivo. “Un incumplimiento temporal que se mantenga cercano al valor de referencia no debería dar lugar a la apertura de un procedimiento si se debe a circunstancias excepcionales fuera del control del gobierno”, señala el documento, como podría ser por ejemplo un shock externo, como un desastre natural.

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Además, el Ejecutivo comunitario detalla multas mucho más pequeñas por incumplimiento, haciendo que sean políticamente menos tóxicas y más fáciles de imponer. “El importe de la multa ascenderá hasta el 0,05% del PIB durante un período de 6 meses y se pagará cada medio año hasta que el Consejo evalúe que el Estado miembro en cuestión ha tomado medidas efectivas”, señala el texto. Por el momento las multas son del 0,2% del PIB, con una variable que las puede llevar hasta el 0,5%, tan grandes que su imposición se convertía en un auténtico terremoto político que se ha intentado evitar a toda costa, como demostró el caso de España en 2016, cuando se libró en el último momento de la sanción. Ahora estas multas del 0,05% serán acumulables hasta alcanzar un máximo del 0,5% del PIB.

La Comisión Europea busca que su propuesta sirva como terreno de encuentro para todos los socios europeos. El objetivo sigue siendo el mismo de siempre en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: mantener el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%. Lo que cambia ahora no es el objetivo final, sino el camino que se sigue para llegar a él. Más flexible, más adaptado a las situaciones particulares de cada Estado miembro y menos centrado en ajustes traumáticos y automáticos, aplicando las lecciones aprendidas en la anterior crisis pero también un nuevo estilo por parte de la Comisión, más horizontal, con mayor implicación de las capitales. Los planes pactados con las capitales también servirán para que los Estados miembros tengan que asumir las responsabilidades de los incumplimientos de acuerdos alcanzados por ellos mismos.