El Gobierno ya negocia con la banca para hacer permanente el impuesto temporal

El impuesto a la banca vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno. Miembros del Ejecutivo han mantenido conversaciones en las últimas semanas con algunas de las principales entidades del país para testear su opinión, antes de hacer permanente el impuesto temporal, según confirman fuentes conocedoras a El Confidencial. Se trata de conversaciones a muy alto nivel y preliminares, no negociaciones abiertas del impuesto, aclaran dichas fuentes. Pero lo que sí demuestran es que, al contrario que en 2022, en esta ocasión el Gobierno al menos va a escuchar al sector financiero. "Se les ha pedido una valoración", confirman fuentes próximas al Ejecutivo.

Las conversaciones se han producido de momento entre el Ejecutivo y algunas de las mayores entidades, como Santander, CaixaBank y BBVA. Ninguna de las tres entidades quiso hacer comentarios. De momento no hay acercamiento a las patronales, como afirman desde la Asociación Española de Banca (AEB): "Con la AEB no ha habido negociación alguna ni siquiera contactos para hablar de este asunto". Aun así, tanto esta patronal como la Ceca (Confederación Española de Cajas de Ahorros) mantienen su rechazo al tributo: "Tiene efectos contraproducentes", exponen desde esta última asociación.

El acercamiento llega en un entorno en el que el Ejecutivo está obligado a legislar de nuevo el mal llamado impuesto (hasta ahora es una prestación patrimonial) para cumplir el pacto con el PNV, y que parte de su recaudación se integre en el régimen foral del País Vasco y Navarra. Se espera que Hacienda ingrese más de 3.000 millones solo por el de los bancos en sus dos primeros ejercicios (con efectos sobre los ingresos de 2022 y 2023). También se incluye en este pacto el de las energéticas, que han aportado a las cuentas del Estado otros 4.000 millones en estos dos años.

Junto a ello, también se esperan cambios en la medida en que el Gobierno tiene que hacer estos impuestos permanentes antes de final de año. A finales de 2023 se prorrogó por un año más (2024) y se constató que se perpetuará. Aunque todavía no se ha aclarado cómo se va a hacer, en el sector financiero se espera que deje de ser una prestación y pase a ser un impuesto propiamente dicho, y que entonces se puedan retocar alguno de sus aspectos más lesivos, como que no sea finalista o que solo graven a una parte del sector. Sin embargo, su tarea va a ser difícil.

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Desde Hacienda reconocen que los bancos han pedido cambios, pero sus planes son mantener el impuesto sin cambios normativos, simplemente convertir en permanente el gravamen tal y como está en la actualidad. Montero ya adquirió este compromiso con Sumar en el acuerdo de investidura y también en el paquete de medidas contra la inflación aprobado a finales del año pasado.

Ese real decreto-ley contempla la conversión en permanente del tributo sin cambios. El texto fue convalidado en el Congreso, pero ahora se está tramitando como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas. Sumar ha presentado una enmienda para habilitar que los presupuestos generales del Estado (PGE) puedan convertir este impuesto en permanente. Para la formación liderada por Yolanda Díaz la conversión de estos dos impuestos extraordinarios (banca y energía) en ordinarios es una línea roja de cara a la negociación de los PGE que ya está en marcha.

Esperanzas

Pese a este entorno complejo, los banqueros tienen esperanzas en que el Gobierno oiga alguna de sus demandas, como que el impuesto sea finalista, para que beneficie al sector financiero y sus clientes indirectamente; y que sea pagado por todos los bancos, no solo los diez mayores, para que no les genere una desventaja competitiva frente a las entidades extranjeras y las de tamaño mediano y pequeño.

Desde las entidades también recuerdan que la prestación patrimonial está recurrida en los tribunales, y creen que ganarán este pleito al Estado dentro de unos años, debido a las deficiencias en el tributo aprobado a finales de 2022. Por ello, creen que el Ejecutivo retocará alguno de estos errores en el futuro impuesto, para blindarlo legalmente.

Las quejas del sector financiero se han acrecentado tras la decisión del Ejecutivo de ofrecer deducciones a las energéticas en el impuesto extraordinario, a cambio de inversiones verdes. Desde la banca defienden que gran parte de estas inversiones son financiadas por ellos, sin que se haya tenido en cuenta. También se quejan de que un tributo que se creó por la subida del euríbor se perpetúe cuando todo apunta a que el Banco Central Europeo (BCE) va a bajar los tipos.

El entorno es más complicado para los bancos que para las energéticas, ya que este sector se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Así, Sumar ha lanzado otras propuestas importantes para el sistema financiero, además del impuesto a los beneficios extraordinarios. Una de las más importantes es la elevación de los colchones de capital para amortiguar los riesgos macroprudenciales. La formación advierte que "ni la abundancia de liquidez, ni los altos tipos de interés, ni los beneficios extraordinarios que está obteniendo hoy la banca son condiciones permanentes", señala en su propuesta, por lo que debería aprovechar las circunstancias actuales para mejorar su capitalización. Por este motivo, reclama al Banco de España que aumente los colchones de capital, ya sea el de riesgo sistémico o el anticíclico, para mejorar las ratios de solvencia de las entidades españolas, que se sitúan a la cola de Europa.

En paralelo, Sumar ha reclamado al Banco de España que reduzca sus provisiones acumuladas durante los últimos años de grandes beneficios generados por la política monetaria. Cuando el precio de los bonos estaba disparado, los bancos centrales consiguieron grandes beneficios y el supervisor español aprovechó esos ingresos para acumular reservas. En total, Sumar calcula que tiene unas provisiones de más de 28.000 millones de euros que podría integrar en el Tesoro Público para hacer política fiscal. "Teniendo en cuenta el paro tan elevado que tiene España, esos recursos serían útiles para hacer una política fiscal expansiva", explica Carlos Martín, portavoz de economía de Sumar en el Congreso.