Hacienda abre una inspección a energéticas y bancos por el nuevo impuesto del Gobierno

Hacienda estrecha el cerco sobre las energéticas y los bancos. La Agencia Tributaria está poniendo la lupa sobre los ingresos del primer año en que ha instaurado una nueva tasa. Tanto fuentes fiscales como empresariales al tanto de la situación confirman que los inspectores de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes ya han comunicado el inicio de actuaciones de comprobación en relación con el gravamen. Desde la Agencia Tributaria han declinado hacer comentarios.

Las inspecciones se han iniciado de forma muy reciente y se producen después del ingreso correspondiente al primer año, admiten varias empresas. Por esta cuestión, tanto energéticas como entidades financieras han realizado ya dos liquidaciones el pasado 2023. La primera se produjo entre el 1 y el 20 de febrero y el segundo pago definitivo se desembolsó entre el 1 y el 20 de septiembre. Por esta tasa, energéticas (Repsol, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa, BP y Galp) y bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) han pagado alrededor de 1.500 millones cada sector (3.000 millones de euros en total). Este año deberán abonar una cifra similar. En los últimos días han liquidado el primer pago.

Fuentes fiscales señalan que el procedimiento de inspección tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de los actos, elementos y valoraciones consignados por el obligado tributario en sus declaraciones. En este sentido, señalan que dichas revisiones no presuponen irregularidad alguna de partida, pero advierten que las inspecciones no se abren de manera aleatoria, sino que los inspectores tienen sus criterios para iniciar una actuación de estas características. Además, con la apertura del expediente se busca evitar la prescripción de futuras reclamaciones.

Las fuentes consultadas señalan que Hacienda está intensificando su actividad inspectora sobre el nuevo gravamen a energéticas y bancos. Según explican, la Agencia Tributaria es especialmente celosa con los nuevos gravámenes e intensifica la labor de revisión en sus primeros compases. En este sentido, el plan de control tributario que presenta la Agencia Española de Administración Tributaria hace especial hincapié respecto del control del tributo a las energéticas y entidades financieras, así como a las grandes fortunas, figuras todas ellas de nueva creación incluidas en el último real decreto de 2022 y que se empezaron a recaudar en 2023.

Es habitual que el fisco revise las declaraciones de otros impuestos cada año. El Confidencial se ha puesto en contacto con varias energéticas obligadas al pago del gravamen temporal y ninguna de ellas ha hecho comentarios, aunque alguna ya admite el inicio de las actuaciones. El tributo ha generado un fuerte rechazo sobre todo el sector. Por ejemplo, Naturgy explica que "ha analizado en profundidad la norma que regula el gravamen energético y ha planteado una demanda ante la Audiencia Nacional". En línea con lo anterior, asegura que "procederá a presentar la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos por los importes ya ingresados en 2023 (en relación con el ejercicio 2022)".

El resto de compañías también lo han recurrido ante los tribunales y se han mostrado muy beligerantes con la tasa. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, lo ha calificado de inconstitucional. Tras el anuncio de PSOE y Sumar de que lo harían permanente si gobernaban, la energética amenazó con parar sus inversiones en España y trasladarlas a otro país. El Gobierno finalmente ha optado por mantener este tributo, pero actualmente trabaja en su remodelación para introducir incentivos y deducciones al mismo para las compañías que inviertan en descarbonización.

Iberdrola señaló la pasada semana que el pago de impuestos supone un gasto mayor que el resto de sus costes operativos. El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, indicó que la presión fiscal en España no tiene ningún sentido y que la situación no es atractiva para la inversión. Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguraba que su empresa paga cuatro veces más impuestos que costes operativos y también pedía públicamente eliminar este tributo.

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Juan Cruz Peña

Por ahora, el Gobierno ha prolongado su vigencia un año más. Las empresas ya han hecho el primer desembolso de 2024 a la espera de que se reforme el gravamen en la ley de Presupuestos Generales del Estado, según señaló el Gobierno. Una ley, sin embargo, que cada vez está más en duda en el mercado. El propio ministro de Economía y Empresas, Carlos Cuerpo, admitía en una entrevista a la agencia Colpisa que no sería un fracaso no tener nuevos presupuestos. Reconoce que podrían prorrogarse los del año pasado para todo el ejercicio.

Naturgy ha logrado en este 2023 los mejores resultados de su historia, con un beneficio de casi 2.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% respecto a los de 2022, que también fueron récord. "Sí, es uno de los mejores resultados de la historia y no vamos a escondernos", señaló el presidente de la compañía, Francisco Reynés, el pasado martes. También Iberdrola obtuvo beneficios históricos con casi 5.000 millones de ganancias en 2023. Sin embargo, otras como Repsol y Endesa han empeorado sus cifras con respecto a las de 2022, que sí fueron las mejores registradas. Cepsa aún no ha dado sus números, pero todo apunta a que serán inferiores a las de 2022.

Los bancos por su parte también han protestado. El Gobierno no contempla por ahora ninguna modificación a la tasa aplicada sobre las entidades bancarias que pretende también hacer permanente. Los bancos obligados ganaron 26.000 millones en 2023, el mejor resultado de su historia, al calor de la subida de los tipos de interés. Además, prevén mejorar esa cifra para este 2024. Las entidades creen que el tributo restringe el crédito en un año de desaceleración económica.