Galp ve "discriminatorio" el impuesto de Sánchez y cree que perjudica su transición verde

Galp se suma al resto de grandes energéticas que han cargado contra el gravamen temporal instaurado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La petrolera portuguesa, que cuenta con más de 600 estaciones de servicio en España, ha calificado el impuesto de "discriminatorio" en la presentación de resultados del año 2023, en el que ha registrado un beneficio neto global de 906 millones de euros, casi un 16% menos que en 2022.

Según detalla la cuarta mayor red de gasolineras de España, solo por detrás de Repsol, Cepsa y BP, "en general, los resultados comerciales han sido claves para apoyar la importante transformación en curso de sus operaciones y acelerar los proyectos de integración de soluciones con menos emisiones de carbono y promover la transición a un sistema energético ibérico más limpio. No obstante, estas actividades se han visto fuertemente afectadas por los impuestos discriminatorios dirigidos a las empresas energéticas, concretamente en España".

El buen desempeño de su división comercial se da pese a reflejar una mayor presión sufrida en España por el negocio B2B (business to business). En lo que respecta a su contribución por los negocios verdes, destaca la instalación en España y Portugal de 5.000 puntos de recarga para vehículo eléctrico, un 105% más que en 2022. En España, ya tiene 3,5 GW de potencia renovable. De los mismos, 1,3 GW ya están operativos y el resto, en construcción y desarrollo.

La filial española de la energética lusa ya ha recurrido este impuesto ante la Audiencia Nacional, según publicó en el Boletín Oficial del Estado. También había participado con el resto de petroleras agrupadas en la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) de los comunicados conjuntos contra este gravamen. Sin embargo, esta es la primera vez que la matriz carga contra esta tasa a nivel individual y en documentos oficiales enviados a sus inversores a nivel global, donde les advierte de las consecuencias negativas que está provocando sobre su operativa. No obstante, fuentes de la compañía rechazan dar el importe pagado por esta tasa. Galp España facturó más de 5.000 millones de euros, por lo que fuentes del sector calculan que habría pagado más de 50 millones de euros, correspondientes al 1,2% de toda la facturación bajo base imponible para este tributo.

La firma tiene inversores institucionales repartidos por EEUU, Reino Unido, Francia, Canadá, España, Portugal y otros países del mundo. La mayoría de su capital es free float (56% de las acciones). Su primer accionista, con el 35% del capital, es Amorim Energía, la filial energética del grupo Amorim, el mayor productor de corcho del mundo. A su vez, está controlada por la familia Amorim, una de las mayores fortunas de Portugal. El segundo máximo accionista es Parpública (8% del capital), el fondo soberano de Portugal (equivalente a la SEPI). Pese a las críticas al impuesto en España, la cotizada lusa prevé aumentar el dividendo un 4% y hacer una recompra de acciones de 350 millones de euros, según ha detallado este lunes.

Este pronunciamiento llega después de que otras energéticas como Repsol o Iberdrola hayan cargado duramente contra esta tasa creada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de obligar a que los sectores más beneficiados de la crisis generada por la guerra de Ucrania contribuyeran más. Hasta el punto de que Repsol ha paralizado algunas inversiones en transición verde hasta que se despeje el panorama regulatorio.

El PSOE se comprometió con Sumar a hacer de este impuesto, previsto en un primer momento para dos años, un gravamen permanente. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido reformarlo para que las empresas que realicen inversiones en transición verde puedan acceder a deducciones de la tasa, algo que no ha gustado al partido de Yolanda Díaz, su socio de coalición. Precisamente ese efecto pernicioso sobre inversiones en sistemas de bajas emisiones es la crítica que ha puesto ahora encima de la mesa Galp.

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Juan Cruz Peña

"El mensaje que yo les traslado es que es tiempo de invertir y no de repartir beneficios", afirmó el pasado viernes la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en declaraciones a la agencia EFE. Para Ribera "no parece muy razonable" que los ciudadanos vean el reparto de grandes beneficios entre las grandes energéticas cuando hace falta una inversión masiva para avanzar en la transición hacia la energía limpia en España.

A falta de conocer el detalle de cómo se modifica este gravamen, que el Gobierno tiene previsto reformar en la ley de los presupuestos generales del Estado, el otro sector gravado, la banca, ha criticado que las instituciones financieras no puedan acceder a estas deducciones como las empresas energéticas. Este fue el mensaje que lanzó en la presentación de resultados el presidente de BBVA, Carlos Torres.

Sin embargo, el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista en TVE que no hay ninguna negociación para modificar este tributo que pagan los bancos y que se convertirá en permanente. A diferencia de las energéticas, la banca ha mejorado su resultado con respecto a 2022 y ha obtenido unos resultados récord de más de 26.000 millones de euros, gracias a la subida de los tipos de interés. Para 2024, esperan pulverizar esa marca.