Iberdrola y cuatro directivos se sientan en el banquillo de la Audiencia por inflar el precio de la luz

Iberdrola Generación y cuatro directivos de la compañía se sentarán el próximo martes en el banquillo de la Audiencia Nacional en la primera causa penal contra una eléctrica por manipular presuntamente el precio de la electricidad. La compañía se enfrenta a una multa de 84,9 millones de euros por inflar el coste de su energía hidráulica entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para provocar que otras fuentes de producción más caras, como los ciclos combinados, tuvieran que conectarse a la red. Como consecuencia, el precio de la luz se disparó hasta un 126%.

La vista oral se prolongará previsiblemente hasta noviembre. Además de la multa, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, pide dos años de prisión para los cuatro directivos que habrían intervenido en la supuesta adulteración del precio por un delito contra los consumidores y el mercado. Se trata del director de Gestión de Energía de Iberdrola Generación, A.C.T.; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R.C.; el jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P.Z.

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Los peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyeron durante la fase de instrucción que, con la adulteración del mecanismo de fijación de precios, Iberdrola habría conseguido unos beneficios extraordinarios de 21,2 millones de euros y los proveedores y ciudadanos perdieron 107,3 millones. Además del Ministerio Público están personadas como acusación las compañías comercializadoras Geoatlander SL, Axpo Iberia SL y Belegi Invest SL, así como la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación popular.

Por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) desfilarán durante las próximas semanas testigos como el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el exsecretario de Estado de Energía Alberto Nadal, máximos responsables políticos del sector eléctrico en el momento de los hechos. Ambos declararon ya durante la fase de investigación.

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Durante su comparecencia, Soria recordó que los técnicos del ministerio detectaron que Iberdrola "no generaba la energía eléctrica hidráulica acorde que había" y se mostró convencido de que se produjo una "manipulación" del sistema. Según el exministro del PP, las relaciones de su Gobierno con la multinacional española no pasaban precisamente en esas semanas por un buen momento, después de que el Ministerio de Hacienda se negara a incluir en los presupuestos generales del Estado de 2014 una partida de 3.600 millones para reducir el déficit de tarifa. Soria vinculó el cierre de los embalses a esas tensiones.

Nadal mantuvo más roces con las eléctricas durante su paso por la Secretaría de Estado de Energía, pero, cuando le tocó declarar en este procedimiento, descartó que Iberdrola hubiera cometido algún tipo de irregularidad y restó importancia al episodio. Con todo, la escalada incontrolada de los precios llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a cancelar la subasta que debía fijar los precios que pagarían los consumidores durante el primer trimestre de 2014 para evitar que subieran un 10,5%.

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Informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras el registro de las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao en 2017 y que están incluidos en el sumario del caso revelan que la compañía establecía presuntamente el precio de su producción hidráulica en reuniones informales, mediante órdenes verbales, con criterios desconocidos y sin dejar constancia por escrito de esos procesos de tomas de decisiones.

Los agentes comprobaron, por ejemplo, que la multinacional adjudicó a sus reservas de agua un precio muy superior al de ejercicios anteriores, a pesar de que, en 2013, el estado de sus embalses era más favorable. También acreditaron que la compañía había previsto en documentos internos aportar más energía hidráulica a la red de la que finalmente entregó en los días bajo sospecha.

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El Ministerio Público terminó la fase de instrucción señalando que, "para conseguir un mayor precio en el mercado eléctrico (...), [Iberdrola] aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones". "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía", apuntó el fiscal en su escrito. "La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107,3 millones de euros".

Por su parte, Iberdrola siempre ha sostenido que, durante las semanas investigadas, tenía una posición compradora en el mercado y que el incremento de los precios le ocasionó pérdidas, por lo que no tenía ninguna razón para contribuir al aumento de los costes. Asimismo, señala que la evolución de su oferta hidráulica respondió a criterios racionales y transparentes y que se ha minusvalorado la intervención de otros factores en el alza de la tarifa.