La Guardia Civil acusa a Iberdrola de dejar sin agua e ingresos a una región al secar un embalse
La Guardia Civil apuntala los indicios contra la eléctrica por un presunto delito contra el medio ambiente por vaciar este verano el pantano de Ricobayo (Zamora) para maximizar sus beneficios
La investigación contra Iberdrola por vaciar este verano el embalse de Ricobayo (Zamora) para generar la mayor cantidad posible de energía hidroeléctrica en pleno récord del precio de la luz ha abierto otro frente judicial a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. La Guardia Civil ha concluido que la maniobra de la multinacional, que redujo las reservas del pantano del 98% al 11% para maximizar sus beneficios, provocó problemas de abastecimiento de agua a varias poblaciones y ocasionó graves pérdidas económicas en instalaciones turísticas y agrícolas de la comarca, una de las más castigadas de toda la España vaciada.
Las implicaciones reputaciones del caso son evidentes, pero Iberdrola también se expone a consecuencias de carácter penal. La magistrada que instruye los hechos, Rosa María Bardón, titular del Juzgado número 4 de Zamora, imputó a la eléctrica el pasado 13 de diciembre por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y ordenó nuevas diligencias para depurar otras posibles responsabilidades, como una manipulación del coste de la energía. El próximo 16 de febrero está citado a declarar el representante legal de la empresa, así como el representante jurídico de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Dos informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso El Confidencial apuntalan los indicios de delito contra la cotizada. Los investigadores confirman, como denunció la querella que provocó la apertura de la causa, presentada por el exsenador de UCD Luis Rodríguez San León, que el brusco descenso del nivel del embalse de Ricobayo afectó al consumo de agua potable de la zona y asestó un golpe a la economía local en plena temporada alta de turismo, una de las escasas fuentes de ingresos que permiten subsistir a los habitantes de este enclave que se resisten a marcharse a las grandes ciudades.
En concreto, municipios como Palacios del Pan y Andavías y núcleos de viviendas como la Urbanización del Esla, que nutrían su red de suministro con agua tomada directamente del embalse, tuvieron que recurrir a camiones cisterna para abastecer a sus ciudadanos por la inutilización de sus respectivas estaciones de bombeo.
Al menos cuatro embarcaderos de la ribera del pantano, con instalaciones deportivas y de restauración, se vieron también afectados por el desembalse masivo efectuado por Iberdrola. La Guardia Civil tomó declaración al propietario de una concesión turística en la ribera del municipio de Ricobayo, R.G.V., que explicó que el descenso de los niveles comenzó en junio, pero que “cuando más bruscamente bajó fue en julio”. Los agentes le preguntaron por su negocio. “Manifiesta que normalmente en años anteriores el restaurante lo alquilaban durante la época estival y en lo que se refiere al turismo activo han calculado que habrían dejado de ingresar unos 21.500 euros (…) En cuanto al restaurante, no lo han podido abrir durante este año por la falta de interés por parte de posibles arrendadores debido a la situación del embalse, ya que depende de la gente que va a realizar deportes acuáticos”, recoge el atestado.
Las patrullas del Seprona comprobaron que al menos otros tres pantalanes que anteriormente flotaban en el embalse habían quedado posados sobre la tierra seca que dejó la caída de los niveles. También localizaron barcas varadas y dos bolsas de embarcaciones flotando en lugares de difícil acceso y que tampoco podían ser sacadas del agua. La navegación por el pantano era prácticamente imposible por la reducción de su calado y la aparición de antiguos puentes que habían emergido por el desembalse y bloqueaban el tránsito en todas direcciones.
Los informes incluyen decenas de fotografías tomadas por los funcionarios del Seprona e inéditas hasta ahora que prueban los efectos que tuvo el vaciado de Ricobayo en el entorno. En algunas partes del cauce del Esla se formaron pequeñas balsas estancas de agua en las que no se localizó fauna. La caída de las reservas se produjo en la temporada de desove, por lo que la decisión de Iberdrola también habría afectado a la biodiversidad de la zona. Los documentos policiales remarcan que el agua tenía un tono verdoso y el litoral quedó lleno de fangos. Corzos y ciervos se quedaron igualmente sin agua en el periodo más caluroso del año.
Los efectivos del Instituto Armado también han acreditado que al menos dos grandes explotaciones agrícolas se quedaron sin suministro de agua para regadío. A juicio del Seprona, los hechos habrían vulnerado, además del Código Penal, más de una decena de reglamentos, decretos, resoluciones y órdenes ministeriales sobre gestión del agua, diversidad y aprovechamiento de los recursos para la generación de energía. Aunque en las últimas semanas ha aumentado sus reservas, Ricobayo se encuentra en la actualidad a un 31% de su capacidad, muy por debajo de los registros que presentaba en ejercicios anteriores en este momento del año.
Iberdrola niega haber cometido ninguna irregularidad y asegura que tiene todos los permisos necesarios para exprimir la rentabilidad de sus dos plantas de producción de energía en el pantano. El vaciado fue especialmente lucrativo para la compañía de Sánchez Galán. El pasado verano, el precio de la electricidad se movía ya en máximos históricos. La energía hidroeléctrica es la más barata, pero al tratarse de un mercado marginalista, su precio queda fijado por la cotización que tenga la última fuente de energía en conectarse al mercado, generalmente el gas, la más cara de todas. El desembalse de Ricobayo permitió a Iberdrola producir masivamente energía hidroeléctrica a un precio cercano a cero y venderla a importes astronómicos.
Los argumentos que utiliza Iberdrola para defenderse de las críticas por sus maniobras de este verano contrastan con la posición que mantiene en una investigación judicial separada por otra presunta manipulación de sus embalses. Este segundo episodio, que se remonta a diciembre de 2013, se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y hay cuatro directivos de la compañía imputados, además de la propia empresa, por un delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía y varias acusaciones populares sostienen que Iberdrola recortó intencionadamente ese año la producción de energía hidráulica en las cuencas del Duero, Tajo y Sil para evitar que los precios de la electricidad se desplomaran y pudieran conectarse al sistema fuentes más caras, como sus plantas de ciclo combinado.
En ese procedimiento, Iberdrola alega que simplemente redujo la generación de sus plantas hidroeléctricas porque los embalses apenas tenían reservas y las previsiones meteorológicas apuntaban a un año seco. Según la compañía, intentó de ese modo garantizar el suministro de agua a la población y los caudales ecológicos mínimos. Sin embargo, cuando tomó esa decisión, la cuenca del Duero se encontraba al 62% de su capacidad y estaba próxima la temporada de lluvias. Por contra, el pasado verano, Iberdrola dejó el pantano de Ricobayo al 11% en la época más seca del año. Los argumentos que había usado hasta ese momento en la Audiencia Nacional no condicionaron su toma de decisiones en el embalse zamorano.
Además de los posibles efectos en el medio ambiente, la titular del Juzgado número 4 de Zamora también investiga un posible enriquecimiento ilícito de Iberdrola. La magistrada ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico información sobre los niveles de energía producida el pasado verano en las dos plantas de Ricobayo, el precio que tenía la electricidad en esas mismas semanas y el importe al que se vendieron los megavatios generados en el pantano, así como esos mismos datos en años precedentes.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Junta de Castilla y León abrieron expedientes a Iberdrola el pasado agosto por el desembalse, pero ninguna de estas dos instituciones ha publicado el resultado de sus averiguaciones ni ha anunciado medidas contra la multinacional.
La investigación contra Iberdrola por vaciar este verano el embalse de Ricobayo (Zamora) para generar la mayor cantidad posible de energía hidroeléctrica en pleno récord del precio de la luz ha abierto otro frente judicial a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. La Guardia Civil ha concluido que la maniobra de la multinacional, que redujo las reservas del pantano del 98% al 11% para maximizar sus beneficios, provocó problemas de abastecimiento de agua a varias poblaciones y ocasionó graves pérdidas económicas en instalaciones turísticas y agrícolas de la comarca, una de las más castigadas de toda la España vaciada.
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