los intermediarios perdieron al menos 31 millones

La UCO cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

Dos informes remitidos a la Audiencia Nacional prueban que el mercado esperaba precios muy inferiores a los que se alcanzaron en 2013 por las prácticas bajo sospecha de Iberdrola

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La investigación penal contra Iberdrola por haber manipulado presuntamente el mercado eléctrico en 2013 para provocar un alza estratosférico del precio de la luz ha experimentado un enorme avance en las últimas semanas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado dos nuevos informes a petición judicial que refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el otoño de ese año (uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas) para bloquear la producción de energía hidráulica, la más barata de todas, y generar así un incremento de las tarifas por la necesaria entrada en el 'pool' de otras fuentes más caras.

Según los informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola —entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental. Los investigadores han comprobado que la mayoría del casi centenar de comercializadoras eléctricas con licencia para operar en España barajaba para esas fechas expectativas de precio muy inferiores, teniendo en cuenta los antecedentes del mercado y las condiciones ambientales que se registraron esos días. Es decir, que el sector considera casi unánimemente que no concurrieron elementos objetivos para que la tarifa se disparara. Solo una adulteración del sistema explicaría que la luz tocara máximos.

Los informes también revelan que el presunto fraude de Iberdrola no solo ocasionó un agujero en el bolsillo de los consumidores, como ya había acreditado la UCO en informes anteriores incorporados a la causa. Las nuevas diligencias probarían ahora que el perjuicio afectó igualmente a las empresas comercializadoras. Sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado. No obstante, todas las que iban cortas en esas tres semanas (habían comprado menos electricidad de la que demandaron sus clientes) perdieron dinero o ganaron menos de lo que esperaban.

Según los cálculos que los intermediarios han trasladado a la UCO en los últimos meses, sus pérdidas como consecuencia de las supuestas maniobras de Iberdrola superaron los 31 millones de euros. La empresa más afectada sería el gigante suizo del 'trading' eléctrico Axpo Iberia, que cosechó un perjuicio de 28 millones de euros. Ocupa la segunda posición Nexus Energía, que ha denunciado pérdidas de 1,8 millones. Por debajo de esa cantidad se situarían ya casi medio centenar de operadores. Geotlander SL, por ejemplo, comunicó un impacto negativo de 902.000 euros. Y Enercoluz Energía perdió 370.000.

La investigación, supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y en la que está personada Facua como acusación popular, gira sobre el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo el día antes de la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. Esa jornada, el coste llegó a los 91,89 euros por megavatio hora (Mwh), una cifra desconocida hasta el momento que suponía una subida del 126% sobre los 40,65 euros por Mwh del 25 de noviembre previo, solo tres semanas antes. El escándalo alcanzó tal dimensión que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio. Dos años después, en noviembre de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que Iberdrola había recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica y que esa maniobra le había ocasionado un beneficio de 21,5 millones de euros. Por contra, los usuarios habían sufrido pérdidas por valor de 105 millones.

Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)
Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)

El expediente de la CNMC discurre por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. El juez Ismael Moreno se centra en las posibles consecuencias penales en que habrían incurrido Iberdrola y sus directivos por ese supuesto cierre intencionado de los embalses. Cuatro altos cargos de la tercera compañía del Ibex 35 por capitalización tuvieron que acudir hace dos semanas a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados, según han confirmado a este diario fuentes próximas al procedimiento. El caso apenas ha tenido trascendencia en los medios, pero sigue avanzando a paso firme, en gran medida, por la abundante información que encontró la UCO durante el registro de las oficinas de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017.

Como ya adelantó este diario, los agentes localizaron correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos de Excel que demostraban que la compañía había planificado para diciembre de 2013 más producción de energía hidráulica que en el mes anterior. Sin embargo, sus embalses produjeron en diciembre mucha menos energía que en noviembre. Esa documentación interna demostró que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes, a pesar de que en 2013 sus cálculos internos y los factores ambientales arrojaban cifras muy superiores a las de otros ejercicios.

La UCO pidió a Iberdrola que aclarara estas incongruencias, que habrían sido suficientes para forzar la entrada en funcionamiento de sus centrales de ciclo combinado con la misión de suplir la escasez de energía hidráulica. Ante las preguntas de los agentes, los directivos de la eléctrica admitieron que las tarifas se fijaban utilizando un método tan rudimentario y poco transparente como el de las órdenes verbales. La Guardia Civil ni siquiera encontró las actas de las reuniones en las que supuestamente se habían fijado los precios. Asimismo, según los informes incorporados a la causa, Iberdrola tampoco disponía en ese momento de un protocolo interno que aclarara qué nivel jerárquico de su estructura debía participar exactamente en el proceso de formación de las tarifas, ni qué parámetros eran los que tenían en cuenta sus responsables para calcularlas.

Esos informes demostraron que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes

Iberdrola ha restado valor a las pérdidas declaradas por los intermediarios. “En el proceso de instrucción, se ha solicitado información a las comercializadoras en posición compradora en las fechas objeto de investigación, pero de momento no hay ninguna personada ni hay nada que acredite que el posible perjuicio a las compañías comercializadoras se pueda atribuir a Iberdrola”, ha asegurado a este diario a través de una portavoz.

“Iberdrola ha mantenido siempre que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este periodo. Iberdrola Generación no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado. Es decir, no solo no tenía capacidad para hacerlo, sino que además el incremento del precio del mercado le perjudicaba, como así fue”, sostiene la compañía. “El precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. Iberdrola Generación actuó como un gestor prudente, ofertando la totalidad de la producción y reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, como ha quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes”.

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