Yolanda Díaz propone prohibir los indultos a la corrupción y regular los ‘lobbies’

Yolanda Díaz se despereza a raíz del caso Koldo y plantea una batería de medidas contra la corrupción que irá desde la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción a la regulación de los lobbies. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, en una reunión con su grupo parlamentario, ha desplegado las propuestas de su formación en medio de la polémica que partió de la detención del exasesor de José Luis Ábalos, pero que ha atenazado a la Moncloa y Ferraz. La también ministra de Trabajo ha eludido lanzar críticas directas a su socio en el Ejecutivo, a pesar de que esta misma mañana el PP ha reclamado la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por su etapa como presidenta de Baleares.

"Mientras la mayoría de ciudadanos de nuestro país tenía miedo, unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake", ha espetado Díaz, que ha anunciado que su formación apoyará la comisión de investigación que ha propuesto el PSOE para abordar las contrataciones de emergencia durante la pandemia. Pero no ha reclamado responsabilidades políticas a los socialistas "a la espera que la investigación llegue al final". "Vamos a ser prudentes", ha zanjado. Y ha avanzado que su partido no mirará "el nombre ni el color del corrupto", aunque ha lanzado un dardo a "las élites" como "corruptoras" y ha cifrado en 60.000 millones el coste de la "corrupción del PP".

El objetivo de Sumar, ha defendido, debe ser "prevenir que la corrupción se produzca", y para ello propone una serie de cambios normativos que la coalición magenta va a registrar en el Congreso de forma inminente. Ahí destaca la prohibición del indulto. Y ha puesto el foco en los que concedió José María Aznar, con 139 en sus ocho años en la Moncloa. Hay que tener en cuenta que hay varios indultos por corrupción pendientes, como ocurre con los condenados en el caso de los ERE fraudulentos. Y también que lo que se juzga en el procés, en parte, es un delito de malversación. Y algunos de los involucrados ya están condenados por esos delitos, entre ellos el propio Oriol Junqueras.

Díaz recupera también una idea propia del 15-M, la limitación de los aforamientos para que la protección judicial a los diputados y otros cargos públicos se circunscriba solo al ejercicio de sus cargos y no "como una protección a los casos de corrupción". El propio José Luis Ábalos, en su justificación para no dejar el escaño, como le reclamaba el PSOE, admitió que esa prerrogativa es una forma de "protegerse" ante unos ataque que él considera injustos.

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"Vamos a abrir un debate ciudadano", ha dicho Díaz ante los diputados de Sumar en el Congreso, donde también ha pedido la "regulación" de los grupos de presión o lobbies. Este mensaje no es baladí si se tiene en cuenta, como ha adelantado esta redacción, que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se reunió con el presidente de Air Europa en los meses en los que esta empresa tuvo relación con algunos miembros de la trama corrupta en la que está involucrado el exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre.

Díaz quiere también poner en marcha la creación de un "consejo de prevención de la corrupción" donde estén todos los partidos políticos para evitar los casos en lugar de castigarlos por la vía jurídica. "Y que todos los partidos se posicionen, sobre todo el PP", ha dicho en un nuevo señalamiento a los populares a pesar de que el foco del asunto está ahora sobre sus socios socialistas.

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Los mensajes de la ministra de Trabajo hacia el PSOE han sido positivos, ya que ha defendido la "estabilidad" del Ejecutivo de coalición y se ha mostrado convencida de que se aprobarán tanto la ley de amnistía como los presupuestos generales del Estado. "La legislatura va a ser estable si el Gobierno sigue empatizando con los de fuera", ha vaticinado la líder de Sumar, que cree que "los consensos no solo se generan aquí", en referencia al Congreso. Se refiere así al apoyo social que, asegura, tienen medidas como la reducción de la jornada horaria y otras políticas puestas en marcha o que pretende impulsar el Ejecutivo.