Qué es un aforado, cómo beneficia y por qué Ábalos no está siendo procesado por el caso Koldo por la vía normal

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El caso Koldo García, relativo a las comisiones ilegales de este exasesor del exministro José Luis Ábalos en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en pandemia, ha levantado una enorme polvareda política y judicial. El propio Ábalos, que sigue siendo diputado en el Congreso, se ha negado a dejar el acta pese a que su propio partido, el PSOE, se lo exigía, y ha pasado al Grupo Mixto.

Hay quienes han señalado que la motivación de Ábalos para mantener el acta de diputado podría ser el hecho de seguir siendo aforado, lo cual le otorgaría hipotéticas ventajas si el caso Koldo llegase a salpicarle directamente a nivel judicial. El exministro de Transportes dijo hace unos días que aunque esté aforado podría declarar como testigo en este caso, pero que no ha sido requerido y su nombre no aparece en la querella ni en el auto judicial. Eso sí, desde entonces se ha sabido que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso sí le señala como posible intermediario de la trama, debido a la reunión que mantuvo con Koldo García en la marisquería La Chalana el pasado mes de enero.

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Aunque José Luis Ábalos asegura que mantiene el acta para defender su "honorabilidad", en una posterior entrevista con ElDiario.es ha reconocido que el aforamiento es también un elemento para su defensa, ante lo que pueda pasar en el futuro.

¿Qué es un aforado?

Ser aforado implica que solo se puede ser juzgado por tribunales específicos, y no por los ordinarios. La Constitución Española, en sus artículos 71 y 102, establece el aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para diputados y senadores, y para presidente y miembros del Gobierno, respectivamente: esto significa que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 añadió el aforamiento a jueces, fiscales y magistrados, además de a miembros de órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo. Por su parte, los diferentes Estatutos de Autonomía también lo extendieron a diputados y miembros de gobierno autonómicos. Además, la reforma de 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, incorporó el aforamiento ante el Tribunal Supremo de los miembros de la familia real, y también convirtió en aforados a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque en este último caso se trata de una condición especial para que sean juzgados por Audiencias Provinciales en caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Gobierno, diputados, senadores, jueces, fiscales, familia real y policías, entre otros, tienen algún tipo de aforamiento

Teniendo en cuenta todo ello, hace unos años el expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reveló que en España había 250.000 aforados, aunque la gran mayoría, algo más de 232.000, pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas en dicha condición diferente. De los casi 18.000 restantes, la mayor parte serían jueces y fiscales, mientras que los políticos aforados ascenderían a aproximadamente 2.000. Conviene no confundir el aforamiento con la inviolabilidad, que según la Constitución está únicamente reservada al rey, quien no puede ser juzgado por ningún tribunal y es impune ante la ley.

Hay división de opiniones sobre la utilidad del aforamiento. Algunos defienden que sirve para evitar las presiones a las que podrían verse sometidos los jueces de tribunales de primera instancia si tuviesen que juzgar a figuras políticas relevantes, así como para limitar demandas estériles que puedan tener motivaciones políticas. En el caso del aforamiento a jueces y fiscales, además, está la finalidad de que no sean juzgados por sus propios compañeros directos. Los críticos, sin embargo, creen que todo ciudadano debería estar sujeto a las mismas condiciones y tribunales en igualdad ante la ley, y recelan de que los aforados sean juzgados por tribunales que consideran más cercanos al poder ejecutivo.

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El propio José Luis Ábalos ha explicado que, si se le tuviese que juzgar en el Tribunal Supremo, tendría que ser ya con una causa bien instruida y desarrollada, y con claros indicios en su contra, lo cual cree que le ayuda, pues sigue insistiendo en su plena inocencia. Eso sí, hay quienes creen que el actual contexto del Tribunal Supremo y del Poder Judicial podría acabar jugando en su contra si se le juzgase allí.

En 2018, solo unos meses después de llegar al poder tras la moción de censura, el presidente Pedro Sánchez anunció un proyecto para una reforma exprés de la Constitución, cuyo propósito era acotar y limitar el aforamiento en políticos, para que únicamente fuese válido en el ejercicio estricto de su cargo. Sin embargo, esta iniciativa no ha llegado a salir adelante, al menos de momento, y requeriría un consenso con la oposición para acometer la reforma constitucional.