Sánchez incumple su compromiso de limitar el aforamiento y rebajar la edad de voto a los 16

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para realizar una reforma quirúrgica de la Constitución, circunscribiéndola a un cambio terminológico en el artículo 49, sustituyendo "disminuido" por "personas con discapacidad", entierra el compromiso de investidura de limitar los aforamientos de los políticos. La supresión de este privilegio de los diputados forma parte del programa de gobierno acordado entre PSOE y Unidas Podemos, pero desde la Moncloa avanzan que será uno de los compromisos que finalmente no se materializarán esta legislatura. Fuentes cercanas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explican que no se planteó suprimir este privilegio en la reunión mantenida este miércoles con los populares para la reforma constitucional. Ni tocar el artículo 71, por el que los diputados no son juzgados por tribunales ordinarios, sino solo por el Supremo, ni ningún otro ajeno al artículo 49, al que se pretenden acotar los cambios.

Desde Unidas Podemos, tampoco darán la batalla por empujar esta reforma, conscientes de la falta de consenso, y por ello no presentaron enmiendas a la reforma, al igual que ERC o EH Bildu. Su objetivo fue facilitar el acuerdo con los populares, cuyo principal temor era precisamente que la reforma constitucional se descontrolase abriéndose a otros asuntos. PNV, JxCAT y Ciudadanos sí aprovecharon para presentar enmiendas y exhibir algunas de sus reivindicaciones de máximos. El derecho a decidir, en el caso de los nacionalistas vascos, la posibilidad de otorgar amnistías, en el de los posconvergentes, o retirar las competencias en Sanidad y Educación a las comunidades autónomas, como ha propuesto la formación naranja. Sin embargo, la renuncia del Gobierno de coalición a limitar los aforamientos, que entra en contradicción con el aval del Congreso a reformar los estatutos de Baleares y Aragón para suprimirlo a los diputados autonómicos de estas comunidades, no será la única del programa de coalición.

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En la Moncloa, reconocen que pese a quedar temas “pendientes” del acuerdo de gobierno, “lo más relevante ya ha sido abordado en esta legislatura”. Concretamente, dejan fuera de su hoja de ruta el grueso de la reforma electoral. Tras derogar el voto rogado para los residentes en el exterior, se descartan las otras dos medidas para "modificar la fórmula electoral y mejorar la proporcionalidad del sistema" y "otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años".

La falta de consenso, en este caso con las comunidades autónomas, también llevará al Gobierno a dejar sin cumplir el compromiso de "aprobar un nuevo sistema de financiación". Un modelo que lleva caducado desde 2014 y que se planteó con el objetivo de resolver "las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual". El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyó esta medida en su discurso de investidura para aprobarla sin dilación y asumiendo la necesidad de pactarla con los conservadores. Finalmente, ni siquiera ha logrado alcanzar una propuesta de consenso en el seno de los dos principales partidos que gobiernan la mayoría de comunidades autónomas.

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En el plano legislativo, también quedan pendientes medidas del programa de coalición como una nueva ley de asilo, un plan nacional contra la corrupción, la universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años o un programa de acreditación de calidad de residencias de mayores. El calendario y las presiones del ciclo electoral alejan la posibilidad de que vean la luz antes de rematarse este mandato, más allá de las discrepancias entre los socios para consensuar algunas de ellas. La rebaja del IVA en los servicios veterinarios, también pactada entre PSOE y Unidas Podemos tras acordar la formación del Gobierno, ya fue descartada poco después de acordarse por falta de voluntad política.

Si desde el Gobierno asumen que las reformas y medidas más relevantes de su programa de legislatura ya han sido abordadas, se muestran satisfechos con el grado de cumplimiento. El año 2022 se remató con un grado de cumplimiento del programa de coalición del 69%. Algunos de ellos están activados y pendientes de ejecución, por lo que los cálculos de la Moncloa son elevar estas cifras hasta el 76% en el próximo semestre.

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La intervención de Pedro Sánchez en el primer pleno del año en el Congreso, marcado ya por los discursos electoralistas, hizo que cundiera entre los socios parlamentarios del Gobierno la sensación de fin de legislatura. Esto es, reducir la actividad legislativa al mínimo, pese a quedar por delante un periodo de sesiones. En esta línea se enmarcaron las advertencias del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien reprochó que “la vista” de Pedro Sánchez "está ya más puesta en la próxima legislatura".

Los socios asumen el cierre de su agenda de pactos

Una posición crítica frente a la que, como el resto de socios, conminó a seguir abordando los acuerdos de investidura todavía sin cumplir. En su caso, posiciones de máximos como es "el encaje nacional vasco". “Si no quiere avanzar", señaló reconociendo su pesimismo, "al menos tendrá que debatir y el último año de legislatura es el momento oportuno”. Desde Unidas Podemos, su portavoz, Pablo Echenique, reclamó la necesidad de ir más allá para frenar la subida de la cesta de la compra, reclamando que se topen los precios de los alimentos, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tildó las medidas del Ejecutivo directamente de "rácanas" y "limitadas".

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El líder de los republicanos en el Congreso, cuyo grupo ya mandó una señal de advertencia unas horas antes absteniéndose en la convalidación del decreto anticrisis, advirtió de que si algo sacará a Sánchez de la Moncloa tras las próximas elecciones generales, será su "exceso de prudencia en lo social" para "paliar lo dura que se está poniendo la vida para la gente".

La necesidad de marcar distancias con los rivales y afianzar un perfil propio, así como de alejar de la agenda asuntos polémicos o que no casen con las reivindicaciones de máximos de cada formación, complica los acuerdos en un escenario de fragmentación parlamentaria con un Ejecutivo en minoría y aboca la actividad legislativa al mínimo imprescindible. Más si cabe la del Ejecutivo, que asumía ya hace unas semanas que los proyectos de ley que no pasasen por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año no tendrían tiempo para finalizar su tramitación parlamentaria esta legislatura. Las iniciativas del Ejecutivo se verán abocadas a partir de este mes de enero a hacerlo a golpe de decreto, como es el caso de las reformas comprometidas con Bruselas, de las que dependen los desembolsos del fondo de recuperación. Sobre algunas de ellas, como la reforma de las pensiones, socios como EH Bildu ya aprovecharon el debate de este miércoles para marcar distancias.