La AN expone a Santander y PwC al riesgo de pagos millonarios a 22.500 afectados del Popular

El caso Banco Popular coge una nueva dimensión. Tras más de seis años y medio de instrucción, el juez José Luis Calama hizo públicas sus conclusiones este lunes, apuntando a un agujero de 2.500 millones ocultado (falsedad contable) por los gestores del banco y sus auditores (PwC) y a otro delito de estafa por la ampliación de capital de 2016.

Aunque el auto es todavía preliminar a la espera de recursos y de los escritos de acusación y defensa, enfila el caso hacia un juicio oral que podría dirigirse contra 14 responsables de la presunta estafa. Más allá de las posibles penas que se impusieran, la otra gran incógnita que resuelve al auto de Calama es quién pagaría a los perjudicados: los trece exdirectivos y exconsejeros señalados en el escrito, liderados por el expresidente Ángel Ron, la auditora PwC y, muy posiblemente, Banco Santander, que, al comprar la entidad en 2017, se convirtió en responsable civil subsidiario de las hipotéticas irregularidades cometidas por los gestores.

Hay mucho dinero en juego, ya que el auto de la Audiencia revela que hay 22.500 perjudicados personados en el juzgado, que reclama una indemnización por la presunta estafa. Y entre ellos hay grandes inversores como la gestora de fondos Pimco, el empresario chileno Androniko Luksic y otros fondos y empresas que, solo entre ellos, ya reclaman unos 1.000 millones de euros.

En este tipo de causas, las grandes corporaciones son las que suelen terminar pagando las indemnizaciones, de ahí que las acusaciones se empeñen en incluir a sociedades mercantiles entre los imputados. En el caso de los exdirectivos y exconsejeros, las ejecuciones de sentencia suelen acabar en embargos que no cubren más que una mínima parte del daño.

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J. Z.

Las situaciones de Santander y PwC en este caso son diferentes. PwC está imputada como persona jurídica y, según Calama, debería sentarse en el banquillo junto a sus dos ex socios (José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio) por haber sido cooperador necesario de los delitos de estafa y falsedad contable. Según el auto, PwC tuvo evidencias sobre la mesa para, al menos, poner salvedades a las cuentas del banco, pero no lo hizo para mantener a la entidad como cliente.

Desde PwC señalan de forma oficial que "la decisión no es firme" y que la van a recurrir. "Seguiremos colaborando" con el tribunal como "hasta la fecha" y "defendiendo la integridad de nuestro trabajo" y el de "nuestros profesionales". La inclusión de la Big Four sorprendió en el mundo auditor tras el último precedente de BDO en el caso Pescanova, en el que el Tribunal Supremo eximió a la firma y a su responsable al no haber encontrado pruebas directas de una colaboración en la falsedad contable, más allá de posibles negligencias. Además, en PwC se aferran a que en el pasado ha habido casos en los que el auto de transformación apuntan a los auditores, y finalmente no se sientan en el banquillo, como en el de DIA y KPMG.

La batalla de Santander

El caso de Santander es distinto, ya que estuvo imputado en el caso, pero dejó de estarlo gracias a un recurso ganado en apelación. Aun así, Calama y la Audiencia han mantenido al banco como responsable civil subsidiario, lo que implica que podría tener que cubrir aquellas indemnizaciones que no lograran afrontar los responsables del caso. Tras la caída del Popular en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, Banco Santander se erigió en el comprador por el precio simbólico de 1 euro pero con la obligación de asumir los riesgos legales, que en ese momento se situaban en una horquilla de entre 1.300 millones y 3.500 millones de euros.

El magistrado dice que será en el auto de apertura de juicio cuando se decida si Santander sigue con esta figura, aunque da a entender que así será. Y para ello expone el caso de una multa por blanqueo del Popular que el banco presidido por Ana Botín intentó no asumir llevando la causa hasta el Constitucional, y que perdió finalmente. "La responsabilidad del entonces Banco Popular, hoy fusionado por absorción con el Banco Santander, deberá ser asumida por este último al haber quedado subrogado en sus obligaciones", afirma Calama, que también recuerda que cuando Santander analizó la compra del Popular ya hizo cálculos del importe tendría que devolver a afectados (entre 1.300 y 3.500 millones).

El resto del auto de Calama (de 178 páginas) describe los hechos por los que los gestores del Popular habrían ocultado (por acción u omisión) durante mucho tiempo un agujero de miles de millones, que terminó aflorando a través de dos inspecciones del Banco Central Europeo (BCE).

Frente a ello, Ron defendió en un comunicado que Popular era "viable, rentable y solvente" antes de su resolución, y que las conclusiones de las inspecciones del BCE eran prudenciales, no contables. Además, recuerda que el consejo invirtió 500 millones en la presunta estafa de la ampliación de 2016.

Otra de las grandes novedades del auto de Calama frente a anteriores casos es que se quedaría fuera del juicio gran parte del consejo de administración. Y en parte por una maniobra de Ron, que según Calama informó al consejo con muy poco tiempo de antelación de la ampliación, para dejar menos margen de maniobra y controlar la operación. Lo que en su momento fue una derrota para alguno de estos consejeros que estaba en contra de la ampliación, ayer se convirtió en un alivio.