El juez Calama ultima el auto para llevar a juicio la quiebra de Banco Popular

La quiebra de Banco Popular está un paso más cerca de llegar al banquillo. El juez José Luis Calama, que investiga las cuentas y resolución de la entidad desde hace seis años, ha dictado un escrito en el que anuncia que habrá auto de transformación. Es decir, que no va a archivar la causa y va a proponer que la Fiscalía Anticorrupción y los afectados presenten escritos de acusación.

"Dada cuenta; y visto el estado de las actuaciones, se acuerda poner en conocimiento de las partes personadas que el auto de transformación en procedimiento abreviado —en proceso de finalización— se les notificará en la primera quincena del mes de febrero", expone la providencia, a la que ha tenido acceso este medio.

En los últimos tiempos, Calama ha investigado a fondo la gestión contable de Banco Popular y la ampliación de capital de 2016, de 2.500 millones de euros, bajo la presidencia de Ángel Ron. También los hechos que se produjeron desde la salida del banquero gallego hasta la resolución de junio de 2017, bajo el mandato de Emilio Saracho.

Ron y Saracho son los principales investigados de esta causa, que tiene decenas de imputados entre miembros del consejo de administración, directivos del banco y los auditores, de PwC. En el entorno del caso se da por hecho que el juez Calama y el fiscal Antonio Romeral harán un filtro de los investigados antes de llevarlos al banquillo, al contrario de lo que sucedió en el caso Bankia.

Durante la instrucción, tanto el juez como el fiscal se han enfocado mucho menos en la etapa de Saracho que en la de Ron, por lo que hay incluso rumores de que el primero pueda evitar el banquillo. En el caso de Ron, pidió el sobreseimiento parcial de la causa alegando que, cuando él dejó el banco a finales de 2016, cumplía todos los requisitos de capital y de liquidez. Está todavía pendiente de una respuesta, que podría darse en el auto de transformación.

Una de las grandes incógnitas es si Calama mantendrá a Banco Santander como responsable civil subsidiario. El banco presidido por Ana Botín estuvo durante años imputado al quedarse Popular, pero un auto de la Sala de lo Penal fijó que no podía ser heredero penal de su filial. Santander intentó posteriormente evitar también la herencia civil, que le podría llevar a asumir el impacto de una sentencia millonaria, pero Calama rechazó su petición, dejando la decisión para más adelante.

Cientos de millones en juego

En el caso Popular hay personados cientos de inversores, algunos con pérdidas declaradas de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.

En el mundo judicial hay muchos ojos puestos en qué decisión toma el juez Calama tras el precedente de Bankia, en el que la Audiencia y el Supremo no vieron delitos contables; y el de la ampliación de capital de Popular de 2012, que ha sido recientemente archivado con un informe del Banco de España que podría impactar en la pieza de la ampliación de 2016. Este auto está recurrido. Respecto a lo primero, todo apunta a que la Fiscalía acusará por delitos contables y de estafa por la ampliación de 2016, y que adaptará su escrito tras las lecciones aprendidas del caso Bankia.

Junto al escrito de Ron, también está pendiente de resolver el presentado por los auditores de PwC, que se aferraron a la doctrina Pescanova para que se archive el caso respecto a ellos. En el caso de la pesquera gallega, BDO fue absuelto al no haber pruebas de que participaron en ninguna irregularidad.