La Fiscalía ve indicios para acusar en la caída del Popular a pesar de la 'doctrina Bankia'

Los principales protagonistas del caso Banco Popular toman posiciones. En los últimos días, varios investigados, entre ellos el expresidente Ángel Ron, han pedido el archivo parcial de la causa. Sin embargo, todo apunta a un posible juicio que podría anunciar el juez José Luis Calama antes de verano y que apoyaría la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.

Tanto el magistrado como el fiscal Antonio Romeral han dado señales durante los últimos años de sus sospechas de que pudo haber delitos contables y de estafa en torno a la entidad, que fue vendida al Santander por un euro en junio de 2017.

El juez Calama cerró la instrucción a finales de abril y el próximo paso debería ser el archivo del caso o que dicte un auto de procedimiento abreviado, en el que confirmaría los presuntos delitos que ve y daría traslado a la Fiscalía y demás partes para que formulen acusaciones. Según fuentes próximas a Anticorrupción, la posición actual es apoyar que el caso vaya a juicio oral con un listado de acusados menor del actual.

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Jorge Zuloaga

Una de las grandes dudas legales que hay en el mundo jurídico es el impacto que tendrá la doctrina que se fijó en el archivo del caso Bankia para esta causa, con grandes paralelismos. Uno de los grandes argumentos que se usaron para exonerar a Rodrigo Rato y al resto de acusados de la entidad nacionalizada en 2012 fue que los supervisores estuvieron en todo momento al corriente de lo que ocurría y aprobaron sus principales decisiones. Aun así, dichas fuentes creen que el caso Banco Popular tiene más pruebas para sostener una acusación.

Mientras que el juicio de Bankia se centró principalmente en los motivos de la reformulación de cuentas de 2012 y si estos debían haber aflorado en la salida a bolsa de julio de 2011, en el caso Popular el juez y los fiscales han tratado de profundizar en más presuntas irregularidades: financiación de acciones del banco en la ampliación de 2016; las tasaciones inmobiliarias; la refinanciación de clientes a través de sociedades en Luxemburgo (Thesan Capital), y el agujero de casi 4.000 millones aflorado por dos inspecciones del BCE, de 2016 y 2017.

Estos hechos giran en torno a la gestión del banco en la etapa presidida por Ron, hasta comienzos de 2017. Pero la Audiencia también ha investigado la gestión de su sucesor, Emilio Saracho, por la posible manipulación de la acción, sobre la que lleva tiempo sin realizar ninguna actuación ni pedir diligencias adicionales.

Los dos últimos presidentes de Banco Popular han estado enfrentados tanto dentro como fuera del tribunal. Ron culpa a Saracho de haber conducido el banco a la resolución por una mala gestión. Y este último argumenta que cuando llegó la entidad estaba mucho peor de lo que cabía esperar, por lo que no tuvo margen de maniobra.

Factura millonaria

Junto a ellos, hay decenas de investigados en el caso, entre los que figuran principalmente exconsejeros y exdirectivos del banco. Una de las opciones que podrían estar valorando los investigadores es ceñir el posible juicio a los principales responsables, para no afrontar un macrojuicio como el de Bankia y evitar la pena de telediario de muchos de los actuales imputados. Otra de las decisiones que tendrán que tomar tanto Calama como el fiscal Romeral es si mantienen a Santander como responsable civil subsidiario. Junto al banco, también está en el foco la antigua auditora PwC, y dos socios que han pedido el archivo.

Junto a las posibles condenas, en este caso hay mucho dinero en juego, debido a todos los perjudicados que se han ido personando en los últimos años, entre los que hay grandes fondos como Pimco, inversores internacionales como Luksic y muchos pequeños inversores.

En su escrito, Ron argumenta que los supervisores (Banco de España y BCE) y todas las Big Four dieron el visto a su contabilidad año tras año, como ocurrió con Bankia. Y se desmarca de potenciales irregularidades que hubieran podido cometer en su equipo directivo. Ahora es el turno del juez y el fiscal de dar los siguientes pasos.