Los auditores de PwC en Banco Popular reclaman la doctrina BDO-Pescanova

Los auditores de PwC en Banco Popular piden dejar de estar imputados antes del fin del caso. José María Sanz Olmeda, auditor del banco hasta 2016, y Pedro Barrio, que reemplazó a su colega hasta la resolución, han enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que piden el archivo de la causa para ellos, al que ha tenido acceso este medio. Ambos están representados por el exfiscal Anticorrupción Daniel Campos.

Sanz Olmeda y Barrio se aferran a tres argumentos para solicitar el archivo: la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en el caso Pescanova, en que se ha liberado de responsabilidad al auditor, BDO; que la firma puso párrafos de énfasis en las cuentas del Popular, y que, a su juicio, la contabilidad de la entidad presidida por Ángel Ron era correcta.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo absuelve a BDO Auditores y rebaja el resto de la condena del caso Pescanova

J. Zuloaga

El escrito de Campos hace mención directa a la sentencia del Supremo del pasado 10 de febrero con el caso Pescanova: "Considera imposible atribuir cualquier tipo de responsabilidad penal al auditor cuando no conste, de manera inequívoca y precisa, que este tuviera conocimiento de las irregularidades contables tan extensamente glosadas, ni de que el mismo hubiera en algún momento resuelto sumarse al plan diseñado por el Presidente de la empresa auditada, de forma idónea para causar un perjuicio a esta, a alguno de sus socios o a un tercero (artículo 290 del Código Penal) o con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio (artículo 282 bis)".

Respecto a ello, el escrito de los dos auditores añade que "en ningún momento se ha acreditado, ni han surgido indicios o sospechas, de la existencia de ese concierto entre el auditor externo con los administradores del Banco Popular".

Ampliación de capital

Sanz Olmeda y Barrio continúan su exposición defendiendo que ninguno de ellos tuvo participación alguna en la ampliación de capital de junio de 2016, sobre la que gira el caso. Exponen que el primero dejó sus funciones de auditoría del Popular en febrero de ese año, cuando la ampliación no estaba sobre la mesa, y que Barrio solo realizó un informe de revisión limitada (menos responsabilidad), en el que puso un párrafo de énfasis (advertencia del auditor sobre riesgos). En él, avisaba de que el banco podría acabar el año en números rojos por las provisiones extraordinarias, como terminó ocurriendo. Lo mismo ocurrió en las cuentas del cierre de 2016:

"Su actitud, por tanto, más allá de la total ausencia de cualquier sospecha de connivencia con los administradores, es manifiestamente incompatible con una finalidad de engañar al usuario de la información financiera de la situación económica del Banco Popular. Antes, al contrario, el informe emitido por mi representado debería haber servido para que los inversores comprendieran mejor el destino de la ampliación de capital y los riesgos derivados de la misma", explica su abogado.

Estos dos auditores cuestionan que las cuentas del Popular estuvieran mal, como dicen las acusaciones del caso. Creen que los informes del Banco Central Europeo (BCE) que descubrieron un déficit de provisiones no implican que las cuentas del pasado estuvieran mal. Y para ello hacen referencia a su informe pericial, elaborado por el exinspector del Banco de España José Antonio Iturriaga: "La naturaleza y objeto de las inspecciones periódicas del BCE es prudencial y prospectiva, y no contable. No tienen carácter de totalidad o de revisión de conjunto, sino que se realizan en base a muestras concretas que, no necesariamente, son extrapolables o siguen criterios estadísticos, y que pueden y suelen ser sesgadas por tener atributos concretos".

Sanz Olmeda y Barrio también se escudan en el BCE y el Banco de España, como ocurrió con las defensas en el caso Bankia. Afirman que los supervisores tenían información actualizada sobre los posibles deterioros del Popular, y dieron el visto bueno a las provisiones que se diseñaron para la ampliación de capital de 2016: "Si nada objetaron estos supervisores, siendo conocedores de los avances de la inspección llevada a cabo por la OSI [inspección in situ], difícilmente puede reprocharse nada, desde luego a los auditores".

El caso Banco Popular está actualmente en una transición entre el cierre de la instrucción, decretado hace un mes, y la decisión del juez de abrir juicio oral o archivarlo. Algo que las fuentes consultadas creen que ocurrirá en julio. En este contexto, es difícil que el juez José Luis Calama desimpute a los dos auditores de PwC, a semanas de su decisión final del caso. Pero para lo que sí podría valer este escrito es para liberarles de un posible juicio.