Ron pide el archivo del caso Banco Popular y carga contra la gestión de Saracho

Los principales acusados del caso Banco Popular toman posiciones ante el final de la investigación de la Audiencia Nacional. Ángel Ron, expresidente de la entidad, ha presentado un escrito ante el tribunal en el cual solicita el archivo del caso para él y carga contra la gestión de su sucesor, Emilio Saracho.

"Cuando llegó Saracho, no había crisis de liquidez alguna" o "el perjuicio al inversor, incluido a mí, debe buscarse en causas posteriores a mi mandato y ajenas a mi gestión", son algunas de los dardos que deja el escrito del banquero gallego, imputado en la Audiencia desde que se abrió la investigación en septiembre de 2017.

Esta petición llega en el tramo final del caso, que el juez José Luis Calama decidió finalizar a finales de abril. Tras este hito, se están terminando de realizar las últimas diligencias pendientes y se espera que el juez empiece en unas semanas a preparar la apertura del juicio oral. Al igual que Ron, los dos socios auditores de PwC que revisaron las cuentas de Banco Popular han solicitado recientemente el archivo del caso, como publicó este medio.

TE PUEDE INTERESAR

Los auditores de PwC en Banco Popular reclaman la doctrina BDO-Pescanova

Jorge Zuloaga

Entre los argumentos que el abogado de Ron, José Antonio Choclán, expone ante el juez destaca la defensa de las cuentas y solvencia de Popular durante su presidencia: "El Banco, durante el mandato del Consejo presidido por mi mandante, cumplió holgadamente con los ratios regulatorios y las cuentas reflejaban la imagen fiel de la entidad".

"La causa de la resolución, como decimos, no fue un problema de solvencia del banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos", añade el escrito.

Defensa

Ron fue presidente de Banco Popular desde 2004 hasta comienzos de 2017. Salió tras una guerra en el consejo en la que se impuso un bloque liderado por el accionista mexicano Antonio Del Valle. La exposición de la entidad al ladrillo le había forzado ampliar capital en junio de 2016 (2.500 millones) y tenía a la entidad en el foco. Le sustituyó Saracho, bajo cuyo mandato la entidad sufrió una fuga de depósitos que derivó en la resolución y venta a Santander el 7 de junio de 2017.

Según la defensa de Choclán, cuando Ron dejó la entidad tenía un patrimonio neto de 11.088 millones y una capacidad de generación de resultados de 1.150 millones en 2017. Lo que unido a la venta parcial del ladrillo del banco (Proyecto Sunrise) y de WiZink daban margen de supervivencia a la entidad, según su versión.

Por su parte, Saracho ha defendido en reiteradas ocasiones que la situación del banco era crítica por la insuficiencia de provisiones en el ladrillo, por una inspección que tenía en marcha el Banco Central Europeo (BCE) y por la falta de credibilidad de la entidad en el mercado.

Ron hace mención directa en su escrito a declaraciones en el juzgado o, en su día, a la entidad de primeros espadas como Mario Draghi, expresidente del BCE, Luis María Linde, exgobernador del Banco de España, o Sebastián Albella, expresidente de la CNMV, que le beneficiarían. Sobre el italiano, expresa que les dio el visto bueno a todas las cifras del Popular en 2014 y 2015. De Linde, recuerda sus palabras en la Audiencia afirmando que el banco pasó limpio a estar supervisado por el BCE a finales de 2014. Y de Albella recuerda que supervisó "a fondo" la ampliación de capital de 2016, dejando claro que no había ningún tipo de potencial responsabilidad para el consejo.

El banquero gallego también intenta tumbar los posibles indicios de delito por la financiación de acciones, las tasaciones y las conclusiones de las inspecciones del BCE. Según Choclán, los créditos dados a clientes para acudir a la ampliación de 2016 tuvo un efecto contable mínimo y el consejo se involucró hasta el punto de suscribir títulos por 500 millones.

Dardos internos

Ron defiende que su política de tasaciones estuvo revisada por el Banco de España y varias Big Four y se ajustaba a la normativa contable. Y sobre las inspecciones, que dieron como fruto provisiones de casi 4.000 millones, cree que no tienen efectos sobre las cuentas anteriores.

Respecto a otras investigaciones como la relación con Thesan Capital para refinanciar clientes, el expresidente se lava las manos y asegura que su responsabilidad se limita a la ampliación y resto de cuestiones que llegaron al consejo: "El Sr. Ron solo participó en la aprobación de la ampliación de capital de mayo de 2016, no teniendo competencia, conocimiento o intervención en el resto de las cuestiones que se investigan en las presentes diligencias previas". "Mi representado tenía atribuidas funciones en el organigrama del banco que dependían de la confianza en el cumplimiento por otros", añade. Por ello, pide que se le aplique la misma doctrina que a Antonio Brufau (Repsol) y a Isidro Fainé (La Caixa) en el caso Villarejo.