El Supremo acumula más de 1.000 recursos por Popular y pregunta a Europa

La batalla legal de Banco Popular está lejos de acabar. Las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no han detenido la guerra, tan solo la han transformado. Cada vez más antiguos accionistas de la entidad resuelta en 2017 se personan en la vía penal como camino más despejado para recuperar su dinero. Y en la vía civil, el Tribunal Supremo tiene todavía pendientes más de 1.000 recursos y ha tenido que recurrir de nuevo a Europa para resolver una cuestión prejudicial, según un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Los tribunales españoles han hecho interpretaciones dispares de los diversos preceptos de la Directiva 2014/59/UE con relación a las medidas de resolución de Banco Popular, que han conducido a que las soluciones dadas a los litigios sean variadas. Ello ha provocado la existencia de un número considerable de recursos de casación sobre esta cuestión ante el Tribunal Supremo, que se cifran en este momento en más de mil", expone el auto del pleno de la Sala de lo Civil del Supremo, del pasado 15 de diciembre.

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Nacho Alarcón. Bruselas Jorge Zuloaga

Uno de estos recursos es el que ha llevado al alto tribunal a elevar una nueva cuestión prejudicial al TJUE. El auto recuerda que el tribunal de Luxemburgo decidió el pasado 5 de mayo que "quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad o dicha empresa, antes del inicio de tal procedimiento de resolución, ejerciten, contra esa entidad o esa empresa o contra la entidad que la suceda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto".

En esta sentencia, Europa consideró que Santander no tendría que afrontar sentencias en contra de accionistas de Popular, aunque fueran por estafa de la ampliación de 2016 o mala comercialización. Lo hizo argumentando que hay un bien superior: la normativa de resolución y la unión bancaria, que fijan normas para que los rescates de entidades no cuesten dinero a los contribuyentes.

Enriquecimiento injusto

En el caso tratado, los inversores no compraron acciones sino deuda subordinada en 2011, que en la resolución de 2017 fue amortizada y valorada a cero. Por ello, el Supremo considera que tiene que haber una aclaración por parte de Europa.

Uno de los argumentos de los inversores que presentaron el recurso es que Santander valoró las demandas que afrontaba Banco Popular, lo que "redujo el valor" de la entidad "para fijar el precio de la transmisión del negocio". Por ello, añaden, "no puede privarse a los adquirentes de estos productos del ejercicio de las acciones de nulidad de los contratos de suscripción de tales productos financieros frente a Banco Santander, pues supondría un injustificado enriquecimiento de esta entidad, que habría pagado un precio irrisorio por el negocio, entre otras razones por la elevada litigiosidad que afectaba a tal negocio, pero que posteriormente se vería liberada de los efectos negativos de tal litigiosidad".

Esta es una línea legal que siguen desde hace años los abogados de Fieldfisher España, que tienen abierto un recurso en el Supremo. Este despacho ha presentado recientemente un escrito ante el alto tribunal con nuevos hechos que refuerzan su tesis al considerar que la sentencia de mayo del TJUE contradice a otra de junio, en la que se dio por bueno el informe de Deloitte, que valoró Popular con el posible coste que afrontaría de demandas.

"La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de mayo de 2022, excluye la responsabilidad del Banco Santander por las contingencias existentes en la ampliación de capital del año 2016, lo que supone un claro enriquecimiento injusto del Banco Santander de 1.200 millones en el mejor escenario, 2.700 millones en el escenario base y hasta 4.100 millones en el peor", expone el escrito.