Accionistas de Banco Popular recusan al juez Andreu en la apelación de 2012

El archivo de una de las líneas de investigación del caso Banco Popular se encuentra con una piedra en el camino. Varios antiguos accionistas de la entidad, representados por el bufete Durán & Durán, han presentado un incidente de recusación contra uno de los jueces que tenían que decidir el próximo lunes si se admite su recurso de apelación: el magistrado Fernando Andreu.

El despacho de Miguel Durán alega en su escrito que Andreu no puede decidir sobre su petición, ya que fue el primer juez del caso Banco Popular entre 2017 y 2018, hasta que abandonó su cargo en el Juzgado de Instrucción número 4, en el que le sustituyó José Luis Calama. Durante estos dos años, añaden en la recusación, el magistrado se negó en varias ocasiones a investigar los hechos sobre los que ahora tiene que decidir.

Así, el recurso de apelación se ha presentado ante el archivo provisional de la pieza secundaria del caso Banco Popular, que abrió el juez Santiago Pedraz para investigar la ampliación de capital de 2012. La principal es la de la ampliación de 2016, que recayó inicialmente sobre Andreu y posteriormente pasó a Calama. Durante su paso por el caso, el magistrado recusado siempre se negó a abrir una macrocausa que abarcara las dos ampliaciones.

"Recusamos al Ilmo. Sr. D. Fernando Andreu Merelles, pues objetivamente ha perdido su apariencia de imparcialidad porque ya ha intervenido en este asunto, dado que, como hemos expuesto, ha dictado resoluciones que realmente tienen relevancia para el presente procedimiento, pues inadmitió las solicitudes en las DP 42/2017 de investigar la ampliación del Banco Popular en 2012, por tanto, ya ha conocido en una causa anterior sobre estos mismos hechos", expone el escrito del incidente de recusación.

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Junto a Andreu, hay otros dos magistrados encargados de decidir sobre el recurso de apelación contra el archivo de la causa: el juez Joaquín Delgado y la jueza María Teresa García Quesada. Estaba previsto que se reunieran el próximo lunes 11 de diciembre para deliberar sobre el recurso, aunque la recusación podría retrasar el proceso. En el sector legal, ha sorprendido la celeridad con la que se ha reunido el tribunal y ha fijado la fecha para deliberar, ya que el archivo por parte de Pedraz se produjo el 2 de noviembre y el recurso se presentó 11 días después, el pasado día 13. En esta pieza hay mucho en juego, ya que hay buena parte de los inversores que pusieron 2.500 millones en la ampliación del banco pendientes de reclamar.

El juez Pedraz se apoyó para el archivo en las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y del informe pericial elaborado por inspectores del Banco de España. El auto del magistrado resaltó que la ampliación de 2012 se produjo en un contexto de "grave crisis económica mundial" y que se hizo "para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal". Y destaca que "se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes".

Una ampliación "beneficiosa"

En este sentido, expone que se presentó toda la "información legamente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma". Y resta importancia a casi 4.000 millones en dudosos que tenían que ser reclasificados, y que se dejaron para 2013: "Sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores". Y concluye afirmando que la ampliación resultó "beneficiosa" para "los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción".

Frente a ello, el recurso de apelación de los antiguos accionistas critica punto por punto el informe pericial del caso, del que resalta diversas contradicciones, y critica que el juez Pedraz haya dejado la instrucción a medias al no llamar para ratificar el informe a sus autores: "Es otra evidencia mayúscula de que la instrucción no está agotada, pues deberán aclarar los señores inspectores-peritos del Banco de España si el Banco Popular decidió no reclasificar 4.796 millones de euros relativos a créditos dudosos por su cuenta y riesgo". "Del mismo modo que habrán de explicar en qué lugar del folleto de emisión de la ampliación del Banco Popular se informaba sobre todo lo anteriormente expuesto", añade.

Mientras se decide recurso, el juez Calama sigue sin dictar un auto de final de su instrucción, en el que se sabrá si envía la ampliación de 2016 a juicio oral o lo archiva. Aunque todo apunta a lo primero, el archivo de la causa de 2012 ha despertado cierta desconfianza entre algunas acusaciones.