La JUR desvela de rebote la factura legal de Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) hace un roto involuntario a Banco Santander. El máximo organismo europeo de resolución de entidades financieras ha desvelado de forma indirecta las contingencias legales de Banco Popular, algo que el banco presidido por Ana Botín quería evitar por riesgo en los tribunales.

Así figura en un escrito al que ha tenido acceso este medio, en el que la JUR responde a una solicitud de información de un inversor perjudicado por la resolución del Popular. La institución europea accede a desclasificar parte de la información de la valoración en la resolución de la entidad. Al hacerlo, ha desvelado los ajustes que había previstos por rupturas de alianzas. Con este dato se puede calcular, mediante una resta, el de contingencias legales, que pedía ocultar Santander.

Así, Deloitte estimaba que tendría que asumir ajustes por demandas de entre 1.300 millones en el mejor escenario, hasta 3.500 millones en el peor. En el escenario central, el que se usó para vender Popular a Santander, era de 2.400 millones.

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EFE

Estas cifras son claves, ya que pueden ser argumentadas por perjudicados de Banco Popular ante el Europeo y también ante tribunales españoles, que están desestimando sus demandas por la necesidad de proteger la resolución. Hay abogados que sostienen en procesos abiertos que esta situación estaría reportando un beneficio extraordinario a la entidad presidida por Botín.

Estos 2.400 millones no solo incluyen posibles demandas de accionistas y bonistas, también de otros frentes que tenía abiertos el Popular por las cláusulas suelo, el gasto de las hipotecas y las cláusulas suelo, entre otras.

“Aunque han pasado más de cinco años desde la resolución del Banco Popular, el Santander, una vez consultado, subrayó que la excepción relativa a sus intereses comerciales debería seguirse, ya que existen muchas reclamaciones pendientes, y semejante información puede utilizarse por los clientes en las reclamaciones pendientes (o nuevas en el futuro) contra el Banco Santander. Además, esto permitiría a la competencia del Banco Santander obtener acceso de los costes del Banco Popular (actualmente, Banco Santander)”, expone la carta de la JUR, enviada al abogado español Bernardo Cremades.

Este documento llega en un momento en el que se han cerrado la mayor parte de las puertas a los antiguos accionistas y dueños de bonos del Popular. La sentencia de mayo de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se cerró la puerta a demandas.

Procesos

"Garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero y evitar un riesgo sistémico son objetivos de interés general perseguidos por la Unión. Por ello, aunque hay un claro interés general en garantizar una protección fuerte y coherente de los inversores en toda la Unión, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general, consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero", exponía el tribunal europeo.

Desde entonces, muchos inversores están acudiendo a la Audiencia Nacional para reclamar el dinero perdido. Este tribunal está cerca de decidir si abre juicio oral, en el que podrían ser indemnizados los antiguos accionistas y bonistas. De momento, Santander es responsable civil subsidiario.