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Los afectados por el Popular preparan alternativas legales tras el varapalo europeo
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Los afectados por el Popular preparan alternativas legales tras el varapalo europeo

El TJUE deja en el limbo más de 16.000 demandas del Popular. Aeris (Luksic) ya ha planteado nuevas cuestiones prejudiciales y ve recorrido a alternativas legales a la sentencia

Foto: Antigua oficina de Banco Popular en Barcelona. (EFE/Andreu Dalmau)
Antigua oficina de Banco Popular en Barcelona. (EFE/Andreu Dalmau)
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Los afectados por la caída de Banco Popular no dan por perdida la guerra, aunque asumen que han sido derrotados en la batalla más importante. Así se resumen las reflexiones que hacían este jueves en algunos de los principales bufetes especializados en esta causa tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha cerrado la puerta a reclamaciones de antiguos accionistas y bonistas del banco por errores en el folleto.

Esta decisión judicial deja tocadas (con mal pronóstico) más de 16.000 demandas que hay actualmente en marcha entre las presentadas y las recurridas por Santander. De hecho, en algunos bufetes reconocen que no queda más alternativa que renunciar a ellas y confiar en que Santander lo acepte sin imponer a sus clientes las costas judiciales. Algo sobre lo que el banco no se pronunció.

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A pesar de ello, hay abogados que mantienen que sigue habiendo caso. Entre ellos, los de Aeris Invest, la sociedad europea del millonario chileno Andrónico Luksic. Fuentes próximas a su defensa señalan estar "muy tranquilos" debido a que hay "cuatro acciones alternativas" que plantearon en su demanda en España que no se verían afectadas por la sentencia del TJUE. En este proceso, cuya vista tendrá lugar pronto, reclaman 113 millones a Santander.

Además, desde Aeris están también pendientes de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo sobre si se anula o no la resolución del Popular, algo que se sabrá el 1 de junio, y plantearon nuevas cuestiones prejudiciales antes de que se conociera la sentencia de este jueves. Sobre esta decisión, afirman que "Europa ha protegido la unión bancaria" y se ha "olvidado de los derechos" de los inversores que perdieron su dinero.

Enriquecimiento injusto

Frente a ello, Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado de Pérez-Llorca, bufete que ha asesorado a Santander, defiende que "la sentencia es muy contundente y hace un esfuerzo para dejar claras las normas de resolución, algo importante no solo en este caso sino a nivel europeo para futuros problemas bancarios".

En la misma línea que la defensa de Aeris, desde Fieldfisher España, su presidente, Jordi Ruiz, señala que las alternativas que quedan son demandar por enriquecimiento ilícito a Santander, que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo, y esperar a la sentencia europea del 1 de junio.

Santander contó con apoyo de Italia y Portugal, y tuvo en contra a España

Las críticas a la sentencia europea se extendieron este jueves entre asociaciones como Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), que valoran "que supone volver al punto cero y genera una inseguridad jurídica mayúscula". "El tribunal europeo responde a la pregunta equivocada: aquí no se discutía si el inversor podía recuperar el dinero tras la quiebra del banco, aquí hay que dilucidar si hubo un engaño al inversor por un falseamiento de las cuentas", por lo que no descartan plantear nuevas cuestiones prejudiciales. También tomará medidas en Europa la asociación Adicae.

Santander contó con el apoyo en este caso de abogados que representaron a países como Italia y Portugal, mientras que España se posicionó del lado de los demandantes. Rodríguez Cárcamo cree que también es de aplicación en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, de forma que en caso de haber sentencia condenatoria, Santander no sería responsable civil subsidiario.

Los afectados por la caída de Banco Popular no dan por perdida la guerra, aunque asumen que han sido derrotados en la batalla más importante. Así se resumen las reflexiones que hacían este jueves en algunos de los principales bufetes especializados en esta causa tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha cerrado la puerta a reclamaciones de antiguos accionistas y bonistas del banco por errores en el folleto.

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