Nueva 'doctrina Santander': la Audiencia le exime de responsabilidad penal por Popular

Victoria de Santander en los tribunales. La entidad presidida por Ana Botín se ha impuesto en un recurso clave de la compra de Banco Popular. La Sala de lo Penal le ha dado la razón eximiendo a la entidad de la responsabilidad penal del caso que investiga presuntas irregularides en Popular. La Sala revoca así el criterio marcado en dos ocasiones por el juzgado número 4 de instrucción y por la Fiscalía Anticorrupción.

La Sala lo decide "en este momento procesal, sin perjuicio de lo que más adelante y consecuencia del resultado de las diligencias de investigación practicadas pudiera resultar, manteniéndose su legitimación en calidad de responsable civil".

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De esta forma, Santander podrá tener que seguir encargándose de la potencial factura legal para indemnizar a los damnificados por la caída de Popular, algo que se decidirá al final de instrucción. De momento, este caso está en la fase más importante tras la presentación del informe pericial de dos inspectores del Banco de España, que advierten de fallos en la ampliación de capital de 2016.

"El Banco Santander ninguna imputación ni responsabilidad tenía como consecuencia de los hechos que se investigan. No se puede trasladar, sin más a aquella, los posibles de defectos de organización de la entidad absorbida, ni la existencia de una cultura de incumplimiento de la norma, susceptibles de reproche penal, porque de ser así, sí se estaría produciendo una vulneración del principio de personalidad de las penas y del de culpabilidad", expone la sentencia.

Consecuencias

Esta decisión de la Audiencia es un golpe para muchas acusaciones del caso, que querían que Santander estuviera imputada como medida de presión para negociar posibles acuerdos. Más allá de que se haga cargo de las indemnizaciones como responsable civil, una empresa puede incluso ser cerrada por una sentencia penal.

Esta victoria de Santander será muy discutida en los tribunales por sus implicaciones. Hasta hace unos meses estaba imputada en el caso Banco Popular, como persona jurídica. Al fusionarse con Santander, han dejado de estar los dos. Todo apunta a que tendrá que pronunciarse posteriormente el Supremo, ya que abre la puerta a que otras sociedades investigadas se acojan a la misma doctrina.