Pimco y Luksic critican el "escapismo" de Santander en el caso Banco Popular

Fuego de artillería contra Santander en el caso Banco Popular. Grandes inversores que perdieron su dinero en la resolución de 2017 cargan contra el banco por su recurso para que la Audiencia retire su imputación en la causa. Lo han hecho con varios recursos de oposición presentados este mismo jueves.

Este frente lo lideran los fondos anglosajones Algebris y Anchorage, a los que se han unido otros grandes inversores como Pimco, la histórica gestora de fondos de inversión. Juntos perdieron cientos de millones de euros en bonos subordinados de Banco Popular. También se enfrentan a Santander grandes accionistas como los chilenos Luksic, a los que la resolución creó un agujero de 113 millones.

Estos inversores critican el argumento del banco presidido por Ana Botín de dar por extinguida la responsabilidad penal por Popular tras la desaparición de esta filial, que se fusionó en el grupo el pasado otoño.

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“Este argumento es imaginativo”, “carece de cualquier fundamento legal y no es más que un ejercicio de escapismo de Santander”, expone el abogado de los fondos, Daniel Jiménez. “Es una falacia argumentativa”, opina la representación de los Luksic.

El letrado de los fondos hace referencia a la “disolución ficticia” de una sociedad: “Conforme detalla la exposición de motivos de la Ley 5/2010, de 22 de junio, la finalidad que persigue el legislador es evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión”, sostiene. “Resultaría muy sencillo tratar de soslayar la responsabilidad penal de una persona jurídica constituyendo una nueva sociedad y traspasando sus activos, personal, recursos”, añade.

Tanto los fondos como otras acusaciones se apoyan en discursos de Botín para dar fuerza a sus escritos: “Quiere hacernos creer la recurrente que su compra de Popular fue un acto de patriotismo y generosidad sin límites”, pero, argumentan, “Ana Botín declaró en marzo de 2018 que la compra de Banco Popular ha sido una excelente oportunidad”. “Quien asume los activos, asume también los pasivos y las contingencias legales, de todo tipo, sean civiles o penales”, añaden.

Para Jiménez, Santander ha cometido un error al absorber Popular, ya que esta filial podría haber hecho de parachoques y haber evitado la imputación del grupo.

El precedente de Banco de Valencia

Las acusaciones también intentan desmontar uno de los principales argumentos de Santander, acogiéndose a la doctrina de Banco de Valencia y CaixaBank. La entidad catalana fue liberada de la responsabilidad penal de la antigua filial de Bankia, conforme a una ley del FROB. La Audiencia estudia este criterio y ha pedido información al juzgado de Banco de Valencia sobre cómo fue este precedente, para decidir si lo aplica en el caso de Santander. Pero los abogados de los inversores de Popular sostienen que esta normativa no es de aplicación porque la resolución de 2017 se hizo bajo la regulación europea, y no la antigua del FROB.

Otro de los argumentos es que el propio abogado de Popular —Jaime Alonso Gallo, de Uría— ya reconoció en la Audiencia que Santander y esta filial eran del mismo grupo y con los mismos intereses.

La Audiencia Nacional debe valorar en los próximos días el recurso de Santander y los escritos de las acusaciones para decidir si da marcha atrás en la imputación del banco. En caso contrario, el banco presidido por Botín afrontará una larga batalla en los tribunales.