sumario en la audiencia nacional

El juez desestima el recurso del Santander y mantiene la imputación en el caso Popular

El magistrado José Luis Calama cree que deviene necesaria la intervención de Banco Santander en concepto de investigado

Foto: Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)
Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)

Banco Santander seguirá imputado en la causa penal por el fin del Popular. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso, ha desestimado el recurso de la entidad cántabra en contra de la resolución que acordó dirigir el procedimiento hacia el grupo presidido por Ana Botín, que se quedó Banco Popular por un simbólico euro tras su resolución.

El juez cree que “deviene necesaria la intervención de dicha entidad en concepto de investigada, con todos los derechos propios de tal condición”. En el auto, Calama considera que es una cuestión jurídica casi inédita en la práctica judicial, por la transmisión de responsabilidad entre empresas, y que apenas hay resoluciones en la materia.

No obstante, recuerda que el Código Penal tiene en cuenta que la pérdida de la personalidad jurídica o la transformación de una sociedad no implica la extinción de su posible responsabilidad penal. Todo lo contrario, se transmite a la nueva sociedad si es que existe dicha responsabilidad.

De hecho, una circular de la Fiscalía General del Estado busca evitar “la elusión de la responsabilidad penal” con operaciones de transformación, fusión, absorción o escisión. En este sentido, el Juzgado Central de Instrucción 4 considera que la pérdida de la responsabilidad jurídica en caso de fusión o absorción no conlleva la extinción de la responsabilidad criminal.

Banco Santander había argumentado que la resolución del Popular se equipara con la disolución material, con lo que se extinque la responsabilidad penal, interpretación que el juez no comparte.

El sumario del caso iniciado en octubre de 2017, y sobre el que se ha decidido una prórroga, tiene más de 300 personaciones admitidas entre querellas y perjudicados. Los investigados son más de 30, según fuentes conocedoras. Hay dos piezas, tal y como decidió el juez Fernando Andreu, que inició la instrucción: la ampliación de 2.505 millones en 2016 bajo la presidencia de Ángel Ron y la etapa final de la entidad antes de la resolución, ya con Emilio Saracho como presidente.

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