CASO BANCO POPULAR

El BCE y los peritos ven deficiencias en las tasaciones inmobiliarias del Popular

El banco entonces presidido por Ángel Ron habría usado tasaciones no homologadas y descartado valoraciones negativas. Así se demoró el afloramiento de su agujero inmobiliario

Foto: Ángel Ron, en su última rueda de prensa como presidente de Banco Popular. (EFE)
Ángel Ron, en su última rueda de prensa como presidente de Banco Popular. (EFE)

La semana pasada saltó a la luz pública el informe sobre el que girará uno de los casos judiciales más importantes: Banco Popular. Más de 400 páginas de dos inspectores del Banco de España que han analizado la contabilidad de la entidad que estuvo a punto de quebrar en 2017. En este informe pericial, resaltan dos ideas: Popular valoró artificialmente sus pisos y suelos desde 2014 hasta la polémica ampliación de capital de 2016, bajo la presidencia de Ángel Ron, pero era solvente y cayó la fuga de depósitos.

Este documento y otros anteriores enviados por el Banco Central Europeo (BCE) subrayan el papel de las tasaciones en la crisis del banco. Los peritos valoran en más de 400 millones los presuntos fallos contables, ya que la entidad se acogió a una parte de la normativa del Banco de España (anejo IX de la Circular 4/2004) que la beneficiaba con los adjudicados, pero no a la parte que la perjudicaba con las refinanciaciones.

Agujero de 2.000 millones

"Las tasaciones de los activos adjudicados parecían estar sobrevaloradas, según la revisión de la inspección del BCE, lo que parece verse confirmado por el proceso de retasación llevado a cabo en el primer semestre del año 2017 [ya bajo la presidencia de Emilio Saracho], que significó una caída de sus valores de 1.944 millones de euros, en especial en el caso de los suelos, donde su valor se redujo en 1.528 millones", exponen los peritos judiciales. Es decir, el nuevo presidente detectó un agujero de casi 2.000 millones al poco de llegar al banco y con un mercado inmobiliario alcista, que debía inflar las tasaciones y no hundirlas.

Aun así, fuentes próximas al proceso explican que la normativa de tasaciones era entonces muy abierta y permitía realizar distintos tipos de valoraciones, que la entidad cumplió.

En su informe, los inspectores del Banco de España introducen una idea: a medida que empeoraba su situación, Popular habría usado cada vez más tasaciones no homologadas (sin el sello de calidad del Banco de España), aunque legales. "Cabe decir que, según los inventarios de activos adjudicados facilitados por el Banco Popular, la calidad de las tasaciones parece empeorar, de tal forma que en diciembre de 2015 un 11% de los suelos, que son los activos más sensibles a las variaciones del precio de las viviendas, fueron revisados por empresas de tasación no homologadas, y en 2016 este porcentaje se elevó al 34%".

Los expertos critican que Popular encargó un elevado volumen de tasaciones a Aliseda, inmobiliaria entonces del grupo —hoy de Blackstone—, algo no conforme a la normativa de 2016. Además, pidió valoraciones a dos firmas no autorizadas por su manual de políticas contables: Catella y Knigth Frank.

¿Selección interesada?

Parte de las conclusiones de los peritos parten de un duro informe de inspección del BCE que concluyó en 2017, sobre los activos adjudicados. El mismo fue relevante en la caída de Popular, ya que si no hubiera habido crisis de liquidez, hubiera destapado un agujero que el banco no podría haber cubierto salvo fusión o ampliación de capital.

En este informe, el equipo del regulador europeo subraya unas tasaciones realizadas por la firma Krata. Esta sociedad valoró en 2016 suelos por importe de unos 2.000 millones. El ejercicio dio como resultado un agujero de 246 millones, pero en su lugar Popular se quedó solo con unas tasaciones que daban un resultado 300 millones superior. "La Inspección entiende que esta evidencia es suficiente para afirmar que existe sobrevaloración en este conjunto de suelos", expone el documento del BCE. Popular alegó que el encargo a Krata era un ejercicio teórico —para ir preparándose para una normativa contable— que se volcó parcialmente en el sistema "por un fallo de control".

'Stand' informativo de Aliseda, antigua filial de Popular.
'Stand' informativo de Aliseda, antigua filial de Popular.

Otra de las sospechas de los peritos llega por información aportada a la causa por Bankia. "A este respecto, el informe de Ernst & Young, realizado a solicitud de Bankia dentro del proceso de venta del Banco Popular, recoge en su página 10 un recuadro con el resultado de su revisión sobre la calidad de las tasaciones realizadas por Banco Popular, observándose que solo en cuatro casos de un total de 50 eran tasaciones válidas".

Esta línea de investigación es clave para determinar la responsabilidad de la antigua cúpula del banco. Los peritos no señalan que las cuentas no reflejaran una imagen fiel, pero tampoco se pronuncian claramente sobre su veracidad. Con lo que se muestran más críticos es con el folleto de la ampliación.

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