INVESTIGACIÓN DE LA AUDIENCIA

Los peritos desmontan la ampliación del Popular y la gestión de la fuga de depósitos

Los inspectores del Banco de España creen que se dio información alejada de la realidad en la ampliación de 2016 y que pudo haber dispuesto de 6.000 millones más de ELA

Foto: De izda. a dcha.: Ángel Ron, Emilio Saracho y Pedro Larena, exdirectivos del Popular. (Europa Press)
De izda. a dcha.: Ángel Ron, Emilio Saracho y Pedro Larena, exdirectivos del Popular. (Europa Press)

Los peritos del caso Banco Popular ponen las bases para miles de reclamaciones de afectados por la resolución. Los dos inspectores del Banco de España, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, enviaron ayer miércoles un informe a la Audiencia que señala al equipo de Ángel Ron por dar cifras alejadas de la realidad en la polémica ampliación de capital de 2016.

Los dos peritos del juez José Luis Calama también critican, aunque más indirectamente, la gestión de la fuga de depósitos que terminó llevando al banco a la resolución de junio de 2017. Creen que la entidad gestionó mal la comunicación de la sucesión de Ron por Emilio Saracho y los mensajes que envió este en la junta de accionistas de abril de ese año. Y apuntan que Popular podría haber conseguido 6.000 millones más de liquidez de emergencia (ELA) si hubiera contado con toda la información a punto.

En un informe mucho más suave y controlado que el del caso Bankia, los dos inspectores dejan claro cuál fue el problema del Popular. Hacen referencia a una decisión estratégica tomada por el equipo de Ron en 2014, cuando el Banco de España le recomendó que actualizara su contabilidad con las refinanciaciones. "En la Comisión de Auditoría de 23 de julio de 2014, se acordó no atender ese requerimiento", explica el informe pericial. "Es posible que el banco hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia", añade.

Los inspectores dejan en el aire si esta decisión de Popular suponía un incumplimiento contable, ya que sí se ajustaron a la normativa internacional NIIF. Aun así, dejan claro que tuvo un efecto sobre las cuentas que se usaron en la ampliación de 2016: "Concluimos que la clasificación de las operaciones crediticias no respetaba el marco contable del Banco de España que el Banco Popular dice cumplir en sus cuentas anuales de 2015".

"Desviaciones" del folleto

Ruiz-Clavijo y Hernández Romeo califican esta situación como una "falta de la adecuada calificación contable", que generó un daño "especialmente grave" a los inversores. Añaden que Popular llegó a liberar provisiones en activos adjudicados durante 2014 y 2015, una mina para las reclamaciones. El informe sí que da por buenas las cuentas de 2016.

Más allá de las cuentas que se usaron en la ampliación, los peritos muestran una todavía mayor contundencia respecto al folleto que se distribuyó entre los inversores. Según los inspectores, Popular disponía de cálculos internos y evidencias a través de una inspección en marcha del BCE que le debían haber llevado a dar unas previsiones distintas en la ampliación.

Las pérdidas esperables en el momento de la ampliación se situarían en torno a 2.700 millones

Así, frente a los 2.000 millones que anticipaban de pérdidas para 2016, debían haber reflejado 2.700 millones: 700 millones de diferencia que los inspectores insinúan que podrían ser mayores. Las coberturas no podían llegar al 50% que perseguía el plan estratégico ligado a la ampliación, sino al 45%. Y tenían que haberse recogido en las previsiones los costes de reestructuración de la plantilla.

La tesis que se desprende del informe pericial es que como Ron no contaba con apoyos del consejo y de parte de los accionistas para ampliar capital en 2016, hizo una operación acelerada y por el máximo importe permitido sin pasar por junta extraordinaria: 2.500 millones. Los peritos sostienen que la ampliación tendría que haber sido más abultada y critican "la falta de claridad" en la información al consejo y a los inversores.

Los inspectores lanzan otra 'bomba' respecto a la presunta financiación de acciones en la ampliación: "De probarse la intencionalidad de no deducir el importe de la financiación para la adquisición de acciones propias, nos parecería grave".

La crisis de liquidez

Una vez ampliado capital, los peritos se centran más en la crisis de gobernanza que se generó en la entidad que en la propia contabilidad. Así, consideran que la sucesión en la presidencia se podía haber hecho mejor y que contribuyó a generar desconfianza. También subrayan el efecto provocado por las pérdidas mayores de lo previsto en 2016, que impactaron en los 'ratings' y las noticias publicadas en mayo.

Sobre la etapa de Saracho, destacan "la política de comunicación de la entidad, minusvalorando los impactos que tendría la identificación de responsabilidades del anterior equipo gestor, así como la venta de la entidad públicamente".

Y aunque no critican de forma directa su gestión de la liquidez de emergencia (ELA), sí recuerdan que el banco podría haber dispuesto 6.000 millones más a comienzos de junio de 2017, pero no estaba preparado para ello. Así, la entidad aportó 'in extremis' garantías que "contenían campos vacíos y duplicidades aún pendientes de resolver", por lo que fueron rechazadas.

Si el banco hubiera dispuesto de más liquidez de emergencia, habría podido satisfacer las demandas de retiradas de efectivo de más clientes durante más tiempo. De haber llegado al fin de semana, por ejemplo, la Junta Única de Resolución (JUR) podría haber gestionado el proceso de venta al mejor postor con más calma. En su lugar, tuvo que resolver el banco en la madrugada del 6 al 7 de junio, antes de la apertura del mercado de ese día.

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