La Fiscalía da la espalda a Santander: debe estar imputado penalmente por Popular

Malas noticias para Banco Santander en el caso Popular. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido oponerse al recurso del banco para dejar de estar imputado en el caso que se investiga en la Audiencia Nacional. Así se lo comunicará el fiscal Antonio Romeral al resto de partes en los próximos días, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

La Fiscalía cree que no es el momento de archivar el caso, aunque no entra a evaluar la responsabilidad concreta de Santander como heredero del negocio de Popular. Por el contrario, la investigación está en una fase inicial pendiente del informe de los peritos judiciales, dos inspectores del Banco de España, previsto para antes de verano.

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Anticorrupción considera que hasta que se aclare el caso deben seguir imputados (investigados) los actuales exdirectivos, exconsejeros y la sociedad: Santander, después de la desaparición de Popular el año pasado. El fiscal Romeral no ve apropiado el argumento jurídico del banco de equiparar su caso al de CaixaBank con Banco de Valencia. La entidad catalana consiguió desvincularse penalmente de la filial que compró en 2012, aferrándose a una ley del Fondo de Reestructuración (FROB). En el caso de Popular, esta regulación no aplicaría. La Audiencia está estudiándolo tras pedir documentación a otro juzgado.

El escrito de la Fiscalía se suma a los de otras acusaciones que se han ido oponiendo al recurso de Santander. Lo hicieron la semana pasada grandes inversores como los chilenos Luksic o el fondo norteamericano Pimco, definiendo esta estrategia “de escapismo”. Recibidas todas las posiciones, la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse en las próximas semanas. En caso de que rechace la petición de Santander, es subsidiara de apelación, por lo que se dirigiría directamente a la sala superior del tribunal.

¿Nueva doctrina Botín?

Este recurso se ha convertido en uno de los principales debates en el mundo jurídico de las últimas semanas, por sus grandes implicaciones. Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que lo que está en juego es la aplicación de una nueva doctrina Botín, que pondría en entredicho la reforma penal de 2010, que introdujo la posible imputación de personas jurídicas.

Así, el banco sostiene que adquirió un “nuevo Banco Popular” tras la resolución del 7 de junio de 2017. Esta nueva entidad no heredaría responsabilidades penales, con lo que tras la fusión de Popular en Santander del pasado mes de septiembre, quedaría exintiguida la posible imputación.

Expertos consultados creen que, de ser tenido en cuenta, dicho argumento dejaría casi en suspenso la imputación de personas jurídicas, ya que cualquier empresa podría extinguir la responsabilidad de una filial investigada a través de una fusión. Y sostienen que la reforma penal de 2010 deja claro que no puede aceptarse este tipo de maniobras, en el artículo 130.2: “La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión”.