El juez Calama propone juzgar a la antigua cúpula de Banco Popular por estafa

El juez José Luis Calama proponer sentar en el banquillo a la antigua cúpula de Banco Popular por la ampliación de capital de 2016, tras la que decenas de miles de inversores perdieron 2.500 millones de euros. El magistrado del Juzgado Número 4 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de transformación, el primer paso antes de que los imputados pasen a estar procesados y se abra el juicio oral.

En este, propone juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. Desde el entorno de Ron señalaron que "recurrirá el auto porque entiende que no se corresponde con lo que se ha instruido, contradice a la normativa contable y las conclusiones a las que llega no se apoyan en hechos".

Mientras, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco. Además, señala que no se ha podido constatar que fuera el responsable de las “graves filtraciones” a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular.

Los otros apuntados por el auto del juez son el exvicepresidente Roberto Higuera, el ex-CEO Francisco Gómez, el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea, los auditores de PwC Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, la propia auditora, los ex directores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, el exdirector de riesgos José María Sagardoy, el exdirector de auditoría, Jesús Arellano, el exdirector de banca minorista, Antonio Pujol, el exdirector de negocio, José Ramón Alonso y el exdirector de legal Tomás Pereira.

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Según el auto, Popular amplió capital en junio de 2016 con "información financiera conscientemente alterada", que ocultó pérdidas de 2.500 millones de euros, en lugar de los beneficios declarados, de 100 millones. Frente a ello, Ron recuerda en su comunicado que "en esa ampliación de capital de 2016, yo mismo y otros consejeros invertimos en total 500 millones de euros, por lo que soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular".

A partir de ahora, la Fiscalía Anticorrupción y las restantes acusaciones, que se cuentan por decenas, tendrán que formular los escritos en los que pidan que se abra o no juicio, contra quiénes y que delimiten el perjuicio sufrido. Posteriormente, será el turno de las defensas de exponer las razones por las que no debería haber juicio. Y, por último, se tendrá que dictar el auto de apertura de juicio oral, en el que finalmente se fija quiénes van a juicio y por qué delitos. Este caso se abrió en septiembre de 2017 tras la resolución del Popular en junio de ese año, por el que el banco fue vendido por un euro a Santander tras las pérdidas sufridas por todos los accionistas y buena parte de los bonistas.

En esta investigación, se ha interrogado a todos los imputados y a decenas de testigos, entre ellos trabajadores de las oficinas del Popular, clientes, supervisores (como Luis María Linde y Fernando Restoy) y a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. También tuvo que testificar la expresidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Konig, tras sus desafortunadas declaraciones en las que reconoció que Popular era una preocupación semanas antes de su resolución, lo que aceleró la fuga de depósitos.

La investigación de Calama durante estos seis años y medio ha girado en torno a dos ejes. Por un lado, la gestión contable del banco bajo la presidencia de Ron y cómo se hizo la ampliación de 2016. Y, por otro lado, la etapa de Saracho como presidente, en la que el banco fue a resolución tras una gran fuga de depósitos y un desplome continuo de la cotización en bolsa.

Gran parte de la investigación y el auto de Calama se basan en los informes periciales que el juez ha ido pidiendo durante estos años a inspectores del Banco de España, en los que se detectaron diversos fallos en la interpretación contable, un déficit de provisiones, problemas en las tasaciones y un agujero tapado a través de sociedades en Luxemburgo (Thesan Capital).

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En este sentido, según Calama, está probado que Popular refinanció "a una parte relevante de grandes acreditados en situación de impago de cuotas, concediéndoles plazos que evitaban su morosidad formal o utilizando estructuras societarias instrumentales radicadas en Luxemburgo a fin de mantener como viables créditos que en realidad eran dudosos".

En esta causa, hay personados cientos de inversores, algunos con pérdidas declaradas de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.