El núcleo duro de Popular intenta anular las 1.400 entrevistas del juez Calama

Ofensiva de las defensas del caso Banco Popular contra la última medida del juez José Luis Calama. El abogado Carlos Aguilar, que representa al ex consejero delegado Francisco Gómez y al exsecretario del consejo Francisco Aparicio, entre otros, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para que se anulen las 1.417 entrevistas que hizo la Policía a clientes del banco.

Esta medida se adoptó dentro de la pieza secreta que Calama abrió hace algo más de un mes para investigar la financiación para la compra de acciones en la ampliación de capital de 2016. Según el escrito de Aguilar, estos 1.417 interrogatorios hechos por la Policía al margen del juzgado vulneran el derecho de defensa de sus representados.

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"Al parecer se ha tomado declaración a centenares de testigos por funcionarios policiales, sin posibilidad alguna a asistencia por parte de los abogados de las partes personadas, a quienes se ha privado de toda audiencia o posibilidad de contradicción, lo que respetuosamente entendemos vulnera el derecho a un procedimiento con garantías, siendo así que tal forma de actuar solo encuentra su explicación, precisamente, en impedir el conocimiento e intervención de las partes en tales actuaciones", expone el recurso que se plantea ante el propio juez y, en caso de ser denegado, ante la Sala de lo Penal.

El abogado de Gómez y Aparicio califica de "subcontratación ilegítima" esta decisión del magistrado, "lo que resulta contrario a los derechos fundamentales". Recuerda precedentes similares en el caso Pescanova, en que se denegó una anulación parecida. Además, Aguilar recuerda que el juez Calama ya ha interrogado en la causa a clientes y empleados del Popular por la financiación de acciones y se queja de que todavía no ha dado acceso a las 1.417 grabaciones.

Pieza secreta

El juez Calama abrió esta pieza secreta tras el informe pericial realizado por dos inspectores del Banco de España que concluyó que "existen clientes que suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta". El importe se reduce a 627 millones teniendo en cuenta las operaciones que finalmente se dispusieron en dicho periodo, cifras similares a las que detectó el equipo de Emilio Saracho al llegar a la presidencia del Popular a comienzos de 2017.

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La financiación para adquirir títulos de renta variable no es ilegal ni está prohibida dentro del sector financiero. Pero los reguladores exigen que cualquier crédito para comprar acciones de la entidad se deduzca de la tasa de solvencia, ya que no hay dinero nuevo entrando en el capital de la entidad.

Calama ha pedido un informe a la UDEF para que identique patrones en la financiación

El juez Calama ha convertido en los últimos años esta en una de sus principales líneas de investigación. Llegó a calificar como "torticera" la financiación de acciones que hizo Banco Popular y ha hecho desfilar por el juzgado a clientes que recibieron créditos para comprar acciones, a empleados de sucursales y a directores territoriales. Por su parte, los antiguos gestores de la entidad han defendido que la ampliación se cubrió con sobresuscripción y que el propio consejo invirtió cientos de millones en la operación, para argumentar que no hubo ninguna manipulación ni fraude.

Junto a las 1.417 entrevistas, el magistrado ha pedido a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF "que elabore un informe en el que se consigne el patrón o patrones de comportamiento de Banco Popular en relación con sus clientes, durante la comercialización de la ampliación de capital del año 2016".