El juez Calama entra en la investigación sobre Pegasus con pocas opciones de hallar al autor

La denuncia presentada por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado sobre la intervención que sufrieron los móviles de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del sistema Pegasus se encuentra ya en manos del titular del Juzgado Central del Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Antes de su admisión a trámite, fuentes jurídicas ya advierten de las dificultades de una investigación de este tipo, con muy pocas opciones de averiguar quiénes fueron los autores a consecuencia de la opacidad del sistema de escucha y de la compañía propietaria, la israelí NSO Group.

Los datos con que cuenta el Ejecutivo también son limitados. El escrito resume los hechos en poco más de un folio y medio. Se limita a mencionar el análisis de los dispositivos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, que fue realizado por el Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) el pasado 30 de abril, días después de que transcendieran los resultados del informe de Citizen Lab sobre el uso de Pegasus en los dispositivos de 65 personas vinculadas con el independentismo catalán.

Las conclusiones del centro solo han permitido determinar el momento en que se produjeron los pinchazos y el volumen de los datos conocidos por esta intromisión, pero no cuáles fueron. En concreto, el contagio se produjo en dos ocasiones en el móvil de Sánchez, entre los meses de mayo y junio de 2021, y en una en el caso del teléfono de la ministra Robles. Se sustrajeron poco más de 2,5 gigas en el primer caso y 130 megas en el segundo. No se conoce qué archivos interesaban a los autores del informe y no hay pistas, de momento, sobre quiénes fueron. La empresa propietaria del 'software' espía ha asegurado en distintas ocasiones que vende su sistema exclusivamente a gobiernos o agencias gubernamentales.

Las dificultades de obtener información que permita avances en una instrucción judicial ya han quedado claras a la vista del desarrollo de la única causa abierta hasta el momento sobre los espionajes. Un juzgado de Barcelona investiga desde hace dos años uno de los primeros pinchazos conocidos con este sistema, el sufrido por el expresidente del Parlament Roger Torrent y el exdiputado Ernest Maragall. El juzgado encargado, el 32 de Barcelona, lleva 18 meses esperando una respuesta de NSO Group tras remitir una comisión rogatoria a las autoridades israelíes a la que no se ha dado curso. La denuncia se ha enviado a reparto y recaerá en uno de los seis juzgados centrales dedicados a la instrucción.

Mientras el Gobierno se dirige a la Audiencia Nacional, las defensas de los espiados en Cataluña han comenzado a desarrollar una estrategia legal que se puede ver alterada por el movimiento del Ejecutivo. Su intención era centralizar sus querellas de Barcelona y reclamar que se investigue el uso de Pegasus por parte de agencias gubernamentales ajenas al CNI, en concreto la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Sin embargo, la denuncia de la Abogacía del Estado abre un nuevo escenario. Fuentes cercanas a las defensas de los distintos partidos catalanes aseguran que la llegada al tribunal especial con sede en Madrid de esta denuncia puede provocar una acumulación de los procedimientos, de modo que sea la Audiencia quien centralice la investigación completa. La Audiencia Nacional es la competente para investigar hechos delictivos que afecten a todo el territorio nacional y quien se ocupa, además, de delitos como el cometido contra altas instituciones del Estado que también afectarían, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se encuentra entre los espiados.