La Audiencia revisará a fondo la financiación "torticera" de acciones del Popular

La Audiencia Nacional ampliará la investigación de la financiación de acciones de Banco Popular. Así lo anunció el juez José Luis Calama durante los últimos interrogatorios del caso, en que dejó claro que "se llegará al fondo de la financiación torticera" de la ampliación de 2016.

Este fue uno de los motivos de la reexpresión de las cuentas de 2016, anunciada en abril de 2017 por el equipo de Emilio Saracho, al descubrir que la entidad prestó entre 200 y 400 millones a sus clientes para comprar acciones. Desde entonces, todavía no se ha dado una cantidad exacta, por la dificultad para identificar las financiaciones, que en algunos casos se habrían dado a través de líneas de liquidez o préstamos al consumo. Fuentes de las acusaciones creen que esta puede llegar a los 800 millones. El expresidente Ángel Ron opina que la cifra está más cercana a los 80 millones.

Tras la reexpresión, un expediente sancionador de la CNMV refrendó estas sospechas, apuntando que "se transmitieron instrucciones verbales de manera velada por parte del consejero delegado, D. Francisco Gómez Martín, y otros directivos a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes para que acudieran a la ampliación".

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El exCEO y su superior, Ron, negaron estos hechos en sus declaraciones, afirmando que no les hacía falta ya que "la ampliación de capital estaba asegurada" y "tuvo sobredemanda".

Aun así, son muchos los clientes que han demandado al banco por ello. Entre estos, empresas que aseguran que comerciales del banco les pidieron que compraran acciones de la ampliación de 2016 a cambio de recibir financiación para otros fines. Algunas acusaciones han solicitado en la Audiencia que se anulen cautelarmente estas deudas, ya que hay muchos pequeños clientes pagando cada mes las cuotas de la compra de las acciones, cuyo valor pasó a cero en 2017.

Según las manifestaciones del juez Calama, este tema es clave en la instrucción, y por ello llamará, si hace falta, "a declarar a los propios clientes".

Esta práctica —autofinanciación de capital— no es irregular, aunque Popular tendría que habérselo comunicado a los supervisores y al mercado y haber descontado las acciones financiadas de su cifra de capital. Algo que hubiera podido provocar que la entidad impagara los cupones de los CoCos (bonos convertibles) meses antes de su resolución exprés y venta a Santander, en junio de 2017.

Otras pesquisas

Junto a esta línea de investigación, el juez Calama ha dejado claro en sus últimas intervenciones que contempla pedir más información al BCE, "si lo solicita algún abogado", como los correos entre los inspectores del regulador y Popular. Aunque reconoció que será un tema complicado, por las cláusulas de confidencialidad de la institución arraigada en Fráncfort.

El magistrado también se mostró interesado en los motivos que llevaron a Popular a liberar 123 millones en provisiones de unos créditos para trasladarlos a otros préstamos deteriorados, en medio de una revisión del BCE y a espaldas de los auditores. El ex director financiero Javier Moreno, presunto responsable según el expediente de la CNMV, negó cualquier irregularidad al respecto. El juez podría llamar a varios subsecretarios de Popular para que dieran su versión.

Otra de las posibilidades del caso a partir de ahora es que se amplíe el informe de los peritos judiciales, que declararon la semana pasada, según 'ABC'. Es algo que contemplaría la Fiscalía para ahondar en las sociedades opacas de Luxemburgo con las que la entidad presuntamente ocultó morosidad.