La Audiencia abre una pieza secreta por la financiación de acciones en Banco Popular

Giro inesperado en el caso Banco Popular. El juez José Luis Calama ha dictado un auto este lunes en el que dicta la apertura de una pieza secreta para investigar la financiación para la compra de acciones en 2016. Esta es una línea de investigación desde que se abrió el caso en septiembre de 2017, por lo que las fuentes legales consultadas se muestran sorprendidas por este paso en marzo de 2022.

El auto, al que ha tenido acceso este medio, explica que la pieza secreta es necesaria para "mantener la confidencialidad de la diligencia de investigación acordada", ya que, "de ser conocida, podría quedar comprometido de forma relevante su resultado, como consecuencia de interferencias que afectaran negativamente al buen fin de la investigación".

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Jorge Zuloaga

Esta decisión llega tras el informe pericial realizado por dos inspectores del Banco de España, que el juzgado recibió el pasado 9 de febrero. Este concluyó que "existen clientes que suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta". El importe se reduce a 627 millones teniendo en cuenta las operaciones que finalmente se dispusieron en dicho periodo, cifras similares a las que detectó el equipo de Emilio Saracho al llegar a la presidencia del Popular a comienzos de 2017.

La Audiencia investiga esta práctica, ya que los bancos no pueden financiar su propia compra de acciones y, si lo hacen, tienen que descontar estas cantidades de su cifra de solvencia. Estas presuntas malas prácticas se hicieron durante la ampliación de capital de 2016, de 2.500 millones, liderada por el equipo de Ángel Ron, y se destaparon cuando llegó su sucesor meses después.

Financiación "torticera"

El número de clientes que obtuvieron financiación y pidieron créditos durante el periodo investigado asciende a 14.229. La mayor parte —en torno a 10.000— compró títulos bursátiles en la ampliación por valor de menos de 100.000 euros.

El juez Calama ha convertido en los últimos años esta en una de sus principales líneas de investigación. Llegó a calificar como "torticera" la financiación de acciones que hizo Banco Popular y ha hecho desfilar por el juzgado a clientes que recibieron créditos para comprar acciones, a empleados de sucursales y a directores territoriales.

Algunos de los directivos que han declarado en la causa durante los últimos años han defendido que no hubo ninguna política interna de que se financiara a clientes para acudir a la ampliación, en la que Popular se jugaba mucho. Por ejemplo, el consejero delegado, Francisco Gómez: "No tengo ninguna constancia de que se financiara la compra de acciones, es abiertamente falso y absurdo" y por lo que vio 'a posteriori' fue algo anecdótico.

Esta decisión de Calama llega tras las declaraciones clave que ha habido en el juzgado en las últimas semanas. En ellas, los dos inspectores del Banco Central Europeo (BCE) que lideraron los dos últimos informes sobre la entidad financiera expusieron conclusiones demoledoras sobre la contabilidad y las prácticas del banco que presidió Ron, y que se quedó en 2017 Banco Santander.