La Audiencia pide una pericial que cifre el agujero de Popular antes de la ampliación

El juez del caso Banco Popular, José Luis Calama, da otra vuelta de tuerca en su investigación. Tras abrir una pieza secreta la semana pasada, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido ahora pedir un nuevo informe pericial para "determinar si a finales del año 2015 se mantenía o no el déficit de provisiones" que detectó unos meses después en una inspección del Banco Central Europeo (BCE), "y, en consecuencia, su trascendencia para las cuentas anuales del Banco Popular".

Calama ha tomado esta decisión tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción derivada de las últimas declaraciones de los inspectores del BCE Manuel Caro y Jesús Martínez Usano. Estos señalaron que la revisión, que concluyó a finales de 2016, se encontró un agujero de 1.514 millones, que "tendrían que ir a la cuenta de resultados, lo que hubiese ocasionado un menor resultado o pérdidas a 30 de junio de 2015".

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Esta pericial es clave para el caso, ya que las cuentas de 2015 son las que se usaron en la ampliación de capital de 2.500 millones que hizo el banco en junio de 2016, eje sobre el que gira la investigación de presuntos delitos contables.

Este trabajo se ha encargado a los dos mismos inspectores del Banco de España que han hecho ya varias periciales para el caso, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo. En la primera, señalaron que había incumplimientos de la normativa contable en Popular, pero nunca cuantificaron un déficit de provisiones o desvío contable.

Ayuda de Santander

"Los señores peritos deberán hacer un rastreo contable entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015 de cada uno de los cien acreditados objeto de la referida inspección de riesgo reestructurado, contando para ello con el auxilio del departamento contable del Banco Santander", expone el auto.

Esta inspección del BCE concluyó entre octubre y noviembre de 2016 con un impacto de más de 1.500 millones. Se centró en un análisis de los créditos refinanciados de la entidad. Uno de los motivos de la ampliación del banco podría haber sido adelantar este golpe.

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Al concluir esta revisión, el supervisor europeo comenzó otra de los activos adjudicados, que también concluyó con un impacto millonario que llegó tras la resolución, dictada en junio de 2017.

Esta nueva pericial se sumará a otras como la de las tasaciones, las sociedades luxemburguesas y la financiación de acciones. Todas ellas han concluido con críticas hacia las antiguas prácticas de Banco Popular y, algunas, con la identificación de presuntos agujeros contables.