A quién señala (y a quién salva) el juez de la presunta estafa del Banco Popular

El juez José Luis Calama ha seguido las enseñanzas de Bankia en su auto de transformación de Banco Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional ha apostado por mandar a juicio oral solo a una parte reducida de todos los imputados que ha habido en el caso. De los 37 investigados, 14 se sentarán en el banquillo (a la espera del auto de apertura) y 21 pueden respirar tranquilos. Los otros dos (Jaime Ruiz y José María Arias) han fallecido durante la instrucción.

De este modo, Calama ha evitado los errores que cometió el juez Fernando Andreu en su investigación del caso Bankia, en el que mandó a juicio a todos los consejeros y parte de la cúpula directiva.

En su lugar, el magistrado del Juzgado Número 4 ha ceñido sus acusaciones a la cúpula directiva, a su equipo de confianza, a la Comisión de Auditoría del consejo y a los auditores externos, PwC y sus dos socios.

De los 14 señalados por la presunta estafa del Popular, hay dos ex consejeros ejecutivos, el expresidente Ángel Ron y el ex consejero delegado, Francisco Gómez. Ambos lideraban a la entidad cuando decidió ampliar capital en junio de 2016, captando 2.500 millones, para sanear su cartera inmobiliaria. Según el magistrado, ambos firmaron cuentas (2015 y marzo de 2016) que ocultaban pérdidas de 2.500 millones. Ron lideró al Popular desde mediados de los años 2000 hasta finales de 2016, cuando fue desplazado de su cargo tras una revuelta interna en el consejo. Gómez fue su número dos entre 2014 y 2016, antes de que el consejo le cesara tras la ampliación.

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Se da la circunstancia de que algunos de los que lideraron la revuelta del consejo de 2016, el mexicano Antonio del Valle y la consejera independiente Reyes Calderón, han sido eximidos por el juez Calama de los presuntos delitos. También Emilio Saracho, al presidente que eligieron para relevar a Ron, y que según el auto levantó las alfombras para ver el verdadero estado del balance del banco.

Junto a Ron y Gómez, el auto de la Audiencia incluye a siete exdirectivos de su equipo de confianza. Todos ocuparon cargos clave ligados a los presuntos delitos cometidos: estafa en la ampliación y falsedad contable. Son los ex directores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, el exdirector de riesgos José María Sagardoy, el exdirector de auditoría Jesús Arellano, el exdirector de banca minorista Antonio Pujol, el exdirector de negocio José Ramón Alonso y el exdirector de legal Tomás Pereira.

El papel de la auditoría

Algunos de estos exdirectivos se han ido colocando en fondos, el Ibex o bancos de inversión desde su salida del Popular. Sancha, por ejemplo, trabaja para Cerberus, y Sagardoy para OHLA.

Calama también pone el foco sobre los distintos responsables de la revisión de las cuentas, de las denominadas líneas de defensa de las grandes empresas. Por ello, es partidario de procesar a los dos miembros de la Comisión de Auditoría, los exconsejeros Roberto Higuera y Jorge Oroviogoicoechea. El tercer miembro fue Arias, fallecido. Junto a ello, la Audiencia también carga contra el auditor externo, PwC, como persona jurídica, y a sus dos exsocios encargados de la cuenta del Popular, Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda. Lo hace a pesar de la doctrina Pescanova, con la que el Supremo abogó por liberar a sus auditores, BDO, por no haber pruebas claras de que hubieran ayudado a falsear cuentas, más allá de una posible negligencia.

Al margen, otros salvados por el auto de Calama son el ex-CEO de la época, Saracho; Ignacio Sánchez-Asiaín, o su predecesor, Pedro Larena. También se libran los representantes en el consejo de Crédit Mutuel y Allianz, lo que supone un alivio para estas compañías. En el caso de la responsabilidad civil, se deja la decisión de si Santander tendrá que cubrir un coste legal para la apertura del juicio.