El Gobierno activa la máquina del gasto y pone en jaque el compromiso de déficit

España fue uno de los pocos países felicitados por la Comisión Europea por cumplir las recomendaciones del Consejo Europeo de cara a los presupuestos del año 2024. "Se ajusta", aplaudió Bruselas. El plan presupuestario remitido en otoño cumplía con la reducción del gasto público y con el ajuste estructural que reclamaba Europa, aunque las previsiones de déficit estaban ya muy ajustadas. Sin embargo, el plan saltó por los aires tras el último Consejo de Ministros del año.

El Gobierno ha puesto en marcha la expansión fiscal con un real decreto-ley que asciende a cerca de 13.000 millones de euros. De estos, unos 8.300 se destinarán a la revalorización de las pensiones y otros 4.700 a extender las medidas anticrisis. Muchas de estas medidas no estaban incorporadas al plan presupuestario, lo que significa que el cálculo de déficit que hizo el Gobierno en ese momento ha quedado obsoleto. El problema es que ya entonces no tenía ni una décima de margen, ya que, según sus cálculos, el déficit se iría al 3% del PIB, el máximo permitido con la vuelta de las reglas fiscales.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros que no estaban incorporadas al plan presupuestario se incluyen la prórroga de la rebaja del IVA a la electricidad, al gas y a otros combustibles en el hogar, el impuesto especial a la electricidad y a la producción de energía eléctrica, las subvenciones al transporte público, el bono social o la reducción de los peajes eléctricos.

La Comisión Europea se las prometía muy felices con el compromiso del Gobierno: "Teniendo en cuenta la información incluida en el proyecto de plan presupuestario de España, se prevé que las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se eliminen de forma gradual de aquí a finales de 2023. Se prevé que los ahorros relacionados se aprovechen para reducir el déficit de las administraciones públicas en 2024". Ninguna de las dos opciones será posible. Lo dejó claro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "El Gobierno ha decidido extender el grueso de las medidas adoptadas en 2022 y 2023 para mitigar el impacto de la invasión rusa de Ucrania".

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La finalización de las medidas anticrisis iba a generar un ahorro de 8.500 millones de euros a las arcas públicas, sumando recortes del gasto y eliminación de rebajas de impuestos. Sin embargo, el paquete de medidas anticrisis recorta ese ahorro a casi la mitad. Las medidas fiscales tendrán un coste de 2.500 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, mientras que las medidas de gasto no incorporadas al plan presupuestario se acercarán a los 1.000 millones de euros. Esto es, un ahorro de 8.500 millones por la eliminación de las medidas se quedará en menos de 5.000 millones.

Estas medidas ponen en serio compromiso la consecución del objetivo de déficit del 3%. De hecho, la Comisión Europea ya estimaba que el déficit se iría al 3,2% del PIB en 2024, incluso con la eliminación de las medidas. El Banco de España es algo más pesimista, ya que prevé que el déficit se desviará hasta el 3,4% bajo el supuesto de que se eliminarían íntegramente las medidas energéticas, pero no la rebaja del IVA a los alimentos ni la subvención al transporte.

En definitiva, solo el Ministerio de Hacienda confiaba en que España cumplirá el objetivo de déficit. Y eso antes de conocer que el grueso del paquete anticrisis se iba a prorrogar. Con estos números sobre la mesa, el Gobierno necesita que la economía vaya incluso mejor que sus previsiones, que ya son las más optimistas del mercado, o poner en marcha nuevas medidas de ajuste en los presupuestos generales del Estado.

Control del gasto

Otra de las reclamaciones que hizo Bruselas a España es el control del gasto público para comenzar el ajuste estructural de las cuentas públicas. "Se prevé que el gasto primario neto financiado a nivel nacional de España aumente un 2,1% en 2024, lo que supone un porcentaje inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada [del 2,6%]", señaló la Comisión Europea en su informe sobre el plan presupuestario del Gobierno.

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Sin embargo, esta recomendación también está en riesgo por el paquete anticrisis. El crecimiento del gasto público y la prolongación de los beneficios fiscales provocarán un gasto primario neto de, al menos, tres décimas del PIB.

Esto significa que España también pone en duda el cumplimiento del esfuerzo estructural requerido por la Comisión Europea. Será necesario esperar a conocer el proyecto de presupuestos completo para que las diferentes instituciones puedan precisar sus previsiones de déficit. En especial, la que realice la Autoridad Fiscal (AIReF), que es quien tiene la competencia fundamental de supervisión de las cuentas públicas. Pero todo apunta a que, tras estas medidas, España está en serio riesgo de superar el límite de déficit del 3%, lo que implica volver al procedimiento de déficit excesivo siete años después.

Y todo esto antes de que haya empezado el año. A medida que avance el ejercicio, surgirán nuevas tentaciones de gasto, ya sea para responder a las ambiciones de los dos partidos que conforman el Gobierno o a las exigencias de sus socios. El escenario es muy similar al del año 2019, el único año que Pedro Sánchez ha estado sometido a las reglas fiscales (en 2020, ya se suspendieron por la pandemia). Ese año, el Gobierno reiteró en infinidad de ocasiones su compromiso con la reducción del déficit público, pero finalmente lo incrementó en nada menos que medio punto del PIB, pasando del 2,6% al 3,1%. Una vez más, vuelven las tentaciones de gasto y las reticencias a la hora de aprobar la prometida reforma fiscal.