El Gobierno retrasa tres años más el equilibrio de la Seguridad Social tras invertir 53.000 millones

En 2018, cuando Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, prometió que garantizaría el poder adquisitivo de los pensionistas y que acabaría con el déficit de la Seguridad Social en 2022. Su entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, lo explicó así ante el Congreso: "Tenemos la obligación de equilibrar el sistema de aquí a 2022-2023 para que cuando llegue el impacto que van a generar en la jubilación las generaciones del baby boom tengamos un sistema lo más saneado posible". El momento ha llegado y el déficit sigue ahí. Y no será por dinero inyectado al sistema.

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes una nueva senda de estabilidad que reconoce que la Seguridad Social seguirá en déficit otros tres años más, hasta 2026. La obligación que entonces se marcó el Gobierno ha sido ignorada. En ese momento, Valerio reconoció que si no se conseguía el equilibrio presupuestario en la primera mitad de la década, sería muy complicado hacerlo en la segunda, porque ya estaría jubilándose la generación del baby boom. El Gobierno dice ahora que es posible, como ya lo hizo en el pasado.

Es cierto que la pandemia supuso un duro golpe para el mercado laboral español, pero no es excusa para la Seguridad Social, ya que el grueso del déficit lo asumió el Estado con una transferencia de 20.000 millones de euros. Además, desde ese momento se han disparado los ingresos por cotizaciones, en parte debido al afloramiento de economía sumergida gracias a la pandemia. Además, el Estado ha ayudado con 53.000 millones de euros a la Seguridad Social desde 2019 para asumir los llamados gastos impropios. Pero el equilibrio no ha sido posible, porque la indexación de las pensiones al IPC ha tenido un coste muy superior al que preveía el Gobierno, como ya alertó en su momento la Autoridad Fiscal (AIReF). Los cálculos no se ajustaban a la realidad, y eso a pesar de que la Seguridad Social ingresará este año casi un 40% más que en 2018.

La indexación de las pensiones al IPC y la subida superior de las pensiones mínimas suponen un gran reto presupuestario para España, que cada vez tendrá que ir sacrificando una cuantía mayor de otras partidas para hacer hueco a las pensiones. Por ejemplo, en el año 2024 las pensiones subirán un 3,8%, lo que supondrá un gasto adicional de casi 8.000 millones de euros al año. Esta cifra equivale, por ejemplo, a la mitad de todo el incremento del techo de gasto para el próximo ejercicio. Además de la revalorización, a mediados de la década estará en pleno apogeo la jubilación de la generación del baby boom. Esto supone soportar la jubilación de unos 500.000 trabajadores cada año.

El auxilio del Estado

La fórmula que ideó el Gobierno y que aceptó el Pacto de Toledo para conseguir ese déficit cero en 2022 era que el Estado asumiera el grueso de sus números rojos a través de una transferencia para financiar gastos que hasta ese momento se pagaban con cotizaciones sociales. Son los llamados gastos impropios, que permitieron enjugar el déficit de un subsector para pasarlo a otro.

Desde el año 2019, el Gobierno ha transferido a la Seguridad Social a través de los presupuestos generales más de 53.000 millones de euros. Esta cifra no contabiliza la transferencia del año 2020 de 20.000 millones, destinada a cubrir la caída de cotizaciones y el pago de prestaciones por la pandemia. Tampoco incluye el pago por los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas. Son 53.000 millones de euros transferidos básicamente a partir del año 2021, como se observa en el gráfico. La última transferencia, de 2023, asciende a casi 20.000 millones de euros. Aun así, no ha sido posible equilibrar el déficit del sistema.

El Gobierno calcula que el déficit de los fondos de la Seguridad Social superará los 7.000 millones de euros este año (un 0,5% del PIB) y se mantendrá por encima de los 3.000 millones en 2024 (el 0,2%). Esto es, el doble del déficit que permitirá a las comunidades autónomas. El incremento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social tiene que jugar un papel clave en esta reducción del déficit, ya que el ritmo de crecimiento de las cotizaciones previsiblemente frenará durante el próximo año por la ralentización del empleo, mientras que los gastos ya están asegurados por la revalorización indexada al IPC.

Tampoco el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social ha conseguido acabar con el déficit del sistema. En lo que va de año (con datos hasta octubre), los ingresos por cotizaciones se han disparado casi un 34% respecto al mismo periodo del año 2018. Esto significa que la Seguridad Social cuenta con casi 40.000 millones más, cada año, que hace cinco años. Pero tampoco esta cifra es suficiente para cubrir todos los gastos.

El resultado es que el Ejecutivo no ha podido cumplir esta promesa que la ministra definió en ese momento como una "obligación". Para la nueva ministra del ramo, Elma Saiz, esta es una situación heredada de sus dos antecesores, pero el presidente sigue siendo el mismo. Ahora está por ver si cumple con su nueva fecha comprometida, 2026.