El Gobierno abre la puerta a eliminar las ayudas fiscales para cumplir con Bruselas

El Gobierno liga el cumplimiento de sus compromisos con Bruselas a la retirada de las medidas fiscales contra la inflación. En el plan presupuestario enviado este domingo a la Comisión Europea, el Ejecutivo abre la puerta a eliminar las rebajas de impuestos para amortiguar el impacto de la crisis inflacionista en el bolsillo de las familias. Esa es la vía elegida para satisfacer el mandato del Consejo, que pidió que el crecimiento del gasto primario nacional neto no superase el 2,6% el año que viene. El Gobierno calcula que el incremento —que no tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda o el gasto cíclico en prestaciones de desempleo— será de solo el 2,5%, pero para conseguirlo contempla aportaciones de 6.509 millones de euros en concepto de "medidas discrecionales de ingresos".

¿De dónde salen esos 6.500 millones? Desde luego, no de los cambios en el IRPF, que solo aportarán 111 millones de euros más. Tampoco en sociedades, que solo incrementarán la recaudación en 184 millones. Y, por supuesto, no de los 21 millones extra del impuesto sobre las grandes fortunas o de los 58 millones del nuevo tributo al plástico de un solo uso, siempre según las previsiones del Ejecutivo. Son el chocolate del loro. La gran contribución será la retirada de las medidas extraordinarias para beneficiar a las familias, que habían causado un excepcional butrón en las arcas públicas desde el inicio de la crisis energética.

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Los cuadros anexos al documento resumen las previsiones del Ejecutivo. La eliminación de la rebaja del IVA de la luz reportaría 1.032 millones; la del IVA del gas, 397 millones; la del IVA de la alimentación, 1.350 millones; la del impuesto especial de la electricidad, 1.032 millones, y la restitución del tributo sobre el valor de la producción eléctrica, 1.100 millones. En total, 4.911 millones de euros que volverían a las arcas del Estado en 2024, y permitirían cumplir con Bruselas, con la ayuda de los 780 millones extra por el aumento del mecanismo de solidaridad intergeneracional para financiar las pensiones y los 309 millones del incremento de las bases máximas de cotización. Ese es el plan del Gobierno para cuadrar las cuentas.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido qué va a hacer con las medidas, que caducan el 31 de diciembre, muy constreñido por la situación de inestabilidad política que afronta el país. Es cierto que un Gobierno en funciones podría prorrogar las rebajas fiscales: bastaría con convalidar el real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros, algo que el Congreso puede hacer incluso con las Cortes disueltas, a través de la Diputación Permanente, como ocurrió en julio con el último paquete.

Sin embargo, en Bruselas rige el principio del no policy change: en estos casos, lo habitual es que los Estados remitan su plan presupuestario bajo el supuesto de que no habrá cambios en las políticas, para no imponer una losa sobre el Ejecutivo que finalmente se conforme. Este supuesto, que España cita en el documento enviado a la Comisión Europea, se traduce en que las medidas decaerían, que es lo que pasará irremediablemente a partir del 1 de enero si no hay una acción política que lo impida.

Esta vez, cumplir ya no será opcional: en 2024 regresan las reglas fiscales europeas

Pero que nadie se llame a engaño: el hecho de que España haya fiado a la retirada de las rebajas fiscales el cumplimiento de las directrices del Consejo va más allá del no policy change. Repita la coalición actual o se vaya a nuevas elecciones, si el Gobierno —en funciones o no— quiere mantenerlas más allá del 31 de diciembre deberá recortar el gasto por otro lado. De lo contrario, no salen las cuentas. El propio Ejecutivo llega a explicitarlo en el cuadro referido al vínculo entre el plan presupuestario y las directrices del Consejo, donde dice que las medidas que han tomado son temporales, y decaen el 31 de diciembre para satisfacer el reto CSR 2023.1, establecido por los Veintisiete el 14 de julio de 2023.

La letra pequeña del documento también lo corrobora. El Gobierno prevé que el déficit público pase del 3,9% de este año al 3% el año que viene, en línea con lo que han exigido hasta ahora las reglas fiscales, que se recuperarán en 2024 con el nuevo formato que pacten los Estados miembros. Pero esta reducción del déficit tiene un componente cíclico muy pequeño: solo dos décimas de PIB. En otras palabras: el Ejecutivo confía en que la mayor parte del ajuste fiscal venga del dragado del déficit estructural, que pasaría del 4,2% al 3,4%, ocho décimas menos. Son algo más de 11.000 millones de euros. ¿De dónde salen?

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La cifra coincide con los planes que describe el Gobierno para las medidas temporales, pese a que estas, en teoría, no aportan déficit estructural, a no ser que se acaben manteniendo en el tiempo, como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España. Además de los 6.500 millones de ingresos fiscales, el Ejecutivo confía en ahorrarse unos 5.000 millones en medidas de gasto, como figura en los anexos. Además del aumento de las retribuciones de los funcionarios para mantener su poder adquisitivo —estaba contemplado en la Ley de Presupuestos—, solo se mantendría el subsidio de 600 millones de euros a Renfe, que permite la bonificación de los trenes de cercanías, Rodalies y media distancia, y los 760 millones del subsidio para que las comunidades autónomas bonifiquen el transporte urbano e interurbano. Ambas son políticas ya anunciadas, aunque todavía no aprobadas.

Todo lo demás decaería, lo que no significa que estas medidas no se vayan a prorrogar, sino simplemente que, para los números den, el Gobierno considera que no lo harán. Varios ejemplos: la bonificación al combustible para los transportistas (685 millones en 2023) y productores agrarios (190 millones), las ayudas directas al sector primario (973), la reducción de los peajes de acceso a las redes de electricidad (112), las ayudas a las empresas gastintensivas (26), el aumento de las subvenciones a los seguros agrarios (82), las ayudas a la automoción (130), las ayudas directas a los individuos con rentas bajas (333), el aumento del 15% del ingreso mínimo vital (103), el incremento del 15% de las pensiones no contributivas (180), las subvenciones a la factura del gas (1.032) o las ayudas a los refugiados (167 millones).

En definitiva: el Gobierno ha cuadrado las cuentas teniendo en cuenta que las medidas no sobrevivirán al nuevo año. Y esta vez cumplir ya no será opcional, a la vista de que 2024 será el de la recuperación de las reglas fiscales.