El problema de las medidas antiinflación: ¿quién se atreve a quitarlas ahora?

Ningún partido quiere aparecer como el culpable de que decaigan las medidas para contener el impacto de la inflación en los hogares. El actual paquete, que caduca el 31 de diciembre de este año, no se puede prorrogar sine die, y la Comisión Europea ya advirtió a España de que debería empezar a retirarlas por su coste para el erario público. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE, que controla los ministerios clave para estas políticas (Economía, Hacienda, Transportes y Transición Ecológica), no quieren dar pasos en falso hasta que se decida quién será el próximo presidente del Ejecutivo.

Si la investidura sigue el guion previsto, el candidato de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, verá esfumarse este viernes toda posibilidad de hacerse con la Moncloa en esta legislatura, pero en su discurso de este martes lanzó un anuncio muy relevante: en el hipotético caso de que llegase a la presidencia del Gobierno, prorrogaría las medidas para amortiguar el impacto de la espiral de precios en las familias españolas.

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La propuesta de Feijóo confirma el giro emprendido por su partido el pasado 26 julio, cuando apoyó la convalidación en el Congreso de los Diputados del último de los reales decretos-leyes del llamado escudo social, que extendía el paquete durante la segunda mitad de 2023. Hasta ese momento, el PP se había abstenido en todas las convalidaciones que fueron prorrogando las medidas aprobadas al inicio de la crisis energética, como las rebajas fiscales a la luz y el gas, y añadiendo otras nuevas, como la bonificación del IVA de los alimentos básicos. El movimiento fue interpretado entonces como un guiño a los socialistas para que facilitasen un Gobierno del PP, que tres días antes había sido el partido más votado en las elecciones generales. Ni siquiera el descontento por la introducción de varias medidas que nada tenían que ver contra la inflación —en lo que se conoce como decreto ómnibus— evitó el voto favorable de los populares.

Ahora, Feijóo no solo apoya la extensión de las ayudas del Gobierno, sino que las hace suyas proponiendo su extensión desde la tribuna de oradores. Se trata, probablemente, del anuncio económico más importante de discurso de investidura, pues, a diferencia de la mayoría (rebaja fiscal, apoyo a los autónomos, facilidades para la inversión, promoción pública de vivienda, revalorización de las pensiones, etc.), no figuraba en su programa electoral (puede consultarlo aquí). Pero, sobre todo, porque no es un brindis a sol que se pueda quedar en nada si finalmente el candidato socialista, Pedro Sánchez, logra repetir en la Moncloa, como ocurre con las propuestas de una jornada laboral más flexible o un salario mínimo del 60% del salario medio —una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, sin necesidad del aval de las Cortes—, que tampoco figuraban en la propuesta a los electores para el 23-J.

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Sea con un Sánchez en funciones o con plenas capacidades, antes de que acabe el año el Gobierno de coalición deberá decidir si prorroga o no el paquete de medidas. Feijóo, que salvo sorpresa mayúscula liderará la oposición en ese momento, se ha comprometido, por tanto, a apoyar la extensión de las mismas, siempre que la gratuidad del tren de cercanías, Rodalies y media distancia se limite a los ciudadanos con rentas bajas, en línea con la focalización que recomiendan todos los organismos internaciones. El Ejecutivo tiene, así, garantizado el apoyo para sacar adelante el próximo decreto, independientemente de lo que el líder de Junts, Carles Puigdemont, decida desde Waterloo.

Vuelven las reglas fiscales

Otra cosa distinta es si la coalición entre PSOE y Unidas Podemos se decide finalmente a hacerlo. El calendario resulta endiablado. En octubre, el Ejecutivo tiene que presentar ante Bruselas el plan presupuestario para 2024, el primero desde la pandemia que debe tener en cuenta las reglas fiscales. Pese a que el esquema definitivo de las nuevas normas comunitarias todavía no está aprobado —es uno de los dosieres clave en la presidencia española del Consejo— y a que no será hasta 2025 cuando entren realmente en vigor, esta será la primera prueba para ver si la Moncloa aguanta la presión o se pliega a las exigencias comunitarias.

Hasta ahora, el Gobierno ha ido lanzando mensajes contradictorios, en un difícil equilibro entre cumplir con Bruselas y no defraudar

En la respuesta al programa de estabilidad enviado en primavera, la Comisión Europea pidió a España que comenzase a retirar progresivamente las ayudas para la segunda mitad del año —algo que el Gobierno no hizo, en víspera de las elecciones—, y que para 2024 las suprimiese definitivamente. Estas recomendaciones, en el marco de lo que se conoce como Semestre Europeo, pasaban por destinar el ahorro a la reducción del déficit público, para cumplir el objetivo del 3% el año que viene. El Gobierno se ha comprometido con esa cifra, pero los expertos consideran muy difícil conseguirla si no se retiran las medidas. La Comisión cifraba en 8.000 millones, un 0,6% del PIB, el coste de las ayudas, una cifra que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) eleva a 13.000 millones al año.

Hasta ahora el Gobierno ha ido lanzando mensajes contradictorios, en un difícil equilibro entre cumplir con Bruselas y no defraudar las expectativas de sus posibles socios para la investidura de Pedro Sánchez... o de los votantes, si hay repetición electoral. La semana pasada, el diario El País publicó que el Ejecutivo barajaba retirar la rebaja de impuestos al gas y la electricidad, las ayudas al transporte y las bonificaciones del IVA de los alimentos. El plan presupuestario, decía la información, consagraría ese compromiso ante Bruselas, pese a que no está previsto que para esa fecha se haya aclarado la situación política. Fuentes del Ejecutivo se apresuraron a negar el globo sonda. "No sé qué hará dentro de un par de meses el próximo Gobierno y duda que nadie lo sepa hoy", decían desde el Ministerio de Hacienda.

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En esa interinidad está el quid de la cuestión. El repunte del precio del petróleo y, sobre todo, la distorsión causada por el efecto base —el comparar los precios actuales con la bajada espectacular del otoño del año pasado— hacen prever un repunte de la inflación durante los próximos meses. Todas las instituciones, empezando por el Banco de España, han revisado al alza sus previsiones durante los últimos días. En ese escenario, retirar las medidas sería enormemente impopular, sobre todo si finalmente no hay investidura y los partidos de la coalición tienen que presentarse a unas nuevas elecciones en enero. De ahí el movimiento de Feijóo en apoyo a la extensión, y las dudas en el Gobierno en funciones a la hora de dar el siguiente paso.

Se trata de un hecho muy habitual en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas: normalmente, aprobar una medida determinada no da votos, pero retirar una que ya existe, sí los quita. Aunque hayas sido tú quien la introdujo en su momento, el electorado lo percibe como una pérdida de derechos y lo penaliza.

Ajenos a estos equilibrios, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han sido muy explícitos en los últimos días sobre la necesidad eliminar el colchón frente a la inflación para estar preparado ante el nuevo escenario de disciplina fiscal. Pero los tiempos de los técnicos y de los políticos no siempre coinciden. Como siempre, el papel de Bruselas se antojará fundamental para saber cómo —y, sobre todo, cuándo— acabará esta historia.