Sánchez recula ante el 23-J y no recortará ayudas del decreto anticrisis como exige Bruselas

El adelanto electoral ha llevado al Gobierno a replantarse la prórroga de las medidas del decreto anticrisis que caducan a finales de este mes. La intención de levantar las ayudas estructurales, como exigía Bruselas para ir adaptándose a la futura recuperación de las reglas fiscales en los próximos presupuestos, choca con el electoralismo y la presión a la izquierda y a la derecha de los socialistas por el encarecimiento del coste de la vida. Principalmente, en lo relativo al precio de los alimentos, por lo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya dejó caer que se mantendría la supresión o rebaja del IVA en determinados productos básicos. Desde su entorno evitan confirmar la prórroga de esta actuación antes de cerrarse el texto definitivo del decreto, pero sí trasladan la intención de mantenerla "hasta que los precios sean adecuados".

Esta misma semana, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconocía en una entrevista que el precio de la cesta de la compra seguía siendo elevado y destacaba las rebajas fiscales como las medidas que estaban en su mano para atajar la inflación. A la espera de cerrar los flecos del decreto para los próximos seis meses, sobre los que el ala morada del Gobierno ha redoblado la presión para evitar la supresión de ayudas e incluso añadir algunas nuevas, el Gobierno parece dispuesto a recular. Desoír los "llamamientos" de la Comisión Europea con las que ya se habían comprometido y, además de suprimir la rebaja del IVA, retirar la ayuda de 20 céntimos al combustible de transportistas y profesionales. De hecho, el pasado 1 de enero ya se retiró la bonificación generalizada para todos los conductores.

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La prioridad son las elecciones generales y anticipar recortes no sería la mejor carta de presentación. Fuentes de Moncloa reconocen, respecto a la retirada de la rebaja del IVA a determinados alimentos, que afectaría negativamente al precio de la cesta de la compra. Desde el Ministerio de Agricultura también vienen reconociendo que la sequía podría frenar la tendencia descendente del precio en la cesta de la compra "por la ley de la oferta y la demanda". La sequía va en detrimento de lo primero, como ya se está comenzando a reflejar en los cultivos de secano. Sánchez retrasa así los compromisos a modo de pulso con Bruselas, que había pedido comenzar ya a "desconectar", según la terminología de los ministerios económicos de Moncloa, las medidas estructurales adoptadas tras la pandemia.

El retorno de las reglas fiscales está previsto para 2025, pero el Ejecutivo comunitario ha demandado a los países miembros a ir ajustando sus cuentas para el próximo año. El Gobierno español, a través de una negociación encabezada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se comprometió a cumplir con el déficit del 3% de cara al próximo ejercicio y de ahí la intención, antes del 28-M, de ir levantando algunas de las rebajas fiscales generalizadas y ayudas directas.

Los cálculos del Gobierno, entre los compromisos fiscales y el electoralismo, mantienen abierta la redacción del decreto. Tanto es así que ni siquiera se descarta que en lugar de aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros, pueda ir a uno extraordinario para apurar el plazo hasta el próximo jueves o viernes. Las medidas deben estar publicadas en el BOE el 1 de julio. Además, se está estudiando introducir otros asuntos pendientes de diferentes departamentos para garantizar su aprobación antes de las elecciones, mediante una suerte de decreto ómnibus. El decreto que se apruebe deberá convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso en un corto espacio de tiempo debido a la cercanía de las generales.

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En los departamentos económicos del Ejecutivo asumen que la afectación al superávit dependerá principalmente de las medidas de prórroga del escudo social y de otras recientemente aprobadas, como las relacionadas con la lucha contra los incendios y la sequía. El 4,8% de déficit público con el que se cerró el pasado ejercicio, dos décimas por debajo del 5% que el Ejecutivo remitió a Bruselas, ha permitido al Gobierno, no obstante, contar con unos 3.000 millones de superávit.

Desde Economía se mantiene la tesis de "aplicar las medidas que sean más eficaces a cada momento". El resto de ayudas del último decreto anticrisis que estaban en el alero eran, junto a la rebaja del IVA a los alimentos y las bonificaciones al combustible de profesionales, los descuentos del transporte público urbano e interurbano, que depende de las comunidades autónomas, el tope del precio de la bombona de butano o las ayudas a la industria electrointensiva. Entre las acciones planificadas hasta final de año, destacan la continuidad de la gratuidad de los abonos del transporte competencia del Estado —Cercanías y Media Distancia— o la rebaja del IVA en la factura de la luz.

Presión del resto de candidatos

Mientras el Gobierno explota en su discurso la buena marcha de la economía pese a las turbulencias internacionales —España creció hasta marzo un 0,6%, más de lo previsto, recuperando el PIB prepandemia—, tanto desde Sumar como desde el PP se alerta con no confundir los datos macroeconómicos con la situación de las economías domésticas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contradecía esta semana el triunfalismo de Moncloa, alertando de que "no debemos de confundir los datos macroeconómicos con la vida de la gente".

La candidata del espacio a la izquierda del PSOE ponía énfasis en que "hay malestar social". Un marcaje de cara a la prórroga del decreto anticrisis porque "el coste de la vida es el principal problema que tiene el país", según denunciaba, para argumentar que "hay más desafección ciudadana que en 2015". El líder de los populares ha abandonado hace meses su discurso sobre el fantasma de la recesión, pero sí habla de estancamiento y ha adoptado posiciones similares a las de Díaz al incidir en las economías familiares.

Durante un acto del think tank Reformismo 21, celebrado el pasado jueves, el candidato del PP puso el foco en la preocupación de los hogares por la subida de los alimentos o las hipotecas y subrayó que "España es el país de la OCDE donde más ha caído el poder de las familias". Ese fue el concepto más repetido, mirando más a lo micro que a lo macro, anticipando un programa electoral económico "pensado para las familias" y "la competitividad de las familias". La eliminación de las rebajas fiscales o el recorte de ayudas en el decreto anticrisis serían un arma arrojadiza en campaña por la que el Gobierno se está replanteando el contenido del decreto anticrisis, que se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana.