La Moncloa prioriza la retirada de las ayudas al combustible de profesionales en los recortes del 1 de julio

El escudo social implementado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania llega a su fin tal y como se conocía. Todas las medidas del decreto anticrisis que caducan a finales del próximo mes se revisarán por parte del Ejecutivo con el objetivo de ir "desconectándolas", según la terminología de los ministerios económicos, pero de entre ellas se prioriza la retirada de las ayudas al combustible. El Gobierno ya retiró la bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible el pasado 1 de enero y tiene previsto hacer lo propio este 1 de julio con las ayudas que se mantuvieron para profesionales. Según fuentes del Ministerio de Economía, todas las medidas son susceptibles de revisión, con el objetivo de "aplicar las que sean más eficaces a cada momento".

La Comisión Europea ya trasladó hace varias semanas al Gobierno la necesidad de eliminar las "medidas estructurales" para hacer frente a la inflación, como adelantó este diario, y ahora se busca seguir estas recomendaciones tratando de minimizar el impacto en el IPC. Fuentes cercanas a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reconocen que la retira de la rebaja del IVA a determinados alimentos afectará negativamente al precio de la cesta de la compra. El último mes, la inflación en los alimentos dio síntomas de tocar techo, al crecer 3,6 puntos menos que en marzo.

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Esta tendencia podría frenarse con la retirada de la rebaja del IVA, de ahí que las mismas fuentes insistan en esperar a la "coyuntura" del próximo mes, en referencia a la cifra de la inflación subyacente, para avanzar una decisión sobre el fin o no de esta medida. Fuentes del Ministerio de Agricultura también reconocen que la sequía podría frenar la tendencia descendente del precio en la cesta de la compra "por la ley de la oferta y la demanda". La sequía va en detrimento de lo primero, como ya se está comenzando a reflejar en los cultivos de secano.

El resto de ayudas del último decreto anticrisis que están en el alero son, junto a la rebaja del IVA a los alimentos y las bonificaciones al combustible de profesionales, los descuentos del transporte público urbano e interurbano, que depende de las comunidades autónomas, el tope del precio de la bombona de butano o las ayudas a la industria electrointensiva. Lo que sí aseguran desde el Ejecutivo, ya que son medidas planificadas hasta final de año, es la continuidad de la gratuidad de los abonos del transporte competencia del Estado —cercanías y media distancia— o la rebaja del IVA en la factura de la luz.

"Los datos de la OCDE muestran que España es el país con más crecimiento de las grandes economías, con 3,8 puntos del PIB"

La evolución de la inflación será uno de los principales elementos a valorar para la retirada de estas medidas sociales, junto a la marcha económica. La vicepresidenta Nadia Calviño argumentaba en este sentido el pasado martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la economía se está acelerando. "Los datos de la OCDE muestran que España es el país con más crecimiento de las grandes economías, con 3,8 puntos del PIB. El doble de la media de la OCDE", destacaba. Un escenario que, según defendió, "muestra la fuerte recuperación de la economía española y lo adecuado de estas medidas para responder a la pandemia y amortiguar el impacto negativo de la guerra".

Las medidas que no se prorroguen, además, tratarán de compensarse a través de otras ayudas directas. El reciente decreto para hacer frente a las consecuencias de la sequía ya va en esta línea. Las medidas de apoyo directo al sector agrario están cuantificadas en 784 millones. A los sectores ganaderos cárnico y lechero, se destinarán 355 millones de euros, a la agricultura, 276,7 millones, y cinco a la apicultura.

Ayudas directas

El decreto amplía también la subvención a los seguros agrarios ya contratados, hasta cubrir el 70% del coste de la póliza del seguro de sequía en los cultivos de secano, y contempla medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, como la ampliación hasta el 30 de junio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas. No se renunciará tampoco a golpes de efecto electoralistas, siguiendo la estela del cheque de 200 euros o las recientemente aprobadas en la campaña del 28-M, como la financiación del billete de Interrail para los jóvenes o del precio de las entradas de cine para los mayores de 65 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzaba en la última sesión de control en el Congreso antes del 28-M que "el Gobierno va a traer a esta Cámara unas nuevas medidas sociales" en función de la coyuntura. Asimismo, desde la Moncloa insistían antes del cierre de la campaña en que seguirían con su línea de propuestas y medidas una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas.