Nadia Calviño activará un corsé de compromisos con Bruselas para el nuevo Gobierno

La legislatura está en el tiempo de descuento. Las elecciones generales ya están convocadas para el próximo 23 de julio y el Congreso de los Diputados se ha disuelto. Pero Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha anunciado que pretende enviar la próxima semana a la Comisión Europea una adenda del plan de recuperación para acceder a los más de 94.000 millones de euros en créditos ventajosos del fondo de recuperación que la Unión Europea acordó para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus.

Una vez enviada, esa adenda tendrá que ser analizada por la Comisión Europea, que tendrá dos meses para emitir una opinión. La modificación del plan de recuperación que enviará, por lo tanto, el Ejecutivo cuenta con un temporizador: gobierne quien gobierne a partir del próximo 23 de julio, se encontrará con una serie de compromisos y promesas hechas por el actual Ministerio de Economía que marcarán una buena parte de la agenda legislativa hasta 2026 si el siguiente inquilino de la Moncloa quiere ir recibiendo los desembolsos.

El Gobierno tiene la adenda lista desde hace tiempo y solamente quedaban por cerrar algunos detalles mínimos cuando Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales. Fuentes del Ministerio de Economía explicaron antes de esa convocatoria que el plan del Ejecutivo era presentar la modificación del plan nacional antes de que España asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. Otras fuentes confirmaban en las últimas horas que la intención de Calviño era mantener su hoja de ruta y la propia vicepresidenta económica lo ha confirmado este miércoles durante una entrevista en televisión.

En Bruselas, la situación incomoda mucho. La fecha límite para enviar la adenda y solicitar la parte de créditos, con toda una serie de condiciones y compromisos vinculados a esa solicitud, es el próximo 31 de agosto, pero las elecciones cambian por completo el panorama. En la Comisión Europea, donde han demostrado ser flexibles e intentar adaptarse a las situaciones en lo referente a los fondos de recuperación, estarían dispuestos a buscar soluciones creativas para que, en caso de un cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo tenga tiempo de diseñar y enviar la adenda y cumplir con los plazos.

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Una parte fundamental de cómo ha planteado la Comisión Europea el desembolso de los fondos europeos tiene que ver con la "apropiación nacional", el llamado ownership, por parte de los Estados miembros. En Bruselas, quieren que los gobiernos nacionales se hagan responsables de sus compromisos, y eso se ha traducido en un cambio de actitud por parte de los técnicos comunitarios. Ya no quieren ejercer de tutores, no quieren imponer condiciones a los gobiernos, porque han llegado a la conclusión de que esto genera un enorme desgaste sobre el Ejecutivo comunitario y hace que los compromisos sean más difíciles de cumplir. Es mejor que las capitales se marquen, ellas mismas, dentro de unos estándares mínimos, una serie de condiciones.

Así que el escenario de que un nuevo Gobierno tenga que heredar una adenda diseñada y enviada por el anterior Ejecutivo no es precisamente el preferido de la Comisión Europea. Las dificultades de asumir un plan que no es diseñado por el actual Gobierno no son desconocidas para Bruselas, que en las últimas semanas ha mantenido un pulso con Italia porque el equipo de Giorgia Meloni está teniendo que ejecutar un plan que, argumentan, no es el suyo, sino el del anterior Gobierno.

Las dificultades de asumir un plan que no es diseñado por el Gobierno actual no son desconocidas para Bruselas

En el Ejecutivo comunitario, no tienen ningún apetito por encontrarse con una situación similar en España en caso de que haya un cambio de signo en la Moncloa, teniendo que negociar con un nuevo Gobierno, y muy poco margen de maniobra, un plan que no es el suyo. Pero tampoco pueden hacer nada: una vez el ministerio envíe su adenda, a la Comisión solamente le queda emitir una opinión al respecto.

La sensación es que se trata de un problema perfectamente evitable. España es el país que va más avanzado en el despliegue de los fondos de recuperación, es un ejemplo utilizado de forma habitual por la Comisión Europea para el resto de Estados miembros. No hay demasiadas prisas ni urgencias, aunque Calviño argumenta que la decisión de enviarla ya busca evitar "que no se frene" el despliegue de fondos. La adenda está lista y si el Gobierno no cambia de signo después del 23-J, se podría enviar igual a principios de agosto que ahora, a un mes y pico de las elecciones generales. Pero si cambia de signo, la sensación en Bruselas es que el siguiente Gobierno debería tener derecho a diseñar sus propios compromisos.