El BdE pide empezar a retirar las ayudas contra la crisis ante el retorno de las reglas fiscales

Las medidas del Gobierno para embridar los precios de la luz, el gas o los combustibles y apoyar a las familias más afectadas por el impacto de la guerra añadieron 1,1 puntos al crecimiento y restaron 2,3 puntos de inflación durante 2022. Son los cálculos del Banco de España, que acaba de presentar el capítulo cuarto de su informe anual, dedicado a la energía. El regulador mantiene su discurso sobre la necesidad de focalizar las ayudas contra la crisis y cree que es hora de ir retirando las más generalistas, gracias al alivio del índice de precios de consumo (IPC) y a la fortaleza de la economía, tras un otoño y un invierno que no han sido tan dramáticos como se esperaba. El retorno de las reglas comunitarias está a la vuelta de la esquina, así que ha llegado el momento de la consolidación fiscal.

El director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, ha recordado que los fondos europeos garantizarán el impulso que necesita España para apuntalar la recuperación durante los próximos años, y aportarán seis décimas de crecimiento durante este ejercicio. En ese escenario, "puede haber presupuestos contractivos, pero con un impacto fiscal positivo", ha dicho, para justificar la que ya es la posición oficial del organismo presidido por Pablo Hernández de Cos: "Resulta adecuado empezar a pensar ya en una retirada de los estímulos fiscales en 2023".

Precisamente, el gobernador del Banco de España recordó este martes la necesidad de que el Ejecutivo presente un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo, en un escenario de recuperación de las reglas europeas, suspendidas durante la pandemia. La primera prueba será el Programa de Estabilidad que el Gobierno debe enviar esta semana a Bruselas, y que servirá de guía para la elaboración de los presupuestos del año que viene. Aunque las nuevas normas fiscales, que todavía están pendientes de un arduo proceso de negociación a partir de la propuesta legislativa presentada este miércoles por la Comisión, no entrarán en vigor hasta 2025 —ahí es cuando empezarán las sanciones—, el Ejecutivo comunitario ya ha pedido a los gobiernos que elaboren las cuentas del año que viene teniendo en cuenta sus preceptos.

En ese contexto, el Banco de España defiende un nuevo enfoque de las medidas, toda vez que la inflación está controlada —con un 3,3% en marzo, es una de las más bajas de la eurozona— y el crecimiento económico se acelera, como prevén las principales instituciones para este trimestre. "Hay que evitar el impulso generalizado, y que tengan un alcance temporal y focalizado. Las medidas tienen que estar más centradas en proteger a las rentas bajas y menos en alterar la señal de precios que incentiva o desincentiva el consumo", ha defendido Gavilán.

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En ese sentido, el economista jefe del banco central ha celebrado el cheque de 200 euros otorgado por el Ejecutivo para paliar los efectos de la inflación en los hogares más vulnerables, al tratarse de una ayuda más focalizada que las anteriores, como el descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible, que expiró en diciembre. De los 3,6 millones de familias que tendrían acceso a la medida —aunque finalmente solo la han solicitado 2,7 millones, según el Ministerio de Hacienda—, 1,2 afrontan un gasto desproporcionado en energía. O, dicho de otra forma: dos de cada tres familias que lo reciben no tienen esas necesidades.

En España hay unos 2,8 millones de hogares (el 15% del total) que dedican una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas, siempre según el regulador, por lo que el 60% de ellos se ha visto excluidos del cheque. Es por eso por lo que, de cara al futuro, Gavilán reivindica un nuevo sistema para afinar el diseño de las ayudas: "Sería posible seguir mejorando la eficiencia si, además de tener en cuenta la renta o la riqueza, tuviésemos en cuenta el gasto".

Una senda de consolidación fiscal

En el presente, el regulador aboga por el diseño de un plan de consolidación fiscal que contemple la senda de reducción de la deuda —en máximos históricos— y el déficit de un modo global, más allá de la retirada de algunas políticas de gasto y el establecimiento de nuevas medidas de ingresos coyunturales, como fueron los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca. "No se puede abordar un programa de consolidación por piezas, a cachos, tienen que ser resultado de un análisis de todas las partidas de gasto y de ingresos", ha dicho Gavilán.

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En ocasiones anteriores, el Banco de España ya advirtió del riesgo de que una parte del incremento de los desembolsos relacionados con la crisis se convierta en estructural, a la vez que el alza de los ingresos, motivada, en parte, por la inflación —y que dio lugar a un récord de recaudación en 2022—, se vaya evaporando a medida que se ralentiza la espiral de precios.

La letra pequeña del informe

Más allá de la coyuntura económica, el capítulo del informe anual dedicado a la energía recoge algunos datos interesantes. Y también algunas advertencias sobre el futuro. El regulador aplaude la excepción ibérica, que establece un tope al gas para la generación eléctrica y ha restado medio punto de inflación, pero recuerda que ha provocado un récord de las exportaciones de gas a Francia y Portugal. Aunque Gavilán ha evitado aclarar si esa luz que España envió a través de los Pirineos mientras el mecanismo se mantenía activado estaba subvencionada —el Gobierno lo niega—, lo cierto es que el documento constata que la reducción de la demanda de gas durante 2022 resultó menor en nuestro país que en el conjunto de la UE por el empleo del hidrocarburo para la producción de electricidad. Si no se tuviesen en cuenta las centrales de ciclo combinado, el consumo hubiera caído de una manera similar al de nuestros vecinos.

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La excepción ibérica ha embridado los precios en el mercado marginalista, pero no ha servido para evitar que los hogares españoles pagasen un 20% más por la luz que la media de sus equivalentes europeos en el segundo semestre del año pasado, como constató Eurostat la semana pasada. Un hecho contradictorio que el banco central explica por el mayor peso de los peajes y los cargos, es decir, los impuestos, en el mercado nacional: representan un 72% de la factura, tres puntos más que en el resto del bloque. En el caso del recibo del gas, sucede lo mismo, con un diferencial de siete puntos que perjudica a los consumidores españoles (62% frente a 55%).

No así en la industria, que, pese a todo, afronta sus propios problemas. Aunque el Banco de España no detalla a qué se debe la caída del consumo en este sector —se limita a apuntar hipótesis como la sustitución de gas por petróleo, la recomposición de la cartera de productos o la mayor eficiencia energética—, sí lanza una advertencia sobre el riesgo que supone el encarecimiento del abastecimiento europeo durante el último año. "Si las diferencias de precios [con otros mercados, como Asia o Estados Unidos] persistieran, habría riesgo importante de perder competitividad y de que algunas ramas de la industria se deslocalizaran", ha concluido Gavilán.

De momento, las cotizaciones del hidrocarburo se han corregido drásticamente durante los últimos meses, pero la reapertura de la economía china tras la política de covid cero y el llenado de las reservas de cara al próximo invierno dibujan nuevas incertezas en el horizonte.